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Acuerdo y Sentencian Nº 219/05 - Juicio: "Consorcio Tragsa - Tecnoedil c/ Resolución S.T. N° 18/01 del Consejo de Tributación (Ministerio de Hacienda)".

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 131/05

EXPEDIENTE: "CONSORCIO TRAGSA-TECNOEDIL C/RES. C.T. Nº 18/2001 DEL CONSEJO DE TRIBUTACIÓN".

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veinte y uno días del mes de marzo del año dos mil cinco, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal., Dres. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, WILDO RIENZI GALEANO Y JOSE ALTAMIRANO, éste integra por inhibición del Dr. Sindulfo Blanco, por ante mí la Secretaria Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "CONSORCIO TRAGSA - TECNOEDIL C/ RES. C.T.N. Nº 18/2001 DEL CONSEJO DE TRIBUTACIÓN", a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el A. y S. Nº 130 del 27 de Agosto de 2.002, dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso la Corte Suprema de Justicia, Sala resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:

¿Es nula la sentencia recurrida?

En caso contrario, ¿es justa?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, WILDO RIENZI GALEANO y JOSE ALTAMIRANO.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, la Dra. PUCHETA DE CORREA DIJO; La parte recurrente pide la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, sosteniendo que la sentencia recurrida no aplicó las normas que correspondían al caso, sino otros preceptos legales. El argumento expuesto se relaciona con el criterio del Tribunal (error in iudicando), por lo que corresponde analizar la cuestión a través del recurso de apelación también deducido. Por consiguiente, al no observarse vicios de forma o solemnidad que pudieran obligar a anular de oficio la sentencia, corresponde desestimar el planteamiento. Es mi voto.

A su turno los Dres. RIENZI GALEANO y JOSE ALTAMIRANO, manifiestan que se adhiere al voto que antecede por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA DRA. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO: EL Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala resolvió: "1) Hacer lugar a la presente demanda contenciosa administrativa deducida por la firma Consorcio Tragsa - Tecnoedil c/ Resolución C.T. Nº 18/2.001 dic. por el Consejo de Tributación, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución. 2) Revocar la resolución C.T. Nº 18/2001, dictada por el Consejo de Tributación. 3) Imponer las costas en el orden causado".

Contra esta sentencia se alza el representante de la parte demandada solicitando la revocatoria argumentando en síntesis que el Tribunal Inferior no tomó en consideración las disposiciones del artículo 87 de la ley 125/91, el Decreto Nº 6209/99 y la Resolución Nº 259/99.

Para poder situar la cuestión en una perspectiva justa, corresponde hacer una breve síntesis de los hechos que rodean el caso: La empresa Consorcio Tragsa - Tecnoedil , resultó adjudicada en una licitación pública para realizar las obras del denominado "Acceso Sur a Asunción", que se hallaban financiadas por el Banco Mundial, organismo que habla suscripto un acuerdo de préstamo con el Estado Paraguayo, que establecida que ninguna parte de los Fondos del Préstamo será retirada a cuenta de pagos por cualesquiera impuestos aplicados sobre bienes o servicios, o sobre la importación, fabricación, adquisición, o suministro de los mismos. En base a esta normativa y de conformidad con lo dispuesto en el Resolución S.S.E.T./C.C. Nº 59 de fecha 22 de Abril de 1997, en concordancia con el Decreto Nº 16.183/93, la Ley 369/94 y el Articulo 255 de la ley 125/91, el citado Consorcio venia recuperando, mediante certificados de crédito tributario, los pagos de IVA que había realizado. En esas circunstancias, la Administración Tributaria dictó la Resolución Nº 259 del 17 de Diciembre de 1999, estableciendo que: "las empresas que realicen servicios de obras públicas, cuyo financiamiento proviene de Organismos Internacionales, deberán clasificar el Impuesto al Valor Agregado afectado a tales operaciones exentas, como gasto deducible del periodo para efecto de la determinación del impuesto a la Renta, sin que ello implique devolución en ningún caso". La nueva reglamentación, que dejaba sin efecto la posibilidad de recuperar los montos de IVA pagados por la empresa, provocó que la afectada planteara una consulta vinculante y posteriormente un recurso de reconsideración ante Consejo de Tributación, para finalmente recurrir al Tribunal de Cuentas reclamando la devolución de 603.416.007 Gs. que, de acuerdo a su criterio, habían sido pagados indebidamente, habiendo el Tribunal admitido su reclamo, revocando la Resolución Nº 18/2001 dictada por el consejo de Tributación.

Analizando los antecedentes del caso, se tiene que corresponde dilucidar en primer lugar el derecho del Estado a percibir el IVA de los contratistas, en contratos de obras públicas que incorporan cláusulas de exención del pago de impuestos.

En el caso de autos, el convenio suscripto por Banco Mundial con el Estado paraguayo, ha sido aprobado por Ley Nº 369/94, que establece que los fondos de financiación proveídos dicho organismo, no pueden ser afectados por impuesto: de ningún tipo sobre los bienes y servicios o sobre la importación, fabricación, adquisición o suministro de los mismos.

Esta normativa con rango de tratado se encuentra por sobre encima de cualquier otra ley, decreto o resolución en materia de impuestos, razón por la cual las disposiciones de la ley 125/91 y normas reglamentarias sólo resultan aplicables en la medida que no afectan las prerrogativas establecidas en el mencionado tratado (Art. 137 del C. N.).

Por otra parte la propia Ley 125/91 dispone en su Artículo 255 que las exoneraciones establecidas en las leyes particulares de obras públicas así como las contempladas en los acuerdos, convenios y tratados internacionales no se hallan derogadas y continúan vigentes.

Por otro lado, el Decreto Nº 16.183/93 que reglamenta el mencionado artículo 255, señala: "Cuando las obras públicas sean financiadas por intermedio de Convenios o acuerdos internacionales en los cuales se establece que los recursos cedidos por el organismo correspondiente no pueden ser imputados al pago de impuestos por parte de los ejecutores del proyecto, ya sean estos agencias gubernamentales o entidades autárquicas, se considerará que los referidos acuerdos constituyen una exoneración e integran las leyes particulares de obras públicos y por lo tanto se encuentran comprendidas en el Articulo 255 de la Ley 125/91".

No obstante, en el caso, en razón de la estructura técnica del Impuesto al Valor Agregado, que tiene carácter plurifásico y no acumulativo, el contratista se encuentra obligado a pagar dicho impuesto al adquirir los bienes y abonar los servicios necesarios para la ejecución de la obra, pero sin poder trasladar esa carga al consumidor final, se genera un crédito por pago indebido, que debe ser reconocido por razones de estricta justicia y en cumplimiento del convenio aprobado por la Ley Nº 369/94.

En esta instancia, la parte recurrente se agravia señalando que el Tribunal Inferior no tuvo en cuentas las disposiciones del Art. 87 de la Ley 125/91, el Decreto Nº 6209/99 y la Resolución Nº 259/99, por lo que corresponde analizar cada una de ellas. En ese sentido el Art. 87 de la ley 12 5/91 no puede ser aplicado al caso, porque se refiere exclusivamente a los contribuyentes comprendidos en el inciso d) del Art. 79 de la misma ley , esto es, a los entes autárquicos, empresas públicas, entidades descentralizadas y sociedades de economía mixta, que están en una categoría distinta a la de la actora que es un consorcio de empresas privadas. Respecto a la aplicación del Decreto Nº 6209/99 cabe señalar que dicha reglamentación, se halla establecida para aquellos casos en que el IVA se liquida de acuerdo al método generar de impuesto contra impuesto, que no corresponde al caso de autos. Respecto a la Resolución Nº 259/99, cabe expresar que resulta inaplicable en razón de que una disposición administrativa no puede modificar lo establecido en la ley, específicamente en el Art. 255 y su Decreto Reglamentario Nº 16.193/93, transcriptos más arriba.

Por lo demás ,1a parte recurrente no ha objetado el monto de 603.416.007 Gs. pagados por la actora en concepto de IVA; en estas condiciones, solo resta reconocer el derecho de la actora a acceder a la devolución del dinero pagado indebidamente o utilizar del mecanismo del Certificados de Crédito Tributario endosables, a fin de poder dar una solución a la situación de injusticia creada al haberse gravado indebidamente los bienes y servicios en la etapa anterior, debiendo por ello confirmarse la sentencia recurrida. En cuanto a las costas corresponde imponerlas a la perdidosa, por haberse opuesto sin mayor fundamento a la devolución de una importante suma de dinero percibido indebidamente y de conformidad con el principio establecido en el Art. 192 del C.P.C.

A su turno los Dres. WILDO RIENZI GALEAMO y JOSE ALTAMIRANO, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los Sres. Magistrados por ante mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue de inmediato.

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 131

Asunción, 21 de marzo del 2.005

VISTOS: Los méritos del acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

DESESTIMAR el recurso de nulidad por improcedente.

CONFIRMAR la S.D. Nº 130 del 27 de Agosto del 2.002, con costas.

ANOTAR, registrar, y remitir copia a la Corte Suprema de Justicia.

José V. Altamirano
Ministro C.S.J.

Wildo Rienzi Galeano
Ministro

Alicia Pucheta de Correa
Ministro

Ante mí:

Alejandrino Cuevas Cáceres
Secretario

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