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Acuerdo y Sentencia Nº 122/01

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 122/01

EXPEDIENTE: "DISME S.R.L. C/RESOLUCIÓN Nº 81 Y 82 DEL 23/ENE/98; Y LA Nº 788 DEL 8 DE MAYO DE DE 1.998, DICTADO POR EL VICE-MINISTRO DE TRIBUTACIÓN".

 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez y seis días del mes de Abril del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores WILDO RIENZI GALEANO, JERÓNIMO IRALA BURGOS y FELIPE SANTIAGO PAREDES, por ante mí, el Secretario autorizante, se trajo el expediente caratulado: "DISME S.R.L. C/ RESOLUCION Nº 81 Y Nº 82 DEL 23/ENE/98; Y LA Nº 788 DEL 8 DE MAYO DE 1.998, DICTADO POR EL VICE-MINISTRO DE TRIBUTACION", a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad, interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 10 de fecha 10 de Febrero del 2.000, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes:

CUESTIONES:

Es nula la sentencia apelada?.

En caso contrario, se halla ella ajustada a derecho?.

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: RIENZI GALEANO, IRALA BURGOS Y PAREDES.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA el Dr. RIENZI GALEANO dijo: El recurso de nulidad no fue fundado separadamente en forma discriminada del de apelación. Por lo demás no se advierten en el fallo recurrido vicios o defectos que justifiquen la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil, Corresponde en consecuencia desestimar este recurso. Es mi voto.

A su turno los Dres. IRALA BURGOS Y PAREDES, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL Dr. RIENZI GALEANO prosiguió diciendo: La Abogada EMMA CONCEPCION GONZALEZ RAMOS, por DISME S.R.L., promovió demanda contencioso administrativa contra la resolución dictada por el Vice-Ministro de Tributación del Ministerio de Hacienda, en virtud de la cual se desestima el recurso de reconsideración interpuesto por la firma, y confirma en todos sus términos las resoluciones que determinan la obligación fiscal complementaria, en concepto de impuestos (a la renta e impuesto al valor agregado), multas, recargos, intereses, dictada por el Vice-Ministerio de Tributación.

El Tribunal de Cuentas, Primera Sala, por Acuerdo y Sentencia Nº 10 de fecha 10 de Febrero del 2000 resolvió: NO HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, deducida por la firma: "DISME S.R.L. C/ RESOLUCIONES Nº 81 Y Nº 82 DEL 23 DE ENERO DE 1998; Y LA Nº 788 DEL 8 DE MAYO DE 1998, DIC. POR EL VICE-MINISTRO DE TRIBUTACION". En consecuencia, confirmó las resoluciones administrativas impugnadas e impuso las costas a la perdidosa. (fs. 91/96).

Que, la Resolución Nº 788, del 8 de Mayo de 1998, dictada por el Vice-Ministro de Tributación del Ministerio de Hacienda, resolvió en su Art. 1º "DESESTIMAR, el recurso de reconsideración interpuesto por la representación convencional de la firma DISME S.R.L. (fs. 5/7).

De ese modo se confirmaron las Resoluciones Nº 81 y 82, de fecha 23 de Enero de 1998, dictadas por el Vice-Ministro de Tributación, por las cuales se determinaron la obligación fiscal complementaria de la firma DISME S.R.L. en concepto de Impuesto al Valor Agregado (Ley 125/91). Período XII/1993 (fs. 317/319 de los antecedente administrativos) y en concepto de Impuesto a la Renta Ejercicio 1993 (fs. 320/322 de los Antecedentes Administrativos.).

Que, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, para rechazar la presente demanda contenciosa, con costas a la perdidosa, resalta como puntales de la sentencia cuestionada que: en el expediente Nº 1344/96, remitido por el Ministerio de Hacienda,... obra el recurso de apelación interpuesto por la representante de la firma DISME S.R.L., contra las resoluciones Nº 81 y 82... Al recurso deducido, la Administración Tributaria en consideración al principio de informalismo procesal en instancia administrativa, imprimió trámite propio al de reconsideración, mereciendo reparo alguno de la parte recurrente..., la Resolución Nº 788 es el resultado del recurso de reposición interpuesto por la firma DISME S.R.L., el cual confirma las Resoluciones 81 y 82, no constando en autos la interposición del recurso de apelación que... es el que corresponde interponer a fin de agotar la instancia administrativa..., con costas, por no haberse agotado la instancia administrativa.

Que, la Abogada EMMA CONCEPCION GONZALEZ RAMOS, representante convencional de la firma DISME S.R.L., al fundar la apelación interpuesta contra la citada resolución, manifiesta, de acuerdo a las constancias de autos (fs. 103/106), que: mi parte entiende que ha agotado la instancia administrativa dado que ha presentado en tiempo oportuno todo y cada uno de los recursos, inclusive el de apelación ante el Consejo de Tributación, pero que la Sub-Secretaría de Estado de Tributación, abrogándose derechos que no le correspondía ha resuelto el recurso de apelación, violando el debido proceso y la defensa en juicio, principios constitucionales básicos previstos en nuestra Carta Magna...

No es posible que la Sub-Secretaría de Tributación ignore. No es posible, insistimos, que no se haya percatado que el recurso de reconsideración ¡¡¡ya había sido de estudio y decisión ante ese mismo órgano!!! Mal podía entonces volver a decidir sobre un recurso que constitucionalmente escapaba a su jurisdicción... El informalismo procesal ESTA PROSCRIPTO POR LA CONSTITUCION, MAL PUEDE, ENTONCES, BASARSE  UNA SENTENCIA EN ESA PROSCRIPCION... El Acuerdo y Sentencia Nº 10... es inconstitucional, por su potencialidad perniciosa. Su nulidad se impone como sanción.

Que, el Abogado ISIDORO OLAZAR POZZA, representante del MINISTERIO DE HACIENDA, al contestar el traslado respectivo, sostiene (fs. 107/108) que: la firma agraviada, interpuso en esfera administrativa el recurso de apelación contra las resoluciones administrativas, de la Sub-Secretaría de Estado de Tributación... La Administración, imprimió trámite de reconsideración al recurso planteado en el Principio de Informalismo Procesal que rige en instancia administrativa. En efecto a través de la Res. 788 de la Sub-Secretaría..., se desestimó el recurso de apelación es decir, de reconsideración deducido en su oportunidad por la firma agraviada, razón por la cual a criterio de la firma recurrente ya no correspondería impugnar ante el Consejo de Tributación. En la forma señalada la firma agraviada "DISME S.R.L. no agotó la instancia administrativa e impugnó directamente ante el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, la Resolución Administrativa de referencia.

Que, examinando la cuestión debatida, se advierte que la misma debe ser resuelta a tenor de una interpretación correcta del procedimiento para los recursos en materia tributaria reglados en el Capitulo X del Libro V de la Ley 125/91 del 9 de Enero de 1.992 "Que establece el Nuevo Régimen Tributario".

Así tenemos, que el Art. 233 dispone: "REGIMEN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS. En materia tributaria proceden exclusivamente las acciones y recursos estatuidos por la Constitución Nacional y los establecidos en la presente Ley".

Analizando las constancias de autos vemos que, si bien es cierto, por la Resolución Nº 973 del 26 de Octubre de 1.995 (fs. 50/51 de los Antecedentes Administrativos) se dictó un acto administrativo no recurrido por las partes, no es menos cierto que posteriormente, sobre la base de nuevas circunstancias y principalmente, en una transparentación de la acción tributaria impulsada por los organismos contralores de la actividad de la República, se ordenó ampliar el sumario administrativo instruido a la firma DISME S.R.L., agregando la denuncia de los auditores del Ministerio de Hacienda y el informe de la Contraloría General de la República (fs. 28 de los Antecedentes Administrativo). Disponiendo que la Dirección General de Fiscalización Tributaria practique una auditoría especial. (fs. 35 de los Antecedentes Administrativos).

Recién una vez realizada esta última, se agregó al informe D.F.E. Nº 1379 en fecha 30/06/97, elevado por los auditores designados para el practicamiento de la Auditoria especial y se corrió traslado a la firma denunciada (fs. 187 de los Antecedentes Administrativos).

Que, si bien la firma solicitó reposición alegando cosa juzgada en base al sumario originario, la misma se tomó como un medio de defensa y los pasos procesales continuaron su rumbo, precluyendo las distintas etapas del proceso hasta llegar a las resoluciones Nº 81 y 82 del Vice-Ministerio de Tributación.

Art. 234: "RECURSO DE RECONSIDERACIÓN O REPOSICIÓN. El recurso de reconsideración o reposición podrá interponerse dentro del plazo perentorio de diez (10) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la fecha en que se notificó la resolución que se recurre, Será interpuesto ante el órgano que dictó la Resolución que se impugna, y el mismo será quien habrá de pronunciarse dentro del plazo de (20) veinte días. En caso que dicho órgano ordena pruebas o medidas para mejor proveer, dicho plazo se contará desde que se Hubieren cumplido éstas. Si no se dictare resolución en el término señalado se entenderá que hay denegatoria tácita del recurso. La interposición de este recurso debe ser en todo caso previo al recurso administrativo de apelación y suspende la ejecución o cumplimiento del acto recurrido".

Contra estos actos administrativos, la firma afectada presentó un recurso de apelación, solicitado su tramitación ante el Consejo de Tributación, sin embargo, sabemos que, en materia administrativa, el procedimiento a seguir por el administrado de ninguna manera tiene las características del rigorismo procedimental sino que más bien adquiere las características del informalismo procesal, pero no es al revés, para la Autoridad Administrativa de que se trate, rige en toda su amplitud el rigorismo procesal, esto es el apego necesario e irrestricto a las normas de procedimiento establecidas, al decir del destacado autor de Derecho Administrativo, Prof. Dr. Rafael Bielsa: "en el ámbito del Derecho Administrativo el cumplimiento de las formas es la regla".

La Sub-Secretaría de Estado con buen criterio siguió el trámite establecido por la ley, del cual no puede sustraerse la Administración, sin perjuicio del informalismo del Administrado, resolviendo per se el correspondiente recurso, con lo que quedaban, recién ahí, abiertas las puertas a la apelación ante el Consejo de Tributación.

Art. 235: "RECURSO DE APELACION. El recurso administrativo de apelación podrá interponerse en el plazo perentorio de diez (10) diez días hábiles, en contra de la resolución expresa o tácita recaída en el recurso de reconsideración o reposición. Dicho plazo se contará desde el día siguiente a la notificación de esa resolución o desde el vencimiento del plazo para dictarla. El recurso se interpondrá ante quien dictó la resolución y se sustanciará ante el Consejo de Tributación del Ministerio de Hacienda, a quien deberán remitírsele todos los antecedentes dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas. La interposición del recurso suspende la ejecución de la resolución recurrida. El pronunciamiento sobre el recurso deberá emitirse dentro del plazo de (30) treinta días hábiles, contados desde el día siguiente al de la fecha de interposición del recurso. Si el Consejo de Tributación del Ministerio de Hacienda lo entendiere pertinente admitirá y diligenciará nuevas pruebas o dispondrá medidas para mejor proveer. En estos casos el término para el pronunciamiento se computará a partir de la fecha en que se hubieren cumplido dichas medidas. La resolución correspondiente podrá confirmar, modificar o revocar el acto administrativo recurrido. Transcurrido el citado término de treinta (30) días, sin que se hubiere adoptado resolución expresa, se entenderá automáticamente denegado el recurso".

Sin embargo, la Abogada GONZALEZ RAMOS luego de, retirar fotocopias de la Resolución Nº 788 el 4 de Junio de 1.998 a las 11:45 horas, optó por promover demanda contencioso-administrativa contra las Resoluciones del Vice-Ministerio de Tributación ante el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, en fecha 10 de Junio de 1.998 (fs. 13/32).

Art. 237: "ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. En contra de las resoluciones expresas o tácitas de los recursos de apelación dictadas por el Consejo de Tributación, es procedente la acción contencioso administrativa ante el Tribunal de Cuentas. La demanda deberá interponerse por el agraviado ante dicho Tribunal dentro del plazo perentorio e improrrogable de quince (15) días contados desde la notificación de la resolución expresa o de vencido el plazo para dictarla, en el caso de denegatoria tácita. Representará a la Administración Tributaria en el recurso, un profesional de la Abogacía del Tesoro".

Para acceder a la instancia judicial administrativa, vale decir, al Tribunal de Cuentas, se deben agotar primeramente los recursos correspondientes a la instancia administrativa, que se deben resolver por los órganos de la administración.

En tal sentido, el Art. 3º inc. a) de la Ley Nº 1462 del 18 de Julio de 1935: Que establece el procedimiento para lo contencioso-administrativo reza: "La demanda contencioso-administrativa, podrá deducirse por un particular o por una autoridad administrativa, contra las resoluciones administrativas que reúnan los requisitos siguientes: a) Que causen estado y no haya por consiguiente recurso administrativo contra ellas;...".

La doctrina nacional y extranjera abunda en el tema del agotamiento previo de los recursos en sede administrativa, así:
BAZAN: "Causa de lo contencioso administrativo... En ella se ventilan, se impugnan los agravios producidos por una resolución administrativa sea a un particular o a la propia administración pública... Para constituirse ante el Tribunal de Cuentas en son de impugnación o demanda contra una resolución dictada por la autoridad administrativa, es de rigor agotar antes la vía gubernativa o jerárquica. De modo que se puede recurrir o demandar ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sólo de aquellas resoluciones definitivas, que causan estado, que ya no pueden ser remediadas por ningún otro órgano administrativo,..." (Procedimiento de lo Contencioso - Administrativo; pág. 70-71).

PANGRAZIO: "El afectado puede interponer el recurso de reconsideración en la instancia originaria, o la de alzada ante el superior jerárquico para fundamentar su recurso y obtener oportunamente la modificación o revocatoria del acto cuestionado". (Derecho Administrativo, pág. 74).

VILLAGRA MAFIODO, en sus Principios de Derecho Administrativo: "El acto administrativo debe ser definitivo, debe haber terminado la instancia administrativa. Vale decir, deben estar agotados todos los recursos administrativos (de reconsideración, jerárquico, etc.). Esta es una regla de aplicación general".

Finalmente, ROBERTO DROMI: "La razón Jurídico - política, que justifica la exigencia de un acto administrativo previo que cause estado, o por lo menos una reclamación previa, está dada por la conveniencia de filtrar las contiendas que lleguen a pleitos, sea provocando una especie de conciliación administrativa, sea dando la oportunidad al Estado de reconsiderar el asunto" (Derecho Administrativo; pág. 696).

La firma demandante cometió errores procesales al interponer la acción sin agotar previamente la instancia administrativa, la cual le podía resultar favorable a sus pretensiones, además no es cierto que ya fue sustanciada anteriormente a ésta la reconsideración, pues contra la originaria resolución no se interpuso recurso alguno, ni se recurrió de inconstitucionalidad en el momento procesal oportuno contra la ampliación del sumario.

En conclusión, sobre la base de los principios de economía procesal y de razonabilidad, así como de la alta doctrina nacional y extranjera expuesta precedentemente, corresponde confirmar la resolución recurrida.

En cuanto a las costas ellas deben ser impuestas a la parte perdidosa, en virtud de la teoría objetiva del riesgo.

Que por tanto, teniendo en consideración las manifestaciones realizadas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia Nº 10 de fecha 10 de Febrero del 2.000, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, debe ser confirmado en todos sus términos. Es mi voto.

A su turno los Dres. IRALA BURGOS Y PAREDES, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

SENTENCIA NÚMERO: 122

Asunción, 16 de Abril de 2.001

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

1.- DESESTIMAR el recurso de nulidad.

2.- CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nº 10 de fecha 10 de Febrero de 2.000, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

3.- IMPONER las costas a la parte perdidosa.

4.- ANOTAR y notificar.

Jerónimo Irala Burgos
Ministro

Wildo Rienzi Galeano
Ministro

Felipe Santiago Paredes
Ministro

Alfredo Benitez Fantilli
Secretario

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