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Acuerdo y Sentencia Nº 141/95

Acuerdo y Sentencia Nº 718/00 - Expediente: Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional contra/Resolución C.T. Nº 4/95 de fecha 21 de marzo de 1995, dictado por el Consejo de Tributación del Ministerio de Hacienda.

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 141/95

AUTOS CARATULADOS: CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPU BINACIONAL CONTRA/RESOLUCION C.T. Nº 4/95 DE FECHA 21 DE MARZO DE 1995, DICTADO POR EL CONSEJO DE TRIBUTACION DEL MINISTEIRO DE HACIENDA.

 

En la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción Capital de la República del Paraguay a los veinte y siete del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco, estando presente los Excelentísimos. Sres. Miembros del Tribunal de Cuentas Primera Sala. DOCTORES: SINDULFO BLANCO, VICENTE JOSÉ CÁRDENAS Y ALBERTO S. GRASSI FERNÁNDEZ, en su sala de audiencias y público despacho y bajo la Presidencia del Primero de los nombrados y por ante mi el Secretario autorizante, se trajo acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba a objeto de resolver el juicio contencioso administrativo, deducido por la "CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPÚ BINACIONAL CONTRA RESOLUCIÓN C.T. Nº 4/95, de fecha 21/III/95, dictado por el Consejo de Tributación del Ministerio de Hacienda.

Previo estudio de los antecedentes del caso el Tribunal resolvió plantear y votar la siguiente.

CUESTION:

Esta ajustada a derecho el decreto recurrido?

Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: SINDULFO BLANCO, VICENTE JOSÉ CÁRDENAS Y ALBERTO S. GRASSI.

A SU TURNO EL DOCTOR SINDULFO BLANCO, DIJO: Que en fecha 12 de abril de 1995, se presentó ante este tribunal del Abogado ELADIO ESTIGARRIBIA a promover demanda contencioso administrativo, en base a las consideraciones de hecho y derecho que paso a exponer:

En fecha 25/XI/94, la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPÚ BINACIONAL, solicitó al Ministerio de Hacienda disponga los trámites pertinentes a fin de que la Caja se acoja a los beneficios de la exoneración de impuestos, de acuerdo al Titulo XV, Art. 91 de la Ley 1.361/88, por la adquisición de 2 (dos) autovehículos, marca VOLKSWAGEN, tipo 377 GOL, CIF, Ciudad del Este, conforme al documento de cotización Nº 0385, en anexo, presentado por la firma DIESA S.A. es de US$ 17.220 (diez y siete mil doscientos veinte dólares de los EE.UU de Norteamérica). El expediente tuvo entrada bajo el Nº 03687 conforme se desprende de la fotocopia que se acompaña.

En respuesta a dicha petición la Caja recibió la nota Nº 544 de fecha 19 de diciembre de 1.994 a quién adjuntaron, fotocopia del Dictamen SSET/Nº 894 de fecha 15 de diciembre que en su parte pertinente dice: "Plantea su pedido al amparo de la Ley 1361/91, titulo XV, Art. 91, que exoneraba de determinados tributos a la Caja de Jubilaciones de la Itaipú Binacional al respecto, cabe señalar que la Ley 125/91 Art. 255, Nuevo Régimen Tributario, establece: "DEROGACIÓN DE EXONERACIONES GENERALES Y PARTICULARES: A partir de la vigencia de la presente le quedan derogadas aquellas leyes que otorgan exenciones generales y especiales de Tributos internos, gravámenes aduaneros y tasa portuarias.." En consecuencia y conforme a los dictámenes de la Asesoría Jurídica y Franquicias Tributarias respectivamente y considerando que a la fecha se encuentra sin vigencia la Ley en la que se ampara el recurrente, no corresponde hacer lugar a lo solicitado, se acompaña copia de la nota respectiva.

Que en tiempo y forma la caja se dio por notificado de dicha resolución y planteo el recurso de reconsideración o reposición, de conformidad al Art. 234 de la Ley Tributaria, según se desprende de la fotocopia que también acompaño. Así las cosas, la Caja tuvo que deducir el recurso de apelación, en tiempo y forma como se prueba con la fotocopia que se acompaña y cuyo número de entrada es de 755 de fecha 6 de febrero de 1995. Que en el Expediente. 3667/94-F. Liberación: 98/95-D s/Reconsideración 755/D/95 s/Recurso de APELACIÓN: CAJA PARAGUAY DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE ITAIPÚ BINACIONAL estando reunido en el Ministerio de Hacienda el Consejo de Tributación en fecha 21 de marzo de Cte. año dictó la Res. C.T. Nº 4/95 que en su parte resolutiva dice: "CONSEJO DE TRIBUTACIÓN RESUELVE: Art. 1 DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la Caja Paraguay de Jubilaciones y Pensiones de ITAIPÚ BINACIONAL contra la resolución ficta recaída en fecha 3 de febrero de 1995 por los finalmente expuesto en el exordio de la presente resolución. Art. 2º Comunicar a quienes correspondan y, cumplido retornar los autos a la administración tributaria, a los efectos pertinentes. Firmado Dr. Luis A. Ortiz Valiente. Miembro. Dr. Jorge Ramírez. Miembro. Dr. Fremiort Ortiz Pierpoaoli. Miembro: Ante mí: Dr. Arnulfo Cabrera N. Secretario. Se acompaña copia.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional es una entidad, con personería jurídica, que no persigue fines de lucro y las utilidades o excedentes no son distribuidas directa o indirectamente entre sus asociados, tiene como único destino los fines para los que fueron creadas. La Caja de Jubilaciones de la Itaipú Binacional como órgano ejecutor de la Seguridad Social del Tratado de Itaipú esta amparada por el Art. segundo, inciso e) del protocolo. La Itaipú Binacional es un órgano del Estado con efectos jurídicos y financieros en el Paraguay y en el Brasil. Por lo tanto rigen en ambos países los Tratados, los Convenio y los acuerdos suscriptos por las partes y las leyes aplicables de cada nación en sus respectivos territorios.

El Art.. 3º) párrafo primero anuncia: La Itaipú será constituida por la ANDE y la ELECTROBRAS con igual participación en el capital, y se regirá por las normas establecidas en el presente tratado, en el estatuto que constituye su Anexo A y en los demás anexos. "Conforme a esta caracterización, Itaipú Binacional es un órgano de derecho público creado con la finalidad del aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del Río Paraná pertenecientes en condominio a los dos países.

El Art. 12 de Tratado prescribe: "Las Altas Partes contratantes, adoptarán, en lo que respecta a la tributación, las siguientes normas: no aplicarán impuestos, tasas y préstamos compulsorios de cualquier naturaleza, sobre los materiales y Equipos, que la Itaipú adquiera en cualquiera de los dos países o importe de un tercer país, para utilizarlo en los trabajos de construcción de tercer país, para utilizarlo en los trabajos de construcciones de la central eléctrica, sus accesorios y obras complementarias. De la misma forma no se aplicarán impuestos, tasas y préstamos compulsorios, de cualquier naturaleza, que incidan sobre las operaciones relativas a esos materiales y equipos, en las cuales la Itaipú sea parte... "El protocolo sobre Relaciones de trabajo y Seguridad Social, vigente en su Art. 2do Establece, se regirán por la ley del lugar de la celebración del contrato individual del Trabajo: Inc e)" los derechos y obligaciones de los trabajadores y de la Itaipú, en materia de seguridad social, así como los relacionados a sistemas cuyo funcionamiento dependa de organismos administrativos nacionales.

Bien sabemos que la Ley Nº 125 no ha derogado las exenciones tributarias previstas en el Art. 91 de la Ley 1361/88. Las liberaciones enumeradas en la citada disposición siguen vigentes por las siguiente razones: Para que una ley general como es la 125 derogue el Art. 91, debió referirse expresamente a esta disposición.

La derogación general no deja sin efecto a las especiales, salvo que se refieran a la misma materia para derogarla explícita o implícitamente de conformidad al Art. 7 del Código Civil. La Ley 125/91 no ha derogado ni en forma expresa ni implícita las disposiciones del citado artículo. En consecuencia, siguen vigentes las exoneraciones impositivas a favor de la Caja. Fallos jurisprudenciales han sentenciado que una ley general no es nunca derogatoria de una ley especial, a menos que aquella contenga alguna referencia de ésta o que exista una manifiesta contradicción entre las dos hipótesis de subsistir ambas. No es admisible la derogación táctica de una ley especial por otra posterior de carácter general, salvo que esta se refiera a la especial.

En ninguna circunstancia se da el caso previsto por el Art. 7 del Código Civil, norma de interpretación que rige al caso planteado. Otro fundamento por el cual se debe rechazar la Res. Nº 4/95 dictada por el Consejo de Tributación del Ministerio de Hacienda es por razones de orden constitucional, en efecto, el Art. 103 de la Constitución Nacional dice: "Dentro del sistema de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilaciones de los funcionarios y empleados públicos, atendiendo, a que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo control estatal. Participarán del mismo régimen todos los que, bajo cualquier título, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad". Además el Art. 14 numeral 2 de la ley 125/91 dispone: "Están exonerados las entidades de asistencia social, caridad, beneficencia, instrucción científica, literaria, artística, gremial, de cultura física y deportiva, así como las asociaciones, federaciones, fundaciones y corporaciones partidos políticos legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación y Culto siempre que no persigan fines de lucro y que las utilidades o excedentes no sean distribuidas directa o indirectamente entre sus asociados, las que deben tener como único destino los fines para las que fueron creadas.

El Art. 255 de la Ley 125/91 dispone: A partir de la vigencia de la presente ley quedan derogadas aquellas leyes que otorgan exoneraciones generales y especiales de tributos internos, gravámenes aduaneros, y tasas portuarias. Quedan exceptuadas las que se mencionan en la Ley Nº 60/90 del 26 de marzo de 1991 con las referencias expresamente establecidas, las del régimen legal de hidrocarburos, las previstas en las leyes particulares de obras públicas, las contempladas en acuerdos, convenios y tratados internacionales así como las previstas en la presente ley.

El articulo 2 inciso e) del protocolo sobre relaciones de trabajo rige la materia de la seguridad social. Si el Instituto de previsión social, que es también de seguridad social, sigue gozando de las exenciones previstas anteriormente, ante igual situación jurídica ambas entidades de seguridad social deben acogerse a tales prerrogativas. La Caja no es sujeto pasivo de tributación porque ella está liberada de todo impuesto en virtud del Art. 91 de su ley Orgánica.

Los únicos tributos a que está obligada la Caja de la Binacional son los generados por las tasas y aranceles fiscales y municipales cuando corresponda a un servicio efectivo y directamente prestado. Es evidente que la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional, está exonerada de los impuestos, no así de las tasas ni de la contribuciones.

Si bien la Ley 125/91 es posterior a la vigencia de la Ley 1361/88, es oportuno advertir que la seguridad social está protegida por el Art. 95 de la Constitución Nacional. La nueva ley tributaria no ha derogada en forma explícita ni implícita el citado artículo de la carta orgánica de la Caja pues por el Art. 255 del nuevo régimen tributario se remarca en forma expresa que esta ley no deroga las contempladas en tratados, convenios y acuerdos internacionales.

CUM MERIDIANA CLARITATE, la ley 1361 es aplicación del Tratado de Itaipú. La Jubilación tiene como fundamento razones de orden ético, político, social y económico. La Jubilación es propiedad del jubilado y no una compensación graciosa que otorga el empleador. El derecho a la jubilación nace de la Ley y no de un contrato. Es personalismo, pues no es transferible ni por venta, ni por cesión, ni por compensación.

La Caja de Jubilaciones de la Itaipú Binacional como órgano ejecutor de la seguridad social del Tratado de Itaipú está amparada en el artículo segundo, inciso e) del protocolo. En el presente caso se observa claramente la aplicación dispar de la autoridad al exigir a la Caja el pago de todos los impuestos determinado en la Ley 125/91 y la exoneración expresa del impuesto a la renta según S.S. T.C.C Nº 122 de fecha 4 de agosto de 1992, que se encuentra en la Sub-Secretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda cuya copia solicito se traiga a la vista. Sin embargo, la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Instituto de Previsión Social con idénticos objetivos como nuestra entidad están liberadas de todo impuesto.

Evidentemente al pretender aplicar la citada ley se rompe el principio de la igualdad prevista en el Art. 47 inciso 2 de la Constitución Nacional. Por lo expuesto, la Caja Paraguay de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional esta exonerado de todo impuesto, no así de las tasas y contribuciones y solicito se revoque la Res. Nº 4/95 de fecha 21 de marzo de 1995 y notificada a la caja en fecha 30 de marzo del cte. año, la citada resolución fue dictada por el Consejo de Tributación del Ministerio de Hacienda.

Termina solicitando que previo los tramites de estilo de este tribunal dicté sentencia haciendo lugar a la presente demanda contencioso administrativa, con costas.

Que en fecha 3 de julio de 1995, se presentó ante éste Tribunal el abogado Isidoro Olazar Pozza a contestar la demanda Contenciosa Administrativa en los siguientes términos: La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Itaipú Binacional, en fecha 25/XI/94 solicitó del Ministerio de Hacienda disponga los tramites a fin de que la Caja se acoja a los beneficios de la exoneración de impuestos de acuerdo al Art. 91 de la Ley Nº 1361/88 para la adquisición de dos autovehículos, marca Volkswagen, tipo 377 Gol. El Consejo de Tributación tomó intervención en la apelación planteada por la Institución recurrente contra la Resolución ficta recaída en fecha 3/II/95, desestimándola luego de un minucioso estudio por Resolución C.T. Nº 4/95, que en su parte resolutiva dice: "Consejo de Tributación resuelve Art. 1° DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la Caja Paraguay de Jubilaciones y Pensiones de ITAIPÚ BINACIONAL contra la resolución ficta recaída en fecha 3/II/95, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución Art. 2° COMUNICAR a quien correspondan, y cumplido retornar los autos a la Administración Tributaria, a los efectos pertinentes.

En fecha 12/IV/95 la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Itaipú Binacional interpuso Acción Contencioso Administrativo contra la mencionada Resolución expresando entre otras cosas cuanto sigue: "Que es una entidad con personería jurídica, que no persigue fines de lucro y las utilidades o excedentes no son distribuidas directa o indirectamente entre sus asociados, tiene como único destino los fines para los que fueron creadas": Sigue diciendo: "Sabemos bien que la Ley Nº 125 no ha derogado las exenciones tributarias previstas en el Art. 91 de la ley 1361/88. Las liberaciones enumeradas en la citada disposición siguen vigentes por las siguientes razones: Para que una ley general como es la 125/91, derogue el Art. 91 de la Ley 1361/88, debió referirse expresamente a esta disposición. Según la demandante otro fundamento por el cual se debe rechazar la Res. Nº 4/95 dic. por el Consejo de Tributación del Ministerio de Hacienda, es por razones de orden Constitucional, en efecto, el Art. 103 de la Constitución Nacional dice: "Dentro del sistema de seguridad social, la ley regulará el régimen de jubilación de los funcionarios y empleados públicos, atendiendo que los organismos autárquicos creados con ese propósito acuerden a los aportantes y jubilados la administración de dichos entes bajo el control Estatal. Participarán del mismo régimen todos los que bajo cualquier titulo, presten servicios al Estado. La ley garantizará la actualización de los haberes jubilatorios.

A efecto de contestar la presente demanda conviene destacar que la Caja Paraguay de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional, además de las funciones especificas para las cuales fue creada, puede realizar actividades financieras, lucrativas, como préstamos hipotecarios o de otra naturaleza, conforme se desprenden de los Arts. 36 y sgtes. de la Ley 1361/88. En estas condiciones las exenciones impositivas en el Art. 14. numeral 2, inc.b) de la ley 125/91 no puede beneficiar a la recurrente.

Con relación al Art. 91 de la ley 1361/88, disposición en la que la demandante fundamenta la exoneración solicitada, esta Repartición considera que la misma fue derogada por los Art. 255 y Art. 256 de la ley 125/91 por las siguientes razones: a) Una ley puede ser derogada por otra de fecha posterior cuando regulan la misma materia, presupuesto que se da en el presente caso.

b) Si bien no existe una derogación expresa, no hay duda que el Art. 91 de la ley 1361/88 fue derogada tácitamente por las disposiciones de los Art. 255 y Art. 256 de la Ley 125/91, la misma se infiere del texto claro de las disposiciones citadas que se transcriben a continuación: Art. 255 DEROGACIÓN DE EXONERACIONES GENERALES Y PARTICULARES. A partir de la vigencia de la presente ley quedan derogadas, aquellas leyes que otorgan exoneraciones generales y especiales de tributos internos, gravámenes aduaneros y tasas portuarias. Art. 256 VIGENCIA DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. Las disposiciones generales entrarán en vigencia a partir de la publicación de la presente ley, fecha a partir de la cual quedan derogadas todas las normas legales que sean contrarias a las mismas o regulen los mismos institutos.

Sobre el mismo caso el Art. 7 del Código Civil dispone las leyes no pueden ser derogadas, en todo o en parte, sino por otras leyes. Las disposiciones especiales no derogan a las generales, ni estas a aquellas, salvo que se refieran a la misma materia para dejarla sin efecto, explícita o implícitamente. El uso, la costumbre o práctica no pueden crear derechos, sino cuando las leyes se refieran a ellos. En apoyo a lo expuesto precedentemente es oportuno recordar que el Prof. Dr. Miguel A. Pangrazio en su comentario del Art. 7° del Código Civil dice: Derogar significa abolir, anular norma o normas establecidas como ley. La derogación tácita surge de la incompatibilidad entre la nueva ley y las disposiciones de la antigua. En nuestro derecho la derogación de todas las normas que estén en oposición a los preceptos sancionados últimamente. Salvat expresa sobre el mismo punto: Derogar una ley significa dejarla sin efecto, y expresa, cuando la misma ley la establece y que la derogación tácita es aquella que no está expresamente establecida en la ley, resultado de la incompatibilidad entre una ley anterior y otro posterior y se funda que entre dos disposiciones contrarias debe prevalecer la posterior. Como se podrá aprecias la Resolución recurrida se ajusta a derecho, por lo que esta Abogacía del Tesoro la comparte in extenso. Estos son los fundamentos que hacen al rechazo de la presente demanda, motivo por el cual así solicito se resuelva por parte del Excmo. Tribunal de Cuentas.

Termina solicitando que previo los tramites de estilo de este tribunal dicte sentencia rechazando la presente demanda contencioso administrativa, con costas.

Y EL DOCTOR SINDULFO BLANCO, PROSIGUIÓ DICIENDO: La actora de esta demanda importó dos autovehículos, marca Volkswagen, tipo 377 Gol, CLI Especial modelo 199, de procedencia brasilera para ser "utilizados en las oficinas de la Caja, en Asunción y Ciudad del Este "(fs. 27) y pidió exoneración de tributos aduaneros fundado en el Art. 91 de la Ley Nº 1361/88. Carta Orgánica de la Caja recurrente - que textualmente expresa: "TITULO XV, DE LAS EXENCIONES TRIBUTARIAS. Art. 91. La Caja estará eximida del pago de todos los impuestos, gravámenes, tributos fiscales y municipales, presentes y futuros, comprendiéndose expresa, pero no limitadamente, los siguientes: derechos aduaneros, sus adicionales y recargos; derechos y aranceles consulares; impuestos de papel sellado y estampillas; impuestos internos al consumo y a las ventas... La Caja pagará solamente las tasas y aranceles fiscales y municipales cuando correspondan a un servicio efectivo y directamente prestado... "(Fs. 68 y 68 vlto. Se transcriben solamente las normas pertinentes en juego).

Invoca también el Tratado de Itaipú, cuyo Art. 12 relaciona al perdón fiscal, pero anticipadamente señalo que esta norma no resulta aplicable al caso, porque ella se vincula exclusivamente al tratamiento tributario dispensable a la Entidad Binacional, a las personas que con ella contraten pero no incluye a las organizaciones gremiales o entidades que nuclean para algún fin a empleados y trabajadores de la Binacional.

La parte accionada, a su vez, encuentra improcedente la pretensión deducida, fundándola en lo dispuesto en el Art. 255 de la Ley 125/92 que dice: "Derogación de exoneraciones generales y especiales: a partir de la vigencia de la presente Ley, quedan derogadas aquéllas leyes que otorgan exoneraciones generales y especiales de tributos internos, gravámenes aduaneros y tasas portuarias. Quedan exceptuadas las que se mencionan en la Ley 60/90 del 26 de marzo de 1991 (que no es aplicable al presente caso, consignamos) con las referencias expresamente establecidas, las del régimen legal de hidrocarburos, las previstas en las leyes particulares de obras públicas las contempladas en acuerdos, convenios y tratados internacionales, así como las previstas en la presente ley.

Que, del cotejo de la normativa expuesta hasta aquí, se infiere lo siguiente:

Que, el mensaje emitido por el Poder Ejecutivo de la Nación con motivo de presentar al Parlamento Nacional el anteproyecto de Ley de Reforma tributaria, constituido posteriormente en Ley Nº 125/92, decía en algunos de los párrafos: "d) Exceso de exoneraciones: Las bases de los principales impuestos, se encuentran erosionadas por la excesiva cantidad de exoneraciones e incentivos, fundamentalmente en el Impuesto a las Ventas Ley Nº 69/68, todo lo cual distorsiona el verdadero objetivo de este tipo de imposición" (pag. 4), motivo por el cual, fue objetivo de los proyectistas "d) Limitar y definir las exoneraciones y exclusiones, evitando la erosión de la base impositiva" y "e) Evitar la inequidad, reformulando la distribución de la carga impositiva e incluyendo sectores actualmente excluidos sin justificación" (pag. 6, Ministerio de Hacienda, Reforma Tributaria, Primera Propuesta, 8/VIII/90, Asunción, Paraguaya, Imprenta Nacional). Que, el Art. 255 es claro en sus propósitos, al disponer la derogación de exoneraciones no solamente "generales", sino incluso "particulares" entre éstos últimos, las contenidas en las cartas orgánicas de entidades paraestatales, como es el caso de la recurrente de autos.

Esta abrogación del favor fiscal concedido también se justifica en el anteúltimo párrafo del Art. 254 que dice: "Quedarán también derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Ley.

En otras palabras, el principio es que se deja sin efecto todas las liberaciones tributarias, salvo las siguientes excepciones: a) las previstas en el mismo texto del Art. 255 ya transcripto: b) las concedidas por la propia Ley 125/92 respecto del Impuesto a la Renta (Art. 14 in fine). IVA (Art. 83 infine): Impuesto Inmobiliario (Art. 53 in fine): Actos y Documentos (Art. 131 in fine).

Pero la exoneración detallada antecedentemente es solamente respecto de los impuestos al que específicamente están vinculados, motivo por el cual los tributos aduaneros, a cuya liberación quieren acceder los actores de esta demanda, les alcanza, es decir, deben ser oblados en ocasión del despacho de los automóviles, el que comprende incluso el pago del IVA, por aplicación del Art. 83 ultimo párrafo, que dice: "las exoneraciones previstas en los incisos a) y b) del presente numeral-se refiere a entidades benéficas, partidos políticos, Cajas de Jubilaciones y Pensiones, etc.-no son de aplicación a la importación de bienes:

Que, si bien el Art. 91 de la Ley Nº 1361/88-Carta Orgánica de la Caja contiene una exoneración de tributos "presentes y futuros", lo que puede inducir a pensar de que aún los tributos futuros estarían afectados por el perdón fiscal, destacar que tal razonamiento resulta improcedente, por los siguientes motivos: a) el perdón fiscal concedido a la Caja fue sin reciproca contraprestación alguna (la liberación prevista en al Ley Nº 60/90 incentivo a la inversión privada tiene dicho carácter);

b) El poder de tributar, y el poder de liberar de tributos, pertenece al mando de la soberanía del Estado, y por lo tanto, resulta irrenunciable ilimitadamente, y aunque se lo hubiese otorgado por plazo indefinido, e incluso para impuestos futuros, resulta siempre revocable:

c) Porque el interés general prima sobre el particular.

"Que, en consecuencia de todo lo expuesto, doy mi voto por el rechazo de la presente demanda, debiendo confirmarse el acto administrativo recurrido con imposición de costas en el orden causado, por haber mérito suficiente para dicha determinación, fundada en la interpretación de normas legales en vigor.

A SU TURNO LOS ABOGADOS ALBERTO S. GRASSI Y VICENTE JOSÉ CÁRDENAS: manifiestan que se adhieran al voto precedente por sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación de la misma firman los Excmos. Sres. Miembros del Tribunal de Cuentas Primera Sala, por ante mi el Secretario autorizante, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue.

SENTENCIA:

Asunción, 27 de noviembre de 1995

VISTO: Por el mérito que ofrece el Acuerdo y Sentencia y sus fundamentos.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS PRIMERA SALA

RESUELVE

1.- NO HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, deducido por la CAJA PARAGUAYA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ITAIPÚ BINACIONAL c/Res. C.T. Nº 4/95 de fecha 21/III/95, dictada por el Consejo de Tributación del Ministerio de Hacienda".

2.- CONFIRMAR LA RESOLUCIÓN C.T. Nº 4/95 DE FECHA 21/III/95, dic. por el Consejo de Tributación del Ministerio de Hacienda.

3.- IMPONER LAS COSTAS en el orden causado

4.- NOTIFÍQUESE, regístrese y emítase copias a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

FIRMADO: ALBERTO S. GRASSI
SINDULFO BLANCO
VICENTE JOSÉ CÁRDENAS I.

Ante mí MIGUEL ÁNGEL COLMAN A.
Secretario.

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