En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los once días del mes de junio del año dos mil uno, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores JERONIMO IRALA BURGOS, WILDO RIENZI GALEANO y FELIPE SANTIAGO PAREDES, ante mí el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR EL ABOGADO ABDEL ALBERTO LAMARQUE EN LOS AUTOS: “PEDIDO DE DETENCIÓN PREVENTIVA CON FINES DE EXTRADICIÓN DE MILTÓN XISCATTI MICHEL SOLICITADA POR LA JUSTICIA DE LOS E.E.U.U.”, a fin de resolver el recurso de aclaratoria interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 20 de fecha 20 de febrero de 2001, dictado por esta Corte Suprema de Justicia, Sala Penal.
Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear la siguiente:
CUESTIÓN:
¿Resulta procedente recurso de aclaratoria interpuesto?.
A los efectos de determinar el orden de votación, se mantiene al del principal, en razón de que el presente recurso hace al fallo ya dictado por ésta misma Sala.
A la cuestión planteada, el Doctor IRALA BURGOS dijo: Que el recurrente interpone recurso de aclaratoria contra el Acuerdo y Sentencia N° 20 del 20 de febrero de 2001, dictado por ésta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos de determinar la imposición en costas al Ministerio Público, en función a las disposiciones de los Arts. 261 y 262 del Código Procesal Penal. En tal sentido cabe destacar que el presente proceso se ha iniciado según rogatoria emitida por la Justicia de los E.E.U.U., conforme Tratado bilateral, vigente en esa época, entre nuestro país y aquel Estado; es decir que la detención preventiva ha sido dictada por el Juez de Garantía Número 5 de ésta Capital, según A.I. N° 240 de fecha 21 de agosto de 2000, dentro de una estructura jurídico – procesal apta, por la que la detención ordenada por dicho Juez, hace o hizo a su competencia y dentro del mecanismo preventivo previsto en el Tratado respectivo, por lo que dicha medida no puede ser examinada, ni calificada como ilegítima, pues con ello se abrió el procedimiento respectivo para la extradición solicitada por el País signatario del Tratado pertinente.
Posteriormente se ha resuelto conceder la extradición por S.D. N° 31 de fecha 31 de octubre de 2000, dentro de lo que en doctrina y derecho positivo, representa la Función Punitiva y/o Resolutiva del Estado, en el caso presente. Si bien ha sido revocada, no puede pensarse en su ilegitimidad o maliciosidad, y menos aún trasladar esa estructura jurídica construida dentro del fallo, como intencionada, salvo lo que puede dentro del libre ejercicio del derecho, impulsarse como investigación por el propio afectado, pero antes de ello no puede por medio alguno sostenerse válidamente que en su propio inicio se haya procedido con manifiesta violación a las normas, sean ellas constitucionales o del Derecho Penal positivo (Art. 255 de la Constitución Nacional).
Dentro del concepto expresado antecedentemente, no es aplicable al Ministerio Público las disposiciones del Art. 262 del Código Procesal Penal, en su segunda parte, como medio de aplicación o de imposición en costas. Debe en consecuencia ser rechazado el recurso de aclaratoria interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 20 del 20 de febrero de 2001. Es mi voto.
A su turno, los Doctores PAREDES y RIENZI GALEANO, manifiestan que se adhieren al voto del Ministro preopinante, IRALA BURGOS, por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí, que certifico quedando acordada la sentencia que sigue:
SENTENCIA NÚMERO: 289
Asunción, 11 de junio de 2001
VISTO: Los méritos del acuerdo que antecede, la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:
NO HACER LUGAR al recurso de aclaratoria interpuesto contra el Acuerdo y Sentencia N° 20 de fecha 20 de febrero de 2001, dictado por esta Corte Suprema de Justicia, Sala Penal.
ANOTAR Y NOTIFICAR.
(FLM) |