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ACUERDO Y SENTENCIA Nº 22/99

“M.F.C.D.P S/ RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN”.

En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días dieciséis del mes de abril del año mil novecientos noventa y nueve, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia, Arnaldo Samuel Aguirre Ayala; Manuel Silvio Rodríguez y Alicia Beatriz Pucheta de Correa, en su Sala de Audiencias y Público Despacho, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente con la portada que se expresa más arriba caratulado: “M.F.C.D.P S/ RECONOCIMIENTO DE FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL”

Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Apelaciones de la Niñez y la Adolescencia, resolvió plantear y votar la siguiente.

CUESTIONES:
¿Es nula la sentencia recurrida?
En caso contrario ¿es justa?

A la primera cuestión planteada, el Miembro preopinante doctor Arnaldo Samuel Aguirre dijo: La nulidicente, abogada Alcira Amarilla de Martínez, representante convencional del demandado señor O. desiste expresamente de este recurso, diciendo que sus agravios pueden ser resueltos por la vía de la apelación. No obstante, con una revisión de la sentencia, concluyo que no existen vicios que autoricen a este Tribunal, a decretar su nulidad de oficio. Es mi voto.

A sus turnos, los doctores Silvio Rodríguez y Alicia Beatriz Pucheta de Correa, se adhieren al presente voto, por sus mismos fundamentos.

A la segunda cuestión planteada, el Miembro preopinante prosiguió diciendo:

Apelación interpuesta por la abogada Alcira Amarilla de Martínez: esta decisión apelada, admitió la demanda sobre reconocimiento de filiación extramatrimonial, que promoviera la señora M.M.C.D.P., a favor de su hija menor M.F.C. del Puerto, contra el señor S.R.G.O.. Contra dicha decisión se alzó la parte demandada, interviniendo en tiempo y forma el recurso ahora estudiado y fincando sus agravios sustancialmente expresó: a) que en autos no se ha justificado en forma categórica para la atribución de la paternidad a su principal, por dos motivos, ausencia de acreditación del nexo biológico y falta de acreditación de la existencia de relación íntima al tiempo de la concepción; b) respecto a la primera objeción, dice que bien es sabido que la prueba sanguínea con probabilidades del 99% es el único medio para determinar la paternidad de una persona. Esta prueba no fue realizada y por este motivo no puede ser una presunción en contra de su representado, máxime cuanto que la inferior, la impuso ya que esta prueba no fue ofrecida durante la estación oportuna; c) que conforme puede apreciarse con las testificales realizadas por la actora, puede observarse que los testigos son parientes y amigos, cuyas declaraciones carecen de valor y objetividad; d) que su representado ha tenido salidas ocasionales con la actora y ello no es determinante para presuponer una relación íntima; e) que por las testificales ofrecidas por su parte se colige un desconocimiento total hacia la actora, tanto en su ambiente social como familiar; f) que en síntesis no existen completamente elementos de juicio que conlleven a presumir la paternidad de su representado, por cuanto que éste ha negado rotundamente dicha atribución. Por estos motivos solicita la revocación de la sentencia.

El art. 21 del C.M., en concordancia con el art. 230 del C. C., dispone que: "son hijos extramatrimoniales los concebidos fuera del matrimonio, sea que sus padres hubiesen podido casarse al tiempo de su concepción, sea que hubieren existido impedimentos para la celebración del matrimonio". De acuerdo a esta normativa, el hecho biológico de la concepción es determinante para atribuir la realidad parental del niño o de la niña. El art. 25 del C.M., preceptúa que los hijos extramatrimoniales tienen acción para ser reconocidos por sus pares y no habiendo posesión de estado, este derecho solo podrá ser ejercido durante la vida de sus padres. La filiación materna de la niña M.F., se justifica de modo indubitable con el certificado de nacimiento agregado a fs. 1, instrumento público que goza de autenticidad per se y prueba suficientemente el hecho vital de su ocurrencia, art. 35 del C.C.. El documento aludido acredita el nexo biológico materno y su identidad, extremos necesarios para dar andamiento a la acción emprendida por la parte actora. No solamente prueba esos hechos, sino también la época en que fue concebida la niña, factor esencial para atribuir la pretendida paternidad del accionado. Si durante ese lapso existieron relaciones sentimentales entre la señora M.M.C.D.P. y el señor S.R.G.O., y que nos pueda inducir a que efectivamente tuvieron relaciones íntimas, la pretendida paternidad queda demostrada. Mater semper certa est dice el aforismo romano, porque existen signos exteriores que evidencian la maternidad. En cambio, la paternidad siempre se presume, considerando que el proceso de fecundación permanece oculto a los ojos humanos. Nuestro aserto tiene resonancia cuando se investiga la paternidad de una persona. Deben existir indicios fuertes que permitan inferir sin lugar a dudas el vínculo sanguíneo. Dar un padre al niño, cuando no lo es biológicamente es grave, pero mayor aún es el daño cuando se niega dicho vínculo en perjuicio de la menor, existiendo hechos que develan el nexo biológico.

El certificado de nacimiento de fs. 1, instruye que la niña M.F. nació el 27 de febrero de 1997 en Asunción. El dato que aporta este instrumento público, nos permite efectuar el cálculo preciso de la época en que ocurrió la concepción. El término emerge del art. 29 del C.C. el que trasladado al calendario Gregoriano nos da este resultado: dies aquo, 2 de mayo del año 1996; dies ad quem, 29 de agosto de 1996 ¿Está probado en autos las relaciones íntimas entre la actora y el demandado en el plazo señalado? Las respuestas habrá de surgir de las pruebas indirectas y presuncionales que fueron arrimadas en el período probatorio por las partes y las que hayan sido producidas tanto en grado inferior como por este Tribunal, estas últimas a través de las amplias facultades instructorias que acuerda el art. 227 inc. j) del C.M., en conexión con el art. 18 del C.P.C., para esclarecer los derechos de la menor, la principal protagonista de esta acción.

En tren de averiguar qué nos dice los hechos articulados en el juicio, acerca de la pretensa paternidad del señor S.R.G.O., es conveniente realizar un estudio pormenorizado de las distintas piezas de convicción, para interconectarlas y así darles un contexto orgánico que indique la realidad biológica del demandado con la niña M.F.

A) Al contestar la demanda, fs. 12, el señor S.R.G.O., informa al Juzgado que nunca tuvo relación sentimental con la madre biológica de la mencionada niña. Admite que conoce a la señora M.M.C.D.P., con quien tuvo encuentros ocasionales en lugares públicos que circunstancialmente se dieron y fueron conocidos estos encuentros por las personas que conformaban los grupos con quienes salían en esa oportunidad. Esta aseveración no se compadece con el pliego de posiciones de fs. 65, a tenor del cual absolvió la accionante. En efecto, en la quinta posición, se le ordena que jure y confiese como es verdad que la última vez que ha salido ocasionalmente con el señor S.R.G. fue en marzo de 1996, pregunta a la que respondió la absolvente expresando que en el mes de enero de 1996 salieron ocasionalmente y que recién desde el primero de febrero empezaron a hacer pareja y se vieron todos los días hasta julio de 1996. Tomando en su real sentido, es incomprensible que en una parte (la demanda), el accionado diga que fueron encuentros ocasionales, en lugares públicos cuanto que en otra parte (absolución de posiciones de la accionante), interrogó asertivamente que salían juntos. Son hechos totalmente diferentes, pues este último supone un proceso de invitación, aceptación, traslado a lugar o lugares determinados, pasar amigablemente ratos de distracción y retorno al lugar de la residencia de la accionada, con lo que implícitamente está negando lo que en principio sostuvo al contestar la demanda. Esta circunstancia crea una presunción grave en el sentido que no es del todo veraz en sus aseveraciones y por consiguiente poco creíble en cuanto al conocimiento y relación que mantenía con la señora M.M.C. Más bien me inclino por la versión dada por ésta al absolver

B) A fs. 2 y 3 fueron acompañadas fotos por la demandante, arguyendo que fueron extraídas de recorte del diario El día y Ultima hora de los meses de marzo y mayo de 1996, aseverando que le corresponde a ella y al demandado. Asimismo, acompaño dos fotos tomadas en su casa en al despedida de soltera de una primera suya, el día 16 de junio de 1996, estando ya embarazada. Al contestar la demanda, el accionante omitió referirse a dichas fotos, ya que lo comprometía seriamente en lo que respecta a la relación con la accionante. En tal sentido, las fotos de fs. 3 deja impreso claramente la existencia de un vínculo afectivo y no la de un mero relacionamiento ocasional. La señora M.M.C. explicitó e su demanda que estas últimas dos fotos fueron tomadas hallándose ella embarazada. Estos documentos quienes se acompañan a al demanda, conforme a al regla del art. 219 del C.P.C. y no fueron impugnados por el demandado en la oportunidad prevista en los arts. 307 y 308 del C.P.C., por cuyo motivo debe tener por auténticos o sea que corresponden a tomas fotográficas hechas al demandado en la oportunidad expresada en la demanda. Las fotos de marras por consiguiente, hablan de una relación muy afectiva entre el demandado y la demandante y no un mero conocimiento circunstancial como pretende. Por consiguiente, este hecho es otra presunción grave, precisa y concordante referente al vínculo interpersonal e íntimo entre el señor González y la señora Cibils.

C) La actora ofreció los testimonios de varias personas, de entre las cuales debemos rescatar del señor Juan Arístides Galeano Ayala, fs. 53 y de la señora Viviana Mariel Labadie de Bittar, porque fueron rendidos y con los requisitos del ritual. El juzgado se encargó de restar eficacia a los testimonios a la señora Patricia Zoraida del Puerto Ovelar, fs. 49; María Irene Vargas de Del Puerto, fs. 51; Gilda Susana Arréllaga Velilla, fs. 57; ya que las declaraciones las recibió en calidad informativa (sic). Sobre este punto creo necesario efectuar este razonamiento.

En el C.P.C. no existe otra clase de testimonios, ya que todos los testigos deben prestar juramento o promesa de decir verdad, art. 327, requisito no cumplido con los testigos últimamente citados, razón más que suficiente para no ser valorados sus dichos. Lo incongruente del caso, ha sido que el Juez al valorar las pruebas del juicio, hace expresa referencia a estos testimonios para fundar su resolución. O sea por una parte los desmerita y por la otra reconoce su eficacia. El art. 315 del C.P.C. únicamente prohíbe el testimonio de los consanguíneos, afines en línea recta o cónyuge de las partes. El Juez, al percatarse que el testigo se halla en las situaciones mencionadas, debe ipso jure prohibir su deposición.

Analizando la causal por la que el Juzgado recepcionó al solo efecto informativo, se advierte que la restricción procedía solo con respecto a la señora Patricio Zoraida del Puerto Ovelar, quien manifestó ser prima hermana de la demandante. El Juzgado al calificar de manera errónea la condición de estos testigos ofrecidos por la actora, retó elementos probatorios de mucha importancia para fortalecer la causa, aunque debo reconocer que tampoco la apoderada nada hizo para rectificar la decisión del inferior. En todo caso la adversa tenía la opción de deducir el pertinente incidente de falta de idoneidad de los testigos ofrecidos por la actora. Retomando el testimonio de las personas primeramente citadas, debemos apreciar si sus versiones son conducentes para establecer que hubo relaciones íntimas entre la madre biológica y el pretenso padre de la niña, en el interregno del 02 de mayo al 29 de agosto de 1996. El señor Juan Arístides Galeano Ayala, dijo a la tercera pregunta del interrogatorio de fs. 45, que conoció la relación sentimental entre la señora M.C. y el señor S.R.G. A la cuarta dijo que dicha relación tuvo comienzo en el año 1996 o fines del año 1995. A la sexta dijo que dicha relación sentimental terminó cuando la señora Mónica quedó embarazada, según él cree. Concluye su testimonio expresando al Juzgado que lo relatado lo vio personalmente. La señora Viviana Mariel Labadie de Bittar, al declarar dijo que conoció la susodicha relación sentimental. Aseveró que fue el año 1996, pero no puede precisar los meses. Dijo que la fecha en que terminó la relación sentimental no puede precisar, pero al hacerse público el embarazo de la señora M.C., ya no vio más al señor S., por la casa juntos. Haciendo un examen crítico de estos testimonios, resulta un hecho muy revelador que existió una relación entre el demandado y la accionante hasta la época del embarazo de esta última. Testimonialmente, se cubre la época en que se presume, sin admitir prueba en contra, que ocurrió el hecho vital de la concepción.

D) La señora M.M.C.D.P., fija domicilio real en la urbanización Aranjuez, Félix Bogado y 21 proyectadas. Este hecho se vincula y es relevante respecto al informe elevado por la Firma Génesis S.R.L. Seguridad Privada, fs. 77/78. Constituye una prueba ofrecida por la parte demandante a fs. 32, y que fuera admitida por el Juzgado. La pieza probatoria se ajusta a los arts. 371 y 372 del C.P.C. y no fue impugnada en su oportunidad por la adversa. La nota elevada por la firma expresa que adjunta copias de control de entrada y salidas de vehículos y personas en la urbanización Aranjuez. Las fotocopias instruyen los controles efectuadas por guardias privados, quienes asentaron e un registro diario lo mencionado en la nota. Así, desde fs. 77 a 85, estos guardias en diferentes días y horas, anotaron el ingreso y salida de un automóvil Honda Civic Azul, con chapa Nº 17.553 de San Bernardino, que se dirigía a la casa de la familia C. Estos registros comienzan el 6 de enero hasta el 12 de mayo de 1996. Como medida de mejor proveer se dispuso la constitución del suscrito, ante la Intendencia de la municipalidad de San Bernardino, para recabar información fidedigna sobre la patente del rodado Nº 17.553, extendida entre los años 1995 y 1996. En la oficina de referencia, según acta de fecha 19 de febrero del año en curso, se ha constatado que la mencionada patente fue expedida al señor S.R.G.O., con C. I. Nº 619.266. Para mejor ilustración se obtuvo una fotocopia auténtica de la ficha del rodado.

Coincidiendo los datos personales del demandado con la constancia de la referida ficha. Como asimismo, las referencias del vehículo, con las anotaciones de los guardias privados de la urbanización más arriba individualizada. El informe de la Firma Génesis S.R.L. y el obtenido por el Tribunal, constituyen otro elemento presuncional en contra del demandado, en el sentido que tuvo relación sentimental con la madre biológica de la niña y que esta fue íntima durante el período de la concepción, si tenemos en cuenta el último informe de la firma de seguridad privada del 12 de mayo de 1996, presunción a que arribamos al interrelacionarla en el contexto de los otros hechos explicitados en el juicio.

E) La parte demandada ofreció y produjo las testificales de los señores Héctor Osmar Llanes Simbrón, fs. 64; Arturo Mendoza Villalba, fs. 68; Marta Elena Arazatey Benítez, fs. 70; César Gustavo José Martínez Brítez, fs. 72. Estas personas dijeron al Jugado que no conocían a la señora M.M.C.D.P., por cuyo motivo analizar las respuestas de los otros puntos carece de razón. Con estas declaraciones, el actor pretende enervar los hechos articulados en la demanda. No obstante, considero muy difícil que estas personas conozcan la relación sentimental, que mantuvieron la actora y el demandado, pues esta duró apenas alrededor de cinco a seis meses, tiempo insuficiente para que ambos frecuenten los mismos círculos sociales. Tampoco no descartó que los testigos propuestos por el demandado sean selectivos y por cuyo motivo desconozcan algunos aspectos de su vida privada. Creo oportuno este comentario si tenemos en cuenta que el propio demandado reconoció una relación ocasional con la actora y sobre todo, la prueba de informe rendida en estos autos y el que recientemente hemos ameritado.

F) Por A. I. Nº 53, de fecha 29 de abril de 1998 a fs. 107, el Juzgado dispuso la prueba biológica de A.D.N., cuyo resultado arroja un 99.9% de probabilidades del nexo de consanguinidad entre el hijo y los pretensos padres, porque está demostrado científicamente que cada ser humano hereda los genes de sus padres por mitad, este factor probatorio viene siendo utilizado en todos los juicios de filiación, he incluso la propia Corte Suprema de Justicia, se ha valido muy recientemente. En la resolución, el Juez nombró a la doctora Marta Oviedo como perito, ordenando las tomas sanguíneas en el Dpto. de Criminalística de la Policía Nacional, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 365 del C.P.C. Llegado el día se presentó la señora M.M.C., acompañada de su hija M.F. En cambio, el accionado justificó su inasistencia con el certificado médico a fs. 103. Fracasada la diligencia de la extracción sanguínea por este motivo, el Juzgado fijó nueva fecha para la misma a fs. 115, bajo apercibimiento del art. ya mencionado. Del proveído, el demandado fue notificado en su domicilio real a fs. 116. En el día y hora señalados, comparecieron la accionante y su menor hija, no así el señor S.R.G., quien tampoco justificó su inasistencia.

Es mi opinión, que esta conducta omisiva del demandado a someterse a la prueba de investigación de la paternidad, no debe considerarse como una confesión ficta, sino una fuerte presunción más y muy valiosa en contra, que debe vincularse con los demás elementos existentes en la causa, art. 361 del C.P.C.. Nos resulta muy llamativa y sospechosa la actitud del señor G., ya que tuvo la magnífica oportunidad para demostrar científicamente que no es el padre biológico de la menor M.F., tal cual lo asegura. Por eso más bien, considero que temía a la pericia ante la posibilidad de serle desfavorable a su pretensión. Naturalmente, esta nueva presunción se va uniendo a las otras que ya hemos señalado más arriba.

G) En esta instancia, el Tribunal adoptó algunas medidas para mejor proveer, en consonancia con las facultades instructorias amplias que tanto el art. 227 inc. J) del C.M. y el art. 18 del C.P.C., acuerdan a los jueces para esclarecer los derechos de los justiciables. En ejercicio de esas atribuciones, dictó el proveído de fs. 48, citando a las partes a una audiencia para que comparezcan personalmente bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia de una de ellas se estará a lo manifestado por la que compareciere y la actitud contumaz, sumada a los demás elementos de convicción que obran en juicio, se tendrá en cuenta como elemento presuncional en contra del ausente. Del proveído fue notificado e su domicilio, el señor S.R.G., fs. 150. A la audiencia únicamente se presentó la señora M.M.C. no justificando su inasistencia el demandado. En la ocasión fue interrogada referente a las fotos que aparecen a fs. 2 y 3. Se le preguntó en que fecha y ocasión fuero tomadas, al que respondió diciendo que la primera fue obtenida en el mes de mayo de 1996, la segunda en la Semana Santa de 1996 y que las agregadas a fs. 3 fueron obtenidas en el mes de julio de 1996. También dijo que por aquel entonces, se hallaba de novia con el demandado. Asimismo se le interrogó acerca de un hecho de vital trascendencia en esa demanda, si mantenía relaciones sexuales con su novio, respondiendo afirmativamente y que la última tuvo el 15 de junio de 1996. Al no comparecer el accionado para explicar su conducta y estando por medio el apercibimiento de este Tribunal, constituye otro fuerte indicio presuncional de que efectivamente lo declarado por la compareciente es verdad y que el embarazo de ésta devino a consecuencia de las relaciones íntimas, que mantuvo con el demandado.

H) También en esta instancia, se ordenó a fs. 152 la prueba del A.D.N., por su indudable trascendencia, para clarificar meridianamente la realidad biológica de M.F.. Este proveído fue notificado al demandado a fs. 153, y no a la actora. A la audiencia señalada para el depósito del costo de la pericia, nuevamente el señor S.R.G., no compareció ni explicó los motivos de su incomparecencia. Desde esta óptima, a pesar de la falta de notificación a la otra parte me lleva al convencimiento que el demandado ha sido renuente para someterse a la prueba, circunstancia que también es un indicio grave en su contra para determinar la paternidad que le atribuye la actora. Por último, este atribuye la actora. Por último, este Tribunal siguió insistiendo en las medidas instructorias atendiendo al interés superior de la niña. A fs. 154, se dispuso la realización de la prueba de reconocimiento de persona, con relación del pretenso padre y de la niña M.F., designándose al doctor José Nicolás Lezcano, como perito médico. La audiencia fue fijada bajo apercibimiento de lo dispuesto en el art. 465 del C.P.C. De esta providencia fue notificado el señor S.R.G., en su domicilio según se comprueba a fs. 157. A la audiencia señalada compareció la señora M.M.C. quien presentó a su hija M.F.C., pero no compareció el demandado quien tampoco justificó su inasistencia. El hecho de no presentarse para este sencilla diligencia, habla con toda elocuencia que se ha resistido reiteradamente a los llamados de la justicia, para someterse a pruebas que son decisivas en la causa y esta conducta contumaz es una evidente presunción en contra suya, para que halle eco la negación de la paternidad.

Haciendo un acopio de los precedentes indicados en el relatorio, me anima el convencimiento indeclinable que la niña M.F.C.P., es hija biológica extramatrimonial del señor S.R.G.O. y por ello debe confirmarse la sentencia en este punto.

El Juzgado al acceder a la demanda de filiación extramatrimonial, dispuso que en la homonimia de la niña debe incluirse el apellido paterno o sea G. Posteriormente por la vía de aclaratoria, en la S. D. 294 a fs. 128, ordenó que la menor se llamara M.F.C.G.. No obstante lo resuelto resulta una visión parcial del Juzgado y por el principio Jura Novit Curia conviene rectificar. Para hacer efectivo en el Registro, la inclusión de un nuevo apellido en el nombre de la persona, se requiere un procedimiento diferente y que está señalado por la ley. En efecto, el art. 42 del C.C. dispone que toda persona tiene derecho a un nombre y apellido que debe ser inscripto en el Registro del Estado Civil y que cualquier cambio o adición debe ser ordenada por juez competente. La inscripción del apellido se opera en el momento de asentarse la partida de nacimiento. El art. 117 de la ley 1266/88 preceptúa que extendida y firmada una partida no puede hacerse modificación o adición alguna sino por sentencia judicial. Y el art. 119 del mismo cuerpo legal dice que el competente es el juez de Primera Instancia en lo Civil, por lo que el juzgado del menor no es competente para entender en materia de rectificación de partida. Al resolver como lo hizo se produjo un extravío en su competencia, situación que debe ser subsanada en este recurso. Por otra parte, es menester tener presente la ley 985/96 que modifica el art. 12 de la ley Nº 1/92, referente al apellido de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales. En lo tocante a este punto dice: "el hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores llevará los dos apellidos, del que lo reconoció (en el caso de autos C.D.P.), y si éste a su vez llevase uno solo podrá duplicar dicho apellido. Si ulteriormente fuere reconocido por el otro progenitor, llevará el primer apellido de cada progenitor, en el orden que ellos determinen de común acuerdo. Si no hubiere acuerdo llevará en primer lugar, el apellido del progenitor que lo hubiere reconocido en primer término".

De acuerdo a esta norma y las alternativas que ofrece en el futuro, lo referente al apellido de la niña, me parece oportuno revocar este punto de la sentencia recurrida y su aclaratoria, a los efectos de evitar confusión en sede Registral.

Apelación interpuesta por la abogada Clara Rosa Gagliardone:

La citada profesional, representante convencional de la actora, se agravia contra el 2º apartado de la sentencia en el que el juzgado declaró que la menor M.F. tiene derecho a los alimentos y que esto surgirá a partir del título firme y ejecutoriado que pruebe el vínculo de parentesco para ocurrir ante la instancia que corresponda. Alega que los alimentos a la niña por parte de su padre biológico se deben desde que se inició este juicio y que las razones son hartas conocidas por este Tribunal. Manifiesta que tenemos un desafío y nos exhorta a que miremos hacia delante y no hacia atrás. Asimismo, aclara que posteriormente ante el Juez respectivo iniciará el juicio de alimento, incluyendo la partida de nacimiento. Con respecto a este pedido de la referida abogada, ya en el acuerdo y sentencia Nº 33 del 22 de mayo de 1997 y en el Nº 53 del 9 de julio de 1998, había sentado mi posición, en el sentido que los alimentos determinados en cuotas o pensiones deben ser fijados en otro juicio especial y que el adeudo alimentario corre compulsivamente desde el inicio del juicio que lo estableció, tesitura que lo sigo manteniendo. El art. 53 de la C.N. ciertamente impone a los padres el deber de asistir, de alimentar, de educar y amparar a sus hijos menores de edad. Esta norma de rango constitucional, genérica, abstracta e hipotética se concretiza en normas jurídicas inferiores que prevén la forma o la manera de llevar a la práctica el precepto constitucional. Así, el art. 262 del C.C. regla: "el que debe suministrar los alimentos puede hacerlo mediante una pensión alimentaria o recibiendo y manteniendo en su propia casa al que tiene derecho a los alimentos...", y seguidamente en el art. 265 dice: "los alimentos se pagarán por mensualidades adelantadas". También el art. 286 del C.M. preceptúa: "la cantidad fijada en concepto de pensión alimentaria, deberá ser abonada por mes adelantado", y el art. 599 del C.P.C., establece de manera terminante desde cuándo se debe la pensión alimentaria: "Si estimare procedente la petición, el Juez dictará sentencia de inmediato, fijando la cantidad que considere equitativa y mandando a que se la abone por mes adelantado, desde la fecha de interposición de la demanda". El juez debe resolver el litigio según la ley, si que le sea permitido juzgar del valor intrínseco o la equidad de ella, art. 15 del C.P.C.. De optar por el criterio sustentado por la apelante, nos estaríamos extralimitando en nuestras funciones, porque o derogaríamos la ley o declarar su inconstitucionalidad, atribuciones que competen exclusivamente a otros órganos del Estado. Mi opinión es que debe confirmarse este punto de la sentencia.

Las costas del juicio deben ser impuestas al demandado, posición que adopto en consonancia a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia, en acuerdo y sentencia Nº 457, del 24 de diciembre de 1998 en la causa: "Luis Santiago Maximiliano Romero s/ Rec. Filiac. Extramatrimonial".

A su turno, el doctor Silvio Rodríguez, dijo que se adhiere en lo sustancial al voto que antecede, con excepción en lo que respecta a los alimentos.

El Juzgado desestimó la pretensión de la parte actora, en el sentido de que los alimentos debido a la niña, tenían que ser computados retroactivamente desde el momento del nacimiento de la misma. Para fundar el rechazo, el A-quo hizo referencia al art. 283 del C.M., en el que se exige como uno de los presupuestos para peticionar los alimentos la existencia del vínculo jurídico, en virtud del cual se los peticiona, argumento con que este Tribunal ha confirmado resoluciones de igual contenido y en casos similares.

Sin embargo, luego de un estudio minucioso sobre el tema y basado en estrictas normas jurídicas me siento obligado a apartarme del criterio mantenido, hasta ahora sobre la pretensión en cuestión. Las razones en el cambio de criterio se exponen a continuación:

* En el preámbulo de la C.N. se menciona como una de sus finalidades el asegurar la Justicia, concepto éste que mas allá de las definiciones que fueron acuñándose a su respecto, con el correr de los años, puede ser intuido por el ser humano como tal por el sentido moral que le es innato. En consecuencia, sí me parece justo –y en verdad lo considero justo- que un ser concebido en las entrañas de una madre debe ser protegido por ambos padres en la medida de sus posibilidades, como magistrado tengo la instrasnferible responsabilidad de declarar lo que estimo como justo si las normas del ordenamiento jurídico no me indiquen una determinación diferente. En efecto, a nadie escapa que la ley no es sinónima de Justicia y sopena de incurrir en concepciones personalistas, mal podría escoger a mi criterio íntimo, entre lo que considero justo por sobre lo que dispone claramente una norma jurídica.

* En este orden de ideas, el juicio de fijación provisoria de alimentos, (art. 283 y siguientes del C.M.) es un trámite excepcional acordado a favor de quien tenga derecho a los alimentos y deviene lógico que uno de sus presupuestos indispensables sea el acreditamiento del vínculo, en virtud del cual se los pide. En mi opinión, la exencionalidad del juicio nada tiene que ver con la declaración que se pretende. Es más, ni siquiera puede sostenerse que algunas de las normas regulan la materia, se opongan a una declaración como aquella. Por consiguiente, no me parece suficiente para denegar la simple invocación del art. 283 del C.M.

* Eliminada la disyuntiva forzosa de tener que decidir, imponiendo lo justo sobre lo legal, lo primero tiene asideros jurídicos muy consistentes como para ser obviados con ligereza.

* En principio el art. 4º del Pacto de San José de Costa Rica, en concordancia con el art. 19 de dicho Tratado internacional, ratificado por el Paraguay, y por ende de aplicación obligatoria en los casos concretos y con prelación de las leyes nacionales (art. 137 C.N.), hacen referencia al derecho a la vida y a su protección desde la misma concepción, protección cuyo cumplimiento recae sobre la familia, la sociedad y el Estado, en este orden. Quiere decir pues, que si la familia es la primera obligada a la protección del niño como ser humano, la inexistencia del vínculo matrimonial no es óbice para admitir a la familia natural con iguales derechos y responsabilidades, y consecuentemente el hecho de que un niño no sea reconocido por uno de sus progenitores no libera a éste de la responsabilidad que le incumbe por ley, desde la concepción de aquél. Por lo dicho, admitir que la obligación alimentaria, como parte de la protección del niño solo sea exigible con posterioridad al reconocimiento logrado por la vía jurisdiccional, a más de ser injusta es una clara violación de los textos legales mencionados.

* Por otra parte, si la propia Constitución estatuye la responsabilidad recíproca de los progenitores respecto a la asistencia de los hijos en común (art. 53) y penaliza el incumplimiento de los deberes alimentarios, francamente no encuentro ninguna razón que se oponga a la viabilidad de que el progenitor renuente, al reconocimiento de sus hijos sea coercitivamente obligado a compensar económicamente por el tiempo que dejó de asistirlo. Admitir lo contrario sería situar al hombre en desigualdad de condiciones ante la ley en relación a la mujer (arts. 46 y 48 C.N.), al sobrellevar ésta la doble responsabilidad de actuar como madre y padre al mismo tiempo. Obviamente, la desigualdad se produce en el ámbito de los deberes, la otra cara de los derechos y constituye la situación una negación de los hechos del principio de equidad que debe regir en todo lo concerniente a la obligación asistencial que pesa sobre ambos progenitores, (art. 599 C.P.C.).

* Siguiendo en este orden de ideas, al incorporar la C.N. la doctrina integral del niño (art. 54) y al obligarse al Estado Paraguayo como signatario sobre de la Convención sobre los Derechos del Niño, a garantizar el principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes (art. 18 numeral 1), ante el vacío de una ley específica que regule la implementación efectiva de la responsabilidad común de los progenitores en los casos de reconocimientos de filiación por la vía contenciosa (como en el caso de autos) el Poder jurisdiccional puede hacerlo- y de hecho debe hacerlo, de conformidad a lo estatuido en este sentido en el art. 6 del C.C., sin olvidar en todo esto que la misma Convención sobre los Derechos del Niño (art. 3 numeral 1) exige a los Estados Partes que tomen todas las medidas que sean necesarias para que el interés superior del niño prevalezca sobre otros intereses, prevalencia que también la C.N. la impone categóricamente (art. 54).

De acuerdo con las consideraciones que anteceden, resulta harto evidente que una resolución decidiendo a ser efectivo un derecho del niño, reconocido en la Carta Magna y en Tratados internacionales es la respuesta correcta a una petición en tal sentido y una forma de integrar el derecho, impulsándolo hacia el ideal de Justicia al que todos aspiramos, en mayor o menor grado.

Conviene destacar por su importancia, que el razonamiento expuesto hasta aquí está en concordancia con el plano lingüístico que orienta a las normas, ya mencionadas y reposa firmemente en el plano axiológico (valores), tal como lo exige cuestiones que atañen a los Derechos Humanos y dentro del cual se circunscribe el derecho de la niña M.F.C.P., que se peticiona sea declarado en el caso de autos.

Por consiguiente, soy de parecer que la S. D. Nº 287 del 9 de julio de 1998, debe ser revocada en el sentido de hacer lugar a la petición de alimentos, a favor de la niña M.F.C.P. desde su nacimiento y a cargo del accionado en la proporción que le corresponda, deber-asistencia que deberá ser cuantificado en un juicio posterior en el que de no existir conformidad de partes, la cuestión deberá ser resuelta de conformidad a los elementos de convicción que cada parte haga valer el proceso.

Finalmente es dable enfatizar, que el derecho reconocido en párrafo precedente, no es un derecho de la accionante sino un derecho inherente a la niña como ser humano, y por consiguiente, tal reconocimiento no constituye una sanción para el padre, implica tan solo hacerlo asumir una responsabilidad que también le es inherente en su condición de tal.

A su turno, la doctora Alicia Beatriz Pucheta de Correa, manifiesta que se adhiere al voto del doctor Arnaldo Samuel Aguirre, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo firman los Excmos. Señores Miembros el Tribunal de Apelación  de Menores, por ante mí el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 22

Asunción, 16 de abril de 1999

VISTO: Por los méritos del acuerdo que antecede y sus fundamentos,

EL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE MENORES
RESUELVE:

TENER por desistida a la recursante de la nulidad interpuesta.

CONFIRMAR CON COSTAS, la sentencia apelada y su aclaratoria exceptuándose el punto que ordenó incluir el apellido paterno, en la homonimia de la niña M.F.C.P., el que por las razones explicitadas queda revocado.

ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Ante mí:
María E. Galeano O. - Sec.
Arnaldo Samuel Aguirre Ayala
Manuel Silvio Rodríguez
Alicia Beatriz Pucheta de Correa

 

(cz)

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