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Acuerdo y Sentencia Nº 596/00

Acuerdo y Sentencia Nº 739/00 - Juicio: "Ivan Cibils Bogado c/ Itaipu Binacional s/ comprobación de cumplimiento de mandato tácito y estimación de honorarios".

ACUERDO Y SENTENCIA N° 596/00

JUICIO: IVAN CIBILS BOCADO C/ ITAIPU BINACIONAL S/ COMPROBACION DE CUMPLIMIENTO DE MANDATO TACITO Y ESTIMACION DE HONORARIOS".

 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez y ocho días del mes de octubre del dos mil, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, Doctores ELIXENO AYALA, BONIFACIO RIOS AVALOS Y ENRIQUE SOSA ELIZECHE, por ante mi, el secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "IVAN CIBILS BOGADO C/ ITAIPU BINACIONAL S/ COMPROBACION DE CUMPLIMIENTO DE MANDATO TACITO Y ESTIMACION DE HONORARIOS", a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 153 de fecha 17 de diciembre de 1999, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Quinta Sala.-

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil y Comercial, resolvió plantear las siguientes:

CUESTIONES:

Es nula la sentencia apelada?
En su caso, se halla ajustada a derecho?
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RIOS AVALOS, SOSA ELIZECHE Y AYALA.-

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL DR. RIOS AVALOS DIJO: El recurrente no fundamentó, recurso de apelación. Por otra parte no se advierten en la sentencia en revisión defectos o vicios que justifiquen la declaración de nulidad de oficio en los términos que autorizan los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil.-

A su turno los Doctores SOSA y AYALA manifestaron que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentes.-

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL DR RIOS AVALOS prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 153 de fecha 17 de diciembre de 1.999, el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial resolvió: TENER por desistido del recurso de nulidad. CONFIRMAR el apelado pero modificar el mismo en el punto que guarda relación a la gestión realizada por el Ab. Iván Cibils Bogado en favor de la Itaipú Binacional, declarando la existencia de un mandato tácito entre ésta y el citado profesional.- RETASAR los honorarios profesionales del Ab. Iván Cibils Bogado, dejándolos establecidos en la suma de Guaraníes DOSCENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCENTOS NUEVE (G. 238.286.809.-), en el doble carácter de Abogado Patrocinante y procurador. IMPONER las costas a la accionada. ANOTAR".

Contra el Acuerdo individualizado se alza el Ab. Alberto Rodríguez Alcalá, en los siguientes términos: "...La primera parte de la Resolución "confirma el fallo apelado pero modifica el mismo en el punto que guarda relación a la gestión realizada por el Ab. Iván Cibils Bogado" y declara la existencia de un mandato tácito, no se halla ajustada a derecho y deberá ser irremediablemente revocada. El Miembro preopinante en forma incorrecta basa su voto al que se adhieren los demás Miembros, en un solo párrafo donde resaltan los siguientes puntos: a) Que la Itaipú estaba en conocimiento de las gestiones a nivel judicial; b) Que las mismas (las gestiones judiciales) beneficiaron tanto a la representada por el Abogado Cibils -la Municipalidad de Pte. Franco como de mi representada; c) que el pago de los gastos del desalojo y testifícales "resultan de gran valor a los efectos de determinar la existencia de un mandato tácito". Luego de establecer mediante los tres puntos citados la existencia de un mandato tácito, comete un segundo error y regula los honorarios del abogado Cibils Bogado como si se tratase de un mandatario de mi representada aplicando la Ley 1376/88.-

En primer lugar, mal pudo el Tribunal confirmar la Resolución de Primera Instancia por cuanto ésta declaró la existencia de un contrato de servicios y no como fuera peticionado por el actor y consagrado por la Cámara, un mandato tácito.-

En segundo lugar, los indicios en que el Tribunal basa la Resolución recurrida no son tales. Ni pudo en base a indicios establecer semejante condena a mi parte. No se discutió en autos el conocimiento por la entidad Binacional de la gestión del Ab.Cibils. Tampoco se discutió su utilidad ni que la Itaipú costeara los gastos del desalojo. Siempre mi parte discutió la existencia de un mandato tácito, señalándose que en el peor de los casos existiría una gestión de negocios. E1 Tribunal al parecer pretende basar la existencia del mandato tácito también en la falta de oposición de mi representada a la gestión del actor; pero como se dijera en el curso del juicio, y es de toda lógica, la intervenci6n de la Itaipú hubiese entorpecido la gestión del actor, con el consiguiente perjuicio para ella, quién prefirió callar y dejar que un error judicial la beneficiase. Se sostiene que fue el error judicial el que benefició a Itaipú ya que si el abogado Cibils invocando la representación de la Municipalidad de Presidente Franco obtiene una resolución judicial que condena a ocupantes a desalojar la propiedad de ésta y de la Itaipú, el error salta a la vista. En resumen, los hechos o indicios señalados no son suficientes para establecer la existencia de un mandato tácito. La ley es clara al establecer la obligatoriedad para la persona jurídica de hacerse representar mediante un profesional matriculado, art. 87 C.O.J.; que justifique con el primer escrito mediante documentos su personería o invoque el art. 60 del C.P.C-; que el poder haya sido otorgado con la forma prevista por el art. 700 inc. f) del C.C. Como bien señala Guillermo A.Borda, Tratado de Derecho Civil, Contratos II, 4a edición, Editorial Perrot, Bs. As.. pag. 478 y sgte.: "Por excepci6n la ley exige que ciertos mandatos sean otorgados en escritura pública; tales son los poderes generales o especiales que deben presentarse en juicio....La importancia de los intereses comprometidos en estos casos hace prudente exigir la formalidad de la escritura pública ..." No existiendo dicho poder y siendo el beneficio obtenido por mi representada fruto más de un error judicial que de la labor del actor, no correspondía abonase suma alguna. La última parte de la Resolución en cuanto impone costas a mi parte también es notoriamente injusta, dictada en abierta contravención a lo dispuesto por los arts. 1966,203 del C.P.C. Con prescindencia de lo dispuesto sobre el fondo de la cuestión, y aún en el hipotético caso que la primera parte de la Resolución hubiese estado ajustado a derecho, que repito no lo está, la imposición de las costas a mi parte es injusta y contraria a derecho. Si a ello se suma que la resolución en lo principal deberá ser revocada, también debe ser la parte relativa a lo accesorio, las costas "(sic).-

Esta expresión de agravios fue contestada en los términos del escrito que rola de fs. 149/151 de autos.-

Analizada la cuestión debatida encontramos que se trata de una regulación de Honorarios surgida de una actividad profesional que fue calificada como un mandato tácito por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Quinta Sala. El magistrado de primer grado consideró la existencia de una locación de servicios y según la misma estableció la suma de Guaraníes Treinta y cinco millones (G. 35.000.000.-),en concepto de honorarios, suma que en Alzada fue elevada en Guaraníes Doscientos Treinta y ocho millones doscientos ochenta y seis mil ochocientos nueve (G.238.286.809.-), además de la modificación de la calificación jurídica.-

En efecto, en el subjúdice se debatió si la circunstancia de haber ejercido el interdicto de recobrar la posesión a nombre de la Municipalidad pero beneficiando igualmente a la entidad ITAIPU Binacional en la recuperación de más de 14 Hás., con pleno conocimiento y consentimiento de la misma, asumiendo incluso el pago que demanda las gastos del desahucio, si dicha actividad constituye una gestión de negocios ajenos o un mandato tácito.-

Al caracterizar la añeja figura de la gestión de negocios ajenos, ésta se da cuando el gestor, sin estar obligado lleva adelante un negocio preexistente de acuerdo a una voluntad simplemente presunta del dominus pero, sin conocimiento del mismo, para evitar convertirse en un mandato tácito. Siguiendo esta concepción tradicional el Código reguló dicho instituto del Art. 1808 y siguientes. Ahora bien, la manifestación tácita de la voluntad establece tres requisitos: a) que conozca con certeza la existencia de la voluntad; b) que no se exija una declaración positiva; y c) que no exista una declaración en sentido contrario (Art. 282). Este principio general es desarrollado en el Art. 880 segunda parte del C.C.P. al establecer. "EI mandato tácito resultará de hechos inequívocos del mandante, de su inacción o silencio, o cuando en conocimiento de que alguien gestiona sus negocios o invoca su representación no lo impidiere, pudiendo hacerlo".-

En el caso que nos ocupa, la Entidad Binacional de Itaipú ha cooperado para el éxito del ejercicio del Interdicto de Obra nueva, ejercido en su legitimo interés, aunque proporcionalmente, en consecuencia al no haber intervenido mediante otro profesional, el Abogado Iván Cibils Bogado, ha realizado la gestión profesional para su beneficio, por tanto, aunque no se da claramente la figura del mandato tácito por el requisito de la declaración positiva que no fue cumplida por la entidad jurídica, sin embargo, le corresponde los honorarios generados por dichos trabajos, debiendo tomarse la avaluación oficial obrante a (fs. 103 de autos) al no existir pericia aprobada judicialmente demostrando otro valor. El cálculo final estimo deberá realizarse en un 15% de acuerdo a la escala establecida por el Art. 32 y 35% en segunda instancia, lo que arroja la suma de Guaraníes Ochenta y siete millones (G. 87.000.000.-). Voto pues en ese sentido.-

A SU TURNO EL DR SOSA ELIZECHE, dijo: Corresponde recordar que el objeto principal de la demanda lo constituye el pago de una suma de dinero, no así la calificación de la relación jurídica sustancial.-

Evidentemente se trata de una gestión realizada por una persona para beneficio de su mandante que, proponiéndoselo o no, produjo beneficios a otra persona, en este caso la entidad Itaipú Binacional. Puede afirmarse que hubo enriquecimiento y que con tal motivo corresponde el pago de una suma de dinero, cuestión que ya no es objeto controvertido en este estadio procesal, ni ante esta Instancia, ya que tanto en Primera como en Segunda Instancia los fallos son coincidentes respecto de la procedencia del pago de una suma de dinero. La cuestión se circunscribe al quantum para lo cual es necesario establecer el valor del inmueble que fue objeto del interdicto en el que se produjo el trabajo profesional.

Analizadas las constancias de autos puede advertirse que en el periodo probatorio aunque se ofreció la prueba pericial a fin de demostrar dicho valor la misma no fue practicada. El informe de la inmobiliaria obrante a fojas 71 de autos no es idóneo para acreditar tal extremo. La única suma pertinente a efectos de la estimación de los honorarios es el valor fiscal (fojas 103) que alcanza la suma de Guaraníes Cuatrocientos treinta millones seiscientos noventa y seis mil ochocientos treinta (G. 430.696.830.-). Teniendo en consideración esta base como monto del litigio y realizados los cálculos de los porcentajes establecidos en los artículos 32 en 15% art. 39 en 80%, art. 33 en 35%, 26 y concordantes de la Ley 1376/88 soy de opinión de que corresponde modificar el fallo apelado, fijando los honorarios en la suma de Guaraníes Ochenta y siete millones (G. G. 87.000.000.-). Es mi voto.-

A SU TURNO, EL MINISTRO ELIXENO AYALA, dijo: Por S.D. N° 772 de fecha 11 de setiembre de 1.998, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Undécimo Turno resolvió: "Hacer lugar a la presente demanda promovida por Iván Cibils Bogado contra Itaipú Binacional, en la forma señalada y por los considerándos expuestos en el exordio de esta sentencia, y en su consecuencia, declarar la existencia de una locación de servicios prestados por el Abogado Iván Cibils Bogado a favor de la Itaipú Binacional, y estimar los honorarios profesionales que corresponden al actor en la suma de Guaraníes treinta y cinco millones (G. 35.000.000), que deberán ser abonados al mismo dentro del plazo de diez (10) días de ejecutoriada esta sentencia. Costas por su orden...".-

El Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Quinta Sala, dictó el Acuerdo y Sentencia N° 153 en fecha 17 de diciembre de 1.999, que dispuso: "Tener por desistido del recurso de nulidad. Confirmar el fallo apelado pero modificar el mismo en el punto que guarda relación a la gestión realizada por el Abog. Iván Cibils Bogado a favor de la Itaipú Binacional, declarando la existencia de un mandato tácito entre ésta y el citado profesional. Retasar los honorarios profesionales del Abog. Iván Cibils Bogado, dejándolos establecidos en la suma de Guaraníes doscientos treinta y ocho millones doscientos ochenta y seis ochocientos nueve (G. 238.286.809). Imponer las costas a la accionada...".-

El Abog. Alberto Rodríguez Alcalá, representante convencional de la Entidad Binacional Itaipú, fundamenta su expresi6n de agravios manifestando que el Tribunal de Apelación equívocamente declaró la existencia de un mandato tácito, argumentando que una persona jurídica como es su mandante, necesita para hacerse representar ante los órganos jurisdiccionales, de un abogado matriculado con poder hecho en escritura pública Con relación a la parte de la resolución que impone las costas a su representada expresa que es injusta por contravenir lo dispuesto en los artículos 195, 196 y 203 del Código Ritual.-

El articulo 403 del Código Procesal Civil dispone: "El recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia se concederá contra la sentencia definitiva del Tribunal de Apelación que revoque o modifique la de primera instancia. En este último caso será materia de recurso solo lo que hubiere sido objeto de modificaci6n y dentro del limite de lo modificado...", por lo que en esta instancia ya no podrá controvertirse la improcedencia de la demanda, sino únicamente la modificación del monto establecido por el Tribunal de Apelación.-

La representación de una persona enjuicio, voluntario o contencioso, requiere de poder formalizado en escritura pública, conforme lo dispone el articulo 700 inciso f) del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 in fine del Código Procesal Civil, y el artículo 87 del Código de Organización Judicial.-

Quienes tienen capacidad de goce y ejercicio en materia procesal pueden hacerse representar enjuicio (representación voluntaria); y quienes tienen capacidad de goce procesal y carecen de capacidad de ejercicio procesal tienen el deber de hacerse representar enjuicio (representación forzosa). La diferenciación establecida se refiere a la capacidad para ser parte y capacidad para estar enjuicio.-

La persona que justifica ser titular de los intereses jurídicos en duda o en disputa, posee la legitimatio ad causam; y la que reúne las condiciones para actuar en el proceso posee la legitimatio ad prodessum. Las dos clases de legitimaciones pueden coincidir en una persona física, pero no las personas jurídicas, que por la previsión legal citada necesitan ser representadas por abogados matriculados.-

La legitimación de los representantes tiene como finalidad la posibilidad de actuar válidamente en el proceso; quien carece de legitimación procesal no podrá actuar, y si consigue hacerlo será una situación fáctica, que en definitiva no será valida y prosperará la objeción que se haga a su falta de legitimación.-

El trabajo profesional de Iván Cibils Bogado realizado en el juicio que promoviera en representación de la Municipalidad de Pdte Franco, contra ocupantes de un inmueble por interdicto de obra nueva y de recuperar la posesión, benefició a la Itaipú Binacional, por lo que reclama el cobro de honorarios profesionales. En la. Instancia se calificó la relación como locación de servicios, y en 2a. Instancia como mandato tácito. La demandada alegó que no concurren dichas calificaciones y que a lo sumo pudo haber existido una gestión de negocios ajenos, pero que ello implicaría una regulación mínima, pero no la pretendida por el actor.-

La calificación realizada en primera instancia como de locación de servicios no corresponde por cuanto que el C ódigo Civil regula únicamente la locación de cosas o derechos patrimoniales (art. 803), y el contrato de servicios (art. 845). La efectuada por el Tribunal como mandato tácito no se compadece con las constancias de autos y la legislación correspondiente, por cuanto que una persona jurídica requiere de abogado para intervenir en juicio, cumpliendo con las formalidades exigidas por la ley.-

La gestión de negocios ajenos en el proceso suple la ausencia del actor cuando es urgente representarlo sin que se haya dejado representante, en los siguientes casos: a) evitar una prescripción, b) evitar una caducidad, c) promover una medida cautelar (Vide, Arellano García, Carlos, Teoría General del Proceso, 6° Edición, Editorial Porrúa, México, 1997, pág. 194 y siguientes).-

El art. 60 del C.P.C. regula la representación sin poder para casos urgentes, pero si no fueren presentados los instrumentos que acrediten la personería y no se traficaré la gestión dentro del plazo de treinta días, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará las costas causadas, sin perjuicio de su responsabilidad por los daños ocasionados. La situación mencionada tampoco se ajusta con las constancias de autos, habida cuenta que el Abog. Iván Cibils Bogado recibió poder de la Municipalidad de Pdte. Franco para actuar en su representación.-

No resulta ocioso señalar las siguientes irregularidades que surgen de este proceso. A fojas 6 y 7 se observan notas remitidas por el actor a la Itaipú Binacional en la que reclama cobro de honorarios, manifestando que las autoridades de la Municipalidad de Pdte. Franco y la Itaipu Binacional consideraron que resultaría inconveniente por cuestiones electorales, que ésta apareciera como actora en el juicio, por lo que-se decidió que la Municipalidad debería reclamar enjuicio la recuperación del inmueble invadido, circunstancia que demuestra connivencia para intervenir por otro, en trasgresión de los deberes de las partes establecidos en el art. 51 del CPC.-

Igualmente a fs. 73/74 se observa el informe pericial de avaluación de inmueble presentado por el perito Jorge Amado Nunes, sin requerimiento judicial de designación ni aprobación de puntos de la pericia, conforme lo exige el art. 348 del CPC. Además y tratándose el juicio por cobro de honorarios profesionales debió imprimirse el trámite previsto en la Ley N° 1376/88. En este sentido, el Tribunal, al regular los honorarios profesionales tuvo en cuenta un informe de una inmobiliaria sobre la avaluación del inmueble" obviándose la disposición del art. 373 del CPC que determina que no será admisible el pedido de informe, que manifiestamente tienda a sustituir otro medio de prueba que específicamente corresponda por ley o la naturaleza de los hechos controvertidos.-

En cuanto a las costas a la perdidosa impuestas por el Tribunal a la perdidosa, hubo de serlo en el orden causado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 195 del CPC.-

Que sobre la base de lo expuesto y con la salvedad expuesta, en cuanto a los limites establecidos para el estudio de la controversia sometida a consideración de esta Corte, voto por la revocación de la sentencia recurrida con costas.-

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E. todo por ante mí que lo certifico quedando, acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Ante mí:

SENTENCIA NÚMERO 596

Asunción, 18 de octubre de 2000

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CIVIL Y COMERCIAL

RESUELVE:

TENER por desistido al recurrente del recurso de nulidad.-

MODIFICAR, el Acuerdo y Sentencia No 153 de fecha 17 de diciembre de 1999, dictada por el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial Quinta Sala, y en consecuencia REGULAR los honorarios profesionales del Abog. Iván Cibils Bogado dejándolos establecidos en la suma de guaraníes Ochenta y siete millones (Gs. 87.000.000).-

IMPONER las costas a la perdidosa.-

ANÓTESE, y notifíquese.-

Ante mí:

(FLM)

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