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Acuerdo y Sentencia Nº 324/00

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 324/00

JUICIO: "BENIGNO MONZON BENITEZ C/ CLEMENTE CABRERA S/ DESALOJO".

 

En la Ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay a los cinco días del mes de julio del año dos mil, estando reunidos en su Sala de Acuerdos los Excelentísimos señores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, Doctores ELIXENO AYALA, ENRIQUE SOSA ELIZECHE Y BONIFACIO RIOS AVALOS, por ante mi el secretario autorizante se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "BENIGNO MONZON BENITEZ C/ CLEMENTE CABRERA S/ DESALOJO", a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 19 de fecha 19 de noviembre de 1.999, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Cuarta Sala.-

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear las siguientes:

CUESTIONES:

Es nula la sentencia apelada?
En su caso, se halla ella ajustada a derecho?
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RIOS AVALOS, AYALA Y SOSA ELIZECHE.-

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL DR. BONIFACIO RIOS AVALOS, DIJO: El recurrente desistió del recurso de nulidad, tampoco se observan vicios que de conformidad a lo dispuesto por el Art. 404 del C.P.C., pudiera ameritar la declaración de oficio, por lo que dicho recurso debe declararse desierto, voto pues en ese sentido.-

A su turno los Doctores SOSA ELIZECHE y AYALA manifestaron que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.-

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL DR. RIOS AVALOS, PROSIGUIO, DICIENDO: Por Acuerdo y Sentencia N° 110 de fecha 19 de noviembre de 1.999, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Cuarta Sala, resolvió: " DECLARAR la nulidad de la S.D. No. 376 de fecha 10 de setiembre de 1999, dictada por el Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Lambaré Ab. Manuel José Marti Fiandro, Srta. Rumelia Espínola B., por violación del principio de congruencia, imponiendo las costas a la actora que se opuso a su declaración; 2°) DE CONFORMIDAD al Art. 406 del C.P.C. RESOLVER EL FONDO DEL ASUNTO, dictando sentencia en reemplazo de la que fuera objeto de anulación, RECHAZANDO CON COSTAS las excepciones de falta de acción y defecto legal en el modo de proponer la demanda opuestas por el demandado Clemente Cabrera; .3°) DECLARAR como litigioso el inmueble objeto del presente juicio, con efecto contra los ocupantes del predio y cualquier ocupante posterior a la iniciación del juicio; 4°) HACER LUGAR CON COSTAS a la presente demanda que por desalojo promueve el Sr. Benigno Monzón Benítez contra el Sr. Clemente Cabrera, su señora esposa y su menor hijo, así como contra el Sr. Eranir Antonio Bergenthal, y cualquier otro ocupante, emplazándoles para que en el plazo de diez días desocupen y abandonen el inmueble individualizado como lote ubicado sobre las calles Obispo Maiz y 4 (Hoy Corochiré) con Cta. Cte. Catastral N° 13-1554-26-000-3, bajo apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se ordenará sus lanzamientos, debiendo dejar el inmueble libre de ocupación, librándose para tal efecto el pertinente mandamiento de desahucio, dando comisión suficiente a un Oficial de Justicia para su diligenciamiento.; 5°) ANOTAR".

Contra el presente fallo, el demandado interpuso los recursos de Apelación y Nulidad, fundamentado su extenso escrito que rola de fs. 147 al 151 en los siguientes términos: ".... Que en cuanto al recurso de nulidad, mi parte desiste de ello, por cuanto considera que con el recurso de apelación también interpuesto puede reverse y evitarse un grave perjuicio a mi parte. Mi parte se agravia contra la resolución recurrida en los puntos cuestionados, por cuanto que, en este juicio se presentó el Sr. Benigno Monzón Benítez a promover un juicio de desalojo, sin acompañar ningún titulo de propiedad, como lo reconoce el actor. Por ello llama poderosamente la atención de que el tribunal inferior haya dado valor de instrumento público a un documento totalmente trucho en el cual consta que un tal Teresio Ayala y una tal Feliciana Arguello de Mora venden sus derechos y mejoras de un lote de terreno, dando como único dato del mismo una Cta. Cte. Ctral...N° 13-1554-26-000-3 y nada mas. Es decir que dicho instrumento, si así se le puede llamar, no reúne los requisitos para ser considerado como titulo de propiedad, y mucho menos puede servir de base para mi juicio de desalojo y menos aún que este juicio progrese. Lo grave de la cuestión es que el inmueble de que se trata es propiedad privada y pertenece a la Sra. Ana Bartolomé Barrios Battilana y tiene como Cta. Cte. Ctral el N° 13-023-59 y jamás pudo pertenecer en consecuencia a los supuestos vendedores. Incluso en primera instancia mis pretensiones probatorias han sido totalmente conculcadas por el Juzgado, incluso, en una oportunidad he solicitado el adelantamiento de las fechas de audiencias y el juzgado decidió correr traslado de esta petición a la otra parte. ..En la resolución recurrida el Tribunal se basó igualmente en este documento trucho; así como a un allanamiento formulado por un inquilino que llamativamente luego de firmar un contrato de alquiler conmigo se presentó a allanarse incondicionalmente a la demanda, sorprendiendo mi buena fe, y es más, alegando mi supuesta calidad de ocupante precario del inmueble y que increíblemente fue admitido como válido por el Tribunal. Al contestar la demanda he manifestado que soy poseedor del inmueble y con ánimo de tener la cosa para mi y que oportunamente promoveré el juicio correspondiente contra la verdadera propietaria. Lo más grave y que agravia sobremanera a mi parte constituye la afirmación -errónea por supuesto- del Tribunal inferior en cuanto se refiere a que mi parte no ha impugnado las actuaciones cumplidas en primera instancia. Aquí cabe preguntarnos, en qué forma podríamos impugnar actuaciones que se cumplieron dentro de los periodos respectivos respecto a las formas. El Tribunal inferior sostiene en forma totalmente subjetiva lo siguiente: " siendo el derecho invocado verosímil, contando con la legitimación activa en el carácter de poseedor de un inmueble con ánimo de dueño, pudiendo en tal carácter demandar el desalojo contra todo ocupante precario del inmueble....." "....Pues, no tiene caso, promover un juicio de desalojo si es que el que promueve está en "posesión" del inmueble. Agrega el Tribunal citado, que el actor de este juicio tiene el "animo de dueño". No soy intruso sino poseedor del inmueble objeto de este juicio, y el actor no es propietario, mucho menos poseedor, como erróneamente sostiene el Tribunal inferior, y por lo tanto no tiene la calidad ni el derecho de promover esta demanda, pues el inmueble es propiedad privada y por lo tanto el actor de este juicio no puede arrogarse facultades de las cuales no está investido, por todo ello podemos sostener con firmeza que la resolución recurrida es arbitraria y no ajustada a derecho ni a las constancias de autos, por lo que no queda otra vía, más que la de revocarla en la parte que fue materia de recurso, para subsanar el enorme perjuicio que causa a mi parte (sic).-

Al contestar el traslado el Ab. Osvaldo Salinas Peña, manifiesta: "..Funda el recurrente su apelación, en que los ilustres Miembros de Alzada, al dictar la mencionada resolución, han causado graves e irreparables pérdida al mismo, sosteniendo que tanto la sentencia de 1a instancia como la de 2da. Instancia le causa graves perjuicios. V.V..EE., mal puede hablar de graves perjuicios una persona que en calidad de intruso, sostiene ante el mismo Juez a-quo, y al Tribunal de Alzada, que el inmueble Posee porque posee, es una teoría que solo cabe en personas que actúan de mala fe, tratando de arrebatar al propietario de un inmueble una cosa que le pertenece y que en ninguna instancia lo ha negado. Es más la propia Cámara de Apelación sostiene que "El codemandado Sr. Clemente Cabrera, solo aduce que posee porque posee, lo que le podría ser útil en caso de poseer un bien mueble, pero de ninguna manera cuando se trata de un inmueble, como en este caso en que es un simple tenedor o intruso, estando obligado a restituir el inmueble por no tener titulo suficiente que le podría acordar el derecho a la ocupación. Con la sola afirmación de que posee porque posee no se puede enervar una acción instaurada por una persona que demuestra prime facie la verosimilitud del derecho que invoca, siendo un despropósito el hecho de que la única prueba aportada por su parte sean un contrato de alquiler firmado con una persona que se allana incondicionalmente a la demanda" afirmando que el Sr. Clemente Cabrera es ocupante precario del inmueble cuya restitución se solicita (fs.68). Sigue sosteniendo el preopinante en la Excma. Cámara que: La demanda fue promovida ante Juez competente, que es el del domicilio del demandado, al no existir contrato, de acuerdo con la regla de competencia que dice: ACTOR SEGUITUR FORUN REI. Igualmente sigue sosteniendo el preopinante que: Las excepciones opuestas deben ser rechazas, en razón de que puede inscribirse un contrato que es solamente verbal o no existe, ya que se alude, el carácter de Intruso del demandado, sobre todo cuando en el escrito de responde es el mismo Sr. Cabrera quién afirma "que no firmó ningún contrato de alquiler, siendo jurídicamente inconducente la obligación de presentar el último recibo de pago del impuesto inmobiliario, que se quiere imputar al poseedor del inmueble y o a su propietario. La adversa, sigue en su afán de sostener lo insostenible que el inmueble objeto de la presente litis, corresponde a otra persona, extremo que no ha probado en autos, habiendo tenido la oportunidad procesal para ello. Analizando los autos principales, se constata que todas y cada unas de las pruebas ofrecidas por las partes han sido debidamente admitidas, por lo que mal puede sostener dentro de su torpeza la adversa que sus pruebas no fueron admitidas (fs.92), que no la haya diligenciado es exclusivamente responsabilidad del mismo, aunque en todo caso tampoco torcería la suerte de estos autos, por ser al sostener el Sr. Cabrera en todos sus escritos su calidad de intruso. La basta jurisprudencia de nuestros Tribunales y los grandes actores del Derecho, desde tiempos inmemorables sostienen y siguen sosteniendo cuanto sigue "la jurisprudencia tiene decidido que no es suficiente que el demandado invoque la calidad de procesador para que se declare la improcedencia del desalojo. La carga de la prueba de la posesión incumbe al demandado" (Trib. Apel. Civ. Y Com. Sala 2-Ac. y Sent. N° 42 .As. Junio 17.991), concordando plenamente en su contenido con el Art. 621 del C.P.C. que expresa "El juicio de desalojo procederá contra el locatario, sublocatario o cualquier ocupante precario cuya obligación de restituir un inmueble o parte de él fuera exigible". .La Ley, Pág. 521-ano 991. Nuestros Tribunales de apelación han sido conteste en el sentido de que la acción de desalojo, puede y debe prosperar no solo contra el inquilino individualizado por un contrato, y en consecuencia en las condiciones que la ley señala para el desahucio, sino también contra todo tenedor que ocupe sin derecho alguno un inmueble ajeno y hasta el intruso. "La acción de desalojo procede contra el locatario o contra el tenedor precario (Repertorio II, Rev. Jurídica La Ley, Pág. 86). "La validez del titulo invocado por el propietario se presume y su nulidad sólo puede ser probada enjuicio ordinario" (Repertorio n, Rev. Jurídica La Ley, Pág. 86) "No basta que el demandado alegue ser poseedor del inmueble cuyo desalojo se demanda; debe demostrar que la posesión alegada es verdadera» (Repertorio u, Rev. Jurídica La Ley, Pág. 87). En base a las fundamentaciones expuestas por ésta representación, se solicita confirmar la resolución recurrida, en las partes que fueron objeto de apelación (sic).-

En el subjúdice el Tribunal consideró fundamentalmente dos extremos para la procedencia de la acción del desalojo: a) que debe entenderse por precaria toda ocupación ilegal, o aquella en que el ocupante tenga indebidamente en su poder un inmueble de otro sin invocar un derecho legitimo; b) así mismo no basta invocar los derechos posesorios para repeler la acción de desalojo, dichas afirmaciones deben ir acompañadas de las pruebas idóneas y precisas que acrediten los extremos aseverados.-

En efecto, el Sr. Benigno Monzón Benítez promovió demanda de desalojo contra el Sr. Clemente Cabrera, fundado en la titularidad de las mejoras y los derechos posesorios, acompañando contrato de compraventa y otras instrumentales obrantes a fs. 6/49 de autos.-

Según el Art. 621 del C.P.C.: "El juicio de desalojo procederá contra el locatario, sublocatario o cualquier ocupante precario cuya obligación de restituir un inmueble o parte de él fuere exigible..." El Dr. Casco Pagano, afirma: " El tenedor precario es aquel que goza o ha gozado del derecho de ocupar gratuitamente un inmueble sin fijación de plazo y como consecuencia de un acto de liberalidad o tolerancia del propietario.-

La demanda de desalojo persigue únicamente el cumplimiento judicial de la obligación de restituir un bien inmueble.-

Consiguientemente, es inadmisible discutir en éste proceso cuestiones relativas al derecho de propiedad o de posesión que pueden atribuirse las partes" (C.P.C. comentado y concordado).-

En el caso que nos ocupa, el actor en esta demanda ejerció la acción fundada en la circunstancia de haber adquirido los derechos y acciones, sobre las mejoras existentes en el lote de terreno individualizado como cuenta catastral N° 13-1554-26000-3, y en calidad de cesionario edificó una casa-habitación dentro del terreno y al final de la misma, cedió por vía de tolerancia al demandado quién trabajaba en la construcción de la obra edificada. Dicha circunstancia, fue acreditada con las declaraciones de los testigos obrantes a fs. 106 y 106 vlto., 107 y 108 de autos, la declaración informativa del señor Teresio Ayala fs. 112 (vendedor de las mejoras) y las instrumentales acompañadas.-

Estamos, pues, ante un claro ejemplo de precarista denominación mantenida en la doctrina para indicar la calificación de quién posee en nombre de otro, o con autorización, dependencia o cumpliendo instrucciones del poseedor; provisiones incorporadas en al Art. 1910 del Código Civil Paraguayo. En efecto, al precisar la calificación jurídica, es necesario conocer si la vía del desalojo es apropiada para obtener la restitución del bien, al respecto es dable señalar que quién ingresó a poseer en nombre de otro, con autorización del titular, tiene la obligación de restituir el bien.-

El código ritual, en la disposición del Art. 621 abre un ancho espectro para la procedencia de la acción de desalojo contra cualquiera quien ejerza el poder físico que de la misma surja claramente una obligación de restituir. En estas condiciones, encuentro en el caso planteado verificarse la previsión legal, por lo que entiendo que debe confirmarse el Acuerdo y Sentencia N° 110 de fecha 19 de noviembre de 1 999 A su turno el Doctor AYALA manifiesta que: Por S.D. N° 376 del 10 de setiembre de 1.999, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial ,de Lambaré, rechazó con costas, las excepciones de falta de acción y defecto legal en |el modo de proponer la demanda planteada por Clemente Cabrera; declaró como litigiosa el inmueble objeto del presente juicio y con efecto contra terceros; hizo lugar con costas a la demanda de desalojo promovida por Benigno Monzón Benítez, contra Clemente Cabrera y cualquier otro ocupante, y ordenó al demandado, para que dentro del plazo de diez días de haber quedado ejecutoriada la presente resolución proceda al abandono del inmueble.-

Por Acuerdo y Sentencia N° 110 del 19 de noviembre de 1.999, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Cuarta Sala, declaró la nulidad de la S.D. N° 376 del 10 de setiembre de 1.999, por violación del principio de congruencia; de conformidad con el art. 406 del C.P.C resolvió el fondo del asunto, dictando sentencia en reemplazo de la que fuera objeto de anulación, rechazando con costas las excepciones de falta de acción y defecto legal en el modo de proponer la demanda opuestas por Clemente Cabrera; declaró como litigioso el inmueble objeto del presente juicio, con efecto contra los ocupantes del predio y cualquier ocupante posterior a la iniciación del juicio; hizo lugar con costas a la demanda que por desalojo promovió Benigno Monzón Benítez, contra Clemente Cabrera, su esposa e hijo, así como contra Eranir Antonio Bergenthal, y cualquier otro ocupante, emplazándoles para que en el plazo de diez días desocupen y abandonen el inmueble.-

Por A.I. N° 712 del 20 de diciembre de 1.999, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Cuarta Sala, concedió los recursos de apelación y nulidad interpuestos por Clemente Cabrera, contra el Acuerdo y Sentencia N° 110 de fecha 19 de noviembre de 1999.-

El Art. 403 del CPC dispone que el recurso de apelación ante la Corte no se concede contra las sentencias recaídas en los procesos ejecutivos, posesorios y, en general, en aquellos que admiten un juicio posterior. Deberá determinarse por tanto, si el presente caso -juicio de desalojo -admite o no un juicio posterior.-

Es opinión compartida que la sentencia dictada en el juicio de desalojo adquiere eficacia de cosa juzgada material acerca de la exigibilidad de la obligación de restituir la cosa, pero no sobre el dominio o posesión de ésta, lo que debe ser, eventualmente, materia de otro proceso (Vide: PALACIO, LINO ENRIQUE. "Derecho Procesal Civi1", Tomo V1I, Abeledo- Perrot, Bs. As. 1.987, Págs. 77 y sgtes).-

Que sobre la base de lo expuesto y en consideración a las previsiones del Art. 403 del CPC, deben declararse mal concedidos los recursos de apelación y nulidad interpuestos por Clemente Cabrera, contra el Acuerdo y Sentencia N° 110 del 19 de noviembre de 1.999, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial de la Capital, Cuarta Sala, con costas en el orden causado.-

A su turno el Doctor SOSA ELIZECHE manifiesta que: se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos.-

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mi que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ante mí:

SENTENCIA NÚMERO: 324

Asunción, 5 de julio de 2000

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CIVIL Y COMERCIAL

RESUELVE:

DECLARAR mal concedidos los recursos de apelación y nulidad.-

IMPONER las costas en el orden causado.-

ANOTAR registrar y notificar.-

Ante mí:

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