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Acuerdo y Sentencia N° 760/04

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 760/04

CAUSA: “HERIBERTO HERRERA Y OTROS SOBRE SUPUESTOS HECHOS PUNIBLE CONTRA LA VIDA (HOMICIDIO Y TENTATIVA DE HOMICIDIO) OMISIÓN DE AUXILIO DE AVISO DE HECHO PUNIBLE, EJECUCIÓN PENAL DE PERSONA INOCENTE”.

 

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de abril del año dos mil cuatro, estando reunidos en la sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores SINDULFO BLANCO, WILDO RIENZI GALEANO y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “HERIBERTO HERRERA Y OTROS SOBRE SUPUESTOS HECHOS PUNIBLE CONTRA LA VIDA (HOMICIDIO Y TENTATIVA DE HOMICIDIO) OMISIÓN DE AUXILIO DE AVISO DE HECHO PUNIBLE, EJECUCIÓN PENAL DE PERSONBA INOCENTE”, a fin de resolver los recursos extraordinarios de casación interpuestos por los siguientes profesionales: a) abogado Tiburcio Martínez, por la defensa de Alberto Ramón Ayala Cáceres; b) abogado Francisco Arias F., por la defensa de Heriberto Herrera Vargas; c) abogado Aurelio Marín, por la defensa de Justo López Guerrero y Julián Cabañas Coronel, contra el acuerdo y Sentencia N° 75, de fecha 12 de diciembre de 2002, dictado por el Tribunal de Apelación, Tercera Sala, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y Canindeyú.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes

CUESTIONES:

¿Son admisibles los recursos de casación interpuestos?
En su caso, ¿Resultan procedentes?
Practicado el sorteo de para establecer un orden en la emisión de las opiniones en la deliberación, el mismo arrojó el siguiente resultado: BLANCO, RIENZI. y PUCHETA DE CORREA.

A la primera cuestión planteada, el Doctor BLANCO, dijo: el abogado Tiburcio Martínez, por la defensa de Alberto Ramón Ayala Cáceres; el abogado Francisco Arias F., por la defensa de Heriberto Herrera Vargas, y el abogado Aurelio Marín, por la defensa de Justo López Guerrero y Julián Cabañas Coronel, interponen recurso extraordinario de casación contra el Acuerdo y Sentencia N° 75, de fecha 12 de diciembre de 2002, dictado por el Tribunal de Apelación, Tercera Sala de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y Canindeyú. Por el referido Acuerdo y Sentencia, se dispuso: “1) Admitir el recurso de apelación especial interpuesto por los abogados apelantes: Tiburcio Abundio Martínez, Francisco Arias, Aurelio Marín, Néstor Porfirio González, y los imputados: Oscar Agapito Zunini Ortega y Desiderio Peña Niz, bajo patrocinio de abogado, contra la S.D. N° 75, dictado en fecha   30 de agosto del cte. Año, por el Tribunal de Sentencia Colegiado de esta Circunscripción Judicial. 2) Confirmar el fallo dictado. 3) Imponer las costas en esta instancia en el orden causado. 4) Anotar...”.

A los recursos de casación interpuestos se le imprimió el trámite correspondiente de ley, según providencia de fecha 3 de marzo de 2003 (fs. 410), en virtud de la cual se corrió traslado al Ministerio Público y a la querella adhesiva por el plazo legal.

El abogado defensor, Tiburcio Martínez, invoca el artículo 478 del Código Procesal Penal y señala que el fallo recurrido es manifiestamente infundado y arbitrario. Expone una serie de consideraciones en relación al material probatorio de la causa y sostiene además, que la resolución impugnada se ha dictado sin realizarse el análisis exhaustivo de fondo. Finaliza su presentación, peticionando se disponga la casación del Acuerdo y Sentencia recurrido.

A su vez, el abogado defensor, Francisco Arias F., interpone el recurso en estudio, con sustento en el artículo 477 y 478 incisos 1 y 3 del Código Procesal Penal. Alega que el fallo impugnado vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 17 inciso 1, 9, 16, 46, entre otros, de la Constitución Nacional. Agrega además, que su parte se siente agraviada en relación al fallo recurrido, dado que su defendido no fue hallado en flagrante comisión de delito. Expone, asimismo, una serie de consideraciones respecto del material probatorio obrante en la causa y finaliza su presentación, peticionando se anule el Acuerdo y Sentencia recurrido y se absuelva de culpa y pena a su defendido.

Por otra parte, el abogado defensor, Aurelio Marín, invoca el artículo 478 del Código Procesal Penal y manifiesta que los magistrados integrantes del Tribunal de Alzada han fundado el fallo recurrido exclusivamente en la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia, omitiendo, agrega, realizar el examen de valoración jurídica de los elementos probatorios de la causa. Finaliza su exposición, solicitando que la resolución impugnada sea anulada.

El Fiscal Adjunto, abogado Humberto Insfrán Miranda, encargado de la atención de vistas y traslados de expedientes de la Fiscalía General del Estado, contestó el traslado corrídole, según Dictamen N° 1096, de fecha 19 de marzo de 2003. Manifiesta que los recurrentes invocaron el artículo 478 del Código Procesal Penal, sin embargo, señala que ninguno de los supuestos previstos en dicha norma, fueron siquiera determinados y mucho menos han sido objeto de fundamentación. Finaliza su presentación, solicitando que los recursos interpuestos sean declarados inadmisibles.

El querellante adhesivo, representado por el abogado Rogelio Antonio Ruiz Díaz, contestó el traslado corrídole, exponiendo que los impugnantes se limitan a repetir cuestiones de hecho que han sido debidamente valorados, tanto por el Tribunal de sentencia, como por el Tribunal de Alzada y agrega asimismo que la Corte Suprema de Justicia no constituye una tercera instancia. Finaliza su exposición, peticionando se declare la inadmisibilidad de los recursos interpuestos.

Definidos los puntos centrales expuestos por las partes intervinientes, debe determinarse la admisibilidad o no del recurso extraordinario en estudio, a fin de que esta Sala Penal pueda pronunciarse sobre el fondo de la impugnación. En tal sentido, analizados los escritos de interposición de recurso, se advierte claramente que ellos presentan notorias deficiencias técnicas, habida cuenta que no han cumplido con las condiciones de interposición expresamente regladas en el Código Procesal Penal, conforme a las razones que se exponen a continuación.

Antes de iniciar puntualmente el tema en estudio, procede aclarar que los tres recursos de casación interpuestos, son analizados de manera integral, esto es de forma global, dado que las tres impugnaciones adolecen de la misma impropiedad técnica.

En este orden de ideas, debe recordarse que el artículo 468 del Código Procesal Penal, aplicable por imperio de lo dispuesto en el artículo 480 del mismo cuerpo legal establece: “El recurso (...) se interpondrá (...) en el término de diez días luego de notificada y por escrito fundado en el que se expresará concreta y separadamente, cada motivo con sus fundamentos y la solución que se pretende. Fuera de esta oportunidad no podrá aducirse otro motivo (...). En concordancia con la norma transcripta, el artículo 450 del mismo referido código de forma, dispone: “Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este código, con indicación específica de los puntos de la resolución impugnados”.

Los escritos de interposición de los recursos, revelan que los impugnantes se han limitado simplemente a realizar un reexamen de las pruebas valoradas por el Tribunal de juicio, y respecto del Acuerdo y Sentencia recurrido, sus alegaciones constituyen meras críticas al fallo impugnado. Los recurrentes, por un lado, el abog. Francisco Arias F., que ha invocado expresamente el motivo previsto en el artículo 478 inciso 3°, y por el otro, el abogado Tiburcio Martínez, que de manera implícita también alega que la resolución atacada se halla incursa en el referido motivo establecido en el inciso 3° del artículo 478, no han suministrado ni siquiera mínimamente una información concreta y precisa respecto del motivo invocado y la solución que pretenden. En el caso del recurso de casación interpuesto por el abogado Aurelio Marín, la deficiencia es aún más evidente, dado que ni siquiera menciona de manera expresa o tácita, motivo alguno en el cual estaría incurso el fallo incurrido.

El aludido motivo previsto en el inciso 3° del artículo 478 del Código Procesal Penal, implica que el casacionista debe indicar clara y concretamente en qué consiste -a su criterio- las razones por las que la sentencia recurrida es manifiestamente infundada, cuál es el punto concreto del fallo que no contiene un iter lógico según el parecer del impugnante, o bien en qué consiste la incorrección desde el punto de vista jurídico del Acuerdo y Sentencia atacado y no, meramente desde el ángulo de las cuestiones de hecho y prueba producidos, como erróneamente plantearon los recurrentes.

Por otro lado, en cuanto al motivo incurso en el inciso 1°) del artículo 478 del Código Procesal Penal, en coincidencia con lo señalado por el representante del Ministerio Público, el abogado Francisco Arias, simplemente se limitó a citar aisladamente principios constitucionales supuestamente vulnerados, sin determinar cuál es concretamente el agravio.

El escrito de interposición de los casacionistas no cumple con la condición de bastarse a sí mismo, de modo que de él surja todo lo que la Sala Penal deba conocer. En el juicio de casación se reduce la vigencia del principio “iura novit curia” que permite suplir de oficio las omisiones del recurrente. Lo expuesto no significa rigorismo formal, sino que lo que se busca destacar, es que del primer escrito de interposición pueda derivarse no solo el objeto impugnable, sino también el punto concreto del fallo que debe ser controlado.

Lo cierto y lo concreto, es que el recurso de casación planteado deviene inadmisible, toda vez que los casacionistas han omitido una condición esencial del recurso, que está dada por la exposición concreta de las razones, que a su criterio incursan la resolución recurrida en los motivos previstos en el artículo 478 incisos 1 y 3 del Código Procesal Penal.

Finalmente, no obstante la notoria falta de fundamentación autónoma del recurso en estudio, esta Sala Penal efectúas el control del fallo impugnado, y se advierte que los agravios expuestos por los recurrentes han sido adecuadamente atendidos por el Tribunal de Alzada, siempre dentro de los límites de su competencia, de conformidad a lo establecido en los artículos 450 y 467 del Código Procesal Penal, con lo cual, el Acuerdo y Sentencia atacado fue dictado dentro de las pautas de razonabilidad exigibles a los fallos judiciales.

Bajo las consideraciones precedentes, con sustento en los artículos 450, 468 y 480 del Código Procesal Penal, el recurso de casación planteado debe ser declarado inadmisible. Es mi voto.

A su turno, los Doctores RIENZI GALEANO y PUCHETA DE CORREA manifestaron que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE., todo por ante mí, que lo certifico, quedando acordada la sentencia que sigue:

Ministros: Sindulfo Blanco, Wildo Rienzi Galeano, Alicia Beatriz Pucheta de Correa.
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial.

SENTENCIA NÚMERO: 760

Asunción, 07 de abril de 2004.

VISTO: Los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

DECLARAR inadmisible el recurso extraordinario de casación intentado por el abogado Tiburcio Martínez, por la defensa de Alberto Ramón Ayala Cáceres, contra el Acuerdo y Sentencia N° 75, de fecha 12 de diciembre de 2002, dictado por el Tribunal de Apelación, Tercera Sala, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y Canindeyú.

DECLARAR inadmisible el recurso extraordinario de casación intentado por el abogado Francisco Arias F., por la defensa de Heriberto Herrera Vargas, contra el Acuerdo y Sentencia N° 75, de fecha 12 de diciembre de 2002, dictado por el Tribunal de Apelación, Tercera Sala, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y Canindeyú..

DECLARAR inadmisible el recurso extraordinario de casación intentado por el abogado Aurelio Marín, por la defensa de Justo López Guerrero y Julián Cabañas Coronel, contra el Acuerdo y Sentencia N° 75 , de fecha 12 de diciembre de 2002, dictado por el Tribunal de Apelación, Tercera Sala, de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná y Canindeyú.

REMITIR las actuaciones al Juzgado competente.

ANOTAR, registrar y notificar.

Ministros: Sindulfo Blanco, Wildo Rienzi Galeano, Alicia Beatriz Pucheta de Correa.
Ante mí: Alfredo Benítez Fantilli, Secretario Judicial.

(FLM)

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