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ACUERDO Y SENTENCIA Nº 1.099/06

CONSORCIO INGAER S.A. - DECYPAR S.A. C/ EXPEDIENTES Nº D-956 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2005 Y SET N° 1.834 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2005 DE LA SUB SECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN (MH).

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Veinte y Siete días del mes de Setiembre del dos mil seis, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Miembros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. WILDO RIENZI GALEANO, SINDULFO BLANCO Y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, bajo la presidencia del primero de los nombrados, por ante mi el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente, caratulado: "CONSORCIO INGAER S.A. - DECYPAR S.A. C/EXPEDIENTES N° D-956 DE FECHA 10 DE MAYO DE 2005 Y SET N° 1.834 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2005 DE LA SUB SECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN (M.H.)", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos por las partes, contra el Acuerdo y Sentencia N° 2 de fecha 14 de Febrero de 2006, emanada del Tribunal de Cuentas - Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes de las cuestiones recurridas, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió exponer y votar las siguientes:

CUESTIONES:
Es nula la Sentencia Apelada?
En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: SINDULFO BLANCO, WILDO RIENZI GALEANO Y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA. A LA PRIMERA CUESTION FORMULADA, el Dr. BLANCO dijo: lo que respecta al Recurso de Nulidad las partes no fundaron el recurso citado. Asimismo, no se advierten vicios o defectos que autoricen a declarar de oficio la nulidad de la sentencia recurrida. Por lo tanto, debe tenérseles por desistidos a las partes litigantes del recurso de nulidad. Es mi voto.

A su turno, los Dres. RIENZI GALEANO Y PUCHETA DE CORREA, expresan que se adhieren al voto que antecede, por los mismos argumentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN, sigue diciendo: el Dr. BLANCO: El Acuerdo y Sentencia dictado por el Tribunal de Cuentas - Segunda Sala, resolvió: 1) HACER LUGAR a la presente Demanda Contencioso-Administrativa en estos Autos, por el "Consorcio Ingaer S.A.- Decypar S.A. c/ los Expedientes N° D-956/05 de fecha 10/05/05 y SET N° 1.834 del 26/08/05 por Denegatoria Ficta de la Sub Secretaría de Estado de Tributación (M.H) y, en consecuencia: 2) REVOCAR la Resolución Ficta proveniente de los Expedientes N° D-956/05 de fecha 10/05/05 y SET N° 1.834 del 26/08/05 de la Sub Secretaría de Estado de Tributación, dependiente del Ministerio de Hacienda, de conformidad y de acuerdo a los fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución. 3) DISPONER de la devolución de la suma demandada, más los accesorios legales: intereses o recargos, en la forma y plazo estipulados en el exordio de la presente Resolución, en Certificados de Crédito Tributario Endosables. 4) IMPONER las costas a la perdidosa.

Contra esta sentencia se alza el representante de la parte Demandada, solicitando la Revocatoria, argumentando que el Tribunal Inferior no tomó en consideración disposiciones de la Ley 125/91, como ser los Artículos 23°, 79°, 186° y 187°; Decretos Reglamentarios N° 6209/99 y N° 21299/03, así como consideraciones jurídicas de la legislación comparada en lo que respecta a la aplicación de la Ley Tributaria como Ley General y a la metodología de la aplicación de normas en el cumplimiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Asimismo expresa desconocer totalmente el monto reclamado por la adversa en virtud a la posición sustentada por la Administración Tributaria, argumentando que no corresponde la devolución del IVA al contribuyente.

Asimismo la Demandada, expresa su adhesión a lo dispuesto en el Acuerdo y Sentencia N° 2 del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, con relación a que su defendida no debe ser sancionada con ninguna multa, conforme disposiciones de las Leyes Tributarias vigentes.

Por su parte, la actora se agravia específicamente contra lo no concedido por el Tribunal de Cuentas - Segunda Sala, en lo que respecta a la imposición de intereses punitorios, establecidos en el Apartado 2º del Art. 171° de la Ley 125/91, en lo referente a la Sanción, de una Multa a calcularse sobre el importe del Tributo no pagado en término, donde se establece un porcentual según el tiempo transcurrido en la demora para hacer efectiva la obligación alegando que la Administración Tributaria ha incurrido en Mora, al no expedirse en tiempo y forma, a la solicitud de Repetición de Pago Indebido de Impuestos (Art. 217° al 223° - Ley 125/91).

Examinados los extremos insertos en el Juicio y situando las controversias en una posición adecuada para su resolución, corresponde llevar a cabo un compendio de los elementos que involucran a las cuestiones expuestas: La firma Consorcio Ingaer S.A.- Decypar S.A. participó de una Licitación Pública Internacional, en la cual salió adjudicada para la Ejecución de la Obra "Corredor de Integración Paraguay - Bolivia" aprobado por el Decreto N° 15.035 (18/10/01), obra financiada por la Corporación Andina de Fomento (CAF) a través de un préstamo suscrito con el Gobierno de la República del Paraguay aprobado por Ley N° 1684/01. El Acuerdo de Préstamo, ratificado por Ley del Parlamento Nacional, estipula claramente entre una de sus condiciones que los fondos provenientes del financiamiento en ningún caso podrán ser utilizados para el pago de Impuestos, Tasas, Importación de Bienes o Adquisición de Activos Fijos (Cláusula N° 22 de la utilización de los recursos y bienes - párrafo 2do.). Amparándose en la Ley y Decretos citados en los párrafos anteriores y en las normativas previstas en los Artículos 163°, 217°, 222° y 223° de la Ley 125/91, la Actora recurrió ante la Sub Secretaría de Estado de Tributación, solicitando la devolución del Impuesto al Valor Agregado abonado en concepto de pago por los bienes y servicios utilizados para el cumplimiento del contrato suscrito con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para la realización de la Obra Pública ya citada, ascendiendo el monto a la suma de (Gs. 1.176.661.872) Guaraníes un mil ciento setenta y seis millones seiscientos sesenta y un mil ochocientos setenta y dos, correspondiente a períodos fiscales de Enero a Diciembre del año 2004. No habiendo obtenido respuesta favorable, interpuso los recursos correspondientes ante el Tribunal de Cuentas - Segunda Sala, revocándose en ésta instancia la Denegatoria Ficta de los Expedientes N° D - 956/05 de fecha 10/05/05 y SET N° 1.834 del 26/08/05 tramitados ante la Sub Secretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. En el caso de autos, el Convenio suscripto por la Corporación Andina de fomento (CAF) y el Estado Paraguayo ha sido aprobado por la Ley N° 1684/01 y en ella establece que los fondos proveídos por dicho organismo, vía Contrato de Préstamo, no pueden ser utilizados para el pago de Impuestos y Tasas, sobre bienes y servicios o sobre la importación, fabricación, adquisición o suministro de los mismos. Esta normativa con rango de tratado, se encuentra sobre cualquier otra Ley, Decreto o Resolución en materia de Impuestos, razón por la cual las disposiciones de la Ley 125/91 y Normas Reglamentarias, sólo resultan aplicables en la medida que no afectan las prerrogativas establecidas en el mencionado tratado, de conformidad a lo claramente establecido por el Artículo 137° C.N.

Asimismo, la propia Ley 125/91 en su articulo 255°, dispone que las exoneraciones establecidas en las Leyes particulares de Obras Públicas, así como las contempladas en los Acuerdos, Convenios y Tratados Internacionales, no se hallan derogadas y continúan vigentes, en el momento de la implementación de la obra contratada. El Decreto N° 16.183/93 que reglamenta el mencionado Artículo 255°, señala: "Cuando las obras públicas sean financiadas por intermedio de Convenios o Acuerdos Internacionales en los cuales se establecen que los recursos cedidos por el Organismo correspondiente, no pueden ser imputados al pago de Impuestos por parte de los ejecutores del Proyecto, ya sean éstos agencias gubernamentales o entidades autárquicas, se considerará que los referidos acuerdos constituyen una exoneración e integran las leyes particulares de obras públicas y por lo tanto, se encuentran comprendidas en el Artículo 255° de la Ley 125/91".

No obstante, en el caso que nos ocupa, en razón de la estructura técnica del Impuesto al Valor Agregado que tiene carácter plurifásico y no acumulativo, el contratista se encuentra obligado a pagar dicho Impuesto al adquirir los bienes y abonar los servicios necesarios para la ejecución de la Obra, pero sin poder trasladar esa carga al consumidor final, generándose a su favor un crédito por pago indebido, que debe ser reconocido por las razones jurídicas explicitadas y en cumplimiento del Convenio aprobado por la Ley N° 1.684/01.

Vistas las Leyes citadas y tomando en consideración el principio del orden jerárquico establecido en la Constitución Nacional (Art. 137°), somos del parecer que corresponde ratificar, la revocación de la Denegatoria Ficta insertas en los Expedientes N° D-956 de fecha 10/05/05 y N° SET 1.834 del 26/08/05.

En lo que respecta al agravio manifestado, tanto por la Actora como por la Demandada, referente a la aplicación de intereses punitorios, vale el siguiente análisis: la Mora en la que ha incurrido la Administración Tributaria por no haber contestado en tiempo y forma el petitorio del contribuyente en los plazos establecidos por la Ley 125/91, estipulan en su Art. 171° la aplicación de dos sanciones. El interés pecuniario o resarcitorio es una indemnización debida como compensación o reparación por el uso de un Capital ajeno, cuyo derecho de crédito se ve lesionado por no satisfacerse el compromiso o pago en el plazo establecido; tanto en cuanto la multa o interés moratorio tiene por finalidad penalizar al infractor, por haber infringido la Ley o los Acuerdos convenidos. La Ley 2.421/04 de Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal, estipula asimismo en su Artículo 88° apartado 7: "que la Mora en la devolución por parte de la Administración, dará lugar a la percepción de intereses moratorios a la misma tasa que aplica la Administración Tributaria en los casos de Mora". Razón por la cual entendemos que debe ser aplicada una multa de (14%) catorce porciento debido al tiempo transcurrido, sobre lo solicitado en Repetición de Pago y que no fue objetado por la demanda en lo referido al monto, sino en su derecho. Con relación a los intereses pecuniarios o recargos, entendemos que debe ser aplicada la tasa de (3,5%) tres y medio porciento mensual, conforme al Decreto Nº 2062/04, hasta el 28/02/06 y el porcentaje del (2,5%) dos y medio por ciento mensual desde el 01/03/06, conforme a la vigencia del nuevo Decreto N° 6904/05 que reglamenta el tema en la materia; ambas liquidaciones sobre el importe solicitado en Repetición de Pago, desde la fecha del reclamo correspondiente (10/05/05) hasta el día del pago final del capital y los accesorios legales.

En cuanto a las costas corresponde imponerlas a la perdidosa, por haber litigado sin los soportes jurídicos adecuados en la defensa de sus intereses, teniendo en consideración la existencia de otros fallos jurisdiccionales análogos, al tema planteado.
A SU TURNO la Dra. ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, dijo: Me adhiero al voto del ilustre colega y compañero de Sala Dr. Sindulfo Blanco y agrego: En el caso concreto de autos se solicita la devolución del monto pagado en concepto de IVA, por LA FIRMA INGAER a la Sub Secretaria de Estado de Tributación.

La firma INGAER  había firmado un contrato internacional por el cual se le exoneró el pago del IVA que fueron abonados en compras de bienes y servicios en el proyecto corredor PARAGUAY - BOLIVIA, aprobado por Ley Nº 1684/01 (FS. 49), cuya ejecución esta a cargo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

El pedido fue rechazado por la Administración Pública, basándose su argumento en el Decreto 6309/99, aclarando que la empresa que realiza obras públicas con financiación de organismos internacionales, deberán clasificar el IVA en tales operaciones exentas como gastos deducibles de periodos, sin que ello implique devolución en ningún caso. Este Decreto fue derogado por otro Decreto Nº 21299/03 de fecha 10 de julio de 2003.

La Ley N° 1684 en su Cláusula 22 expone: Utilización de los recursos y los bienes: Inc. II. Los recursos del préstamo deben ser utilizados solamente para los fines previstos en el contrato, no podrá ser utilizado para eI pago de tazas e impuestos. La Agenda N° 2/2002 corrige el pliego de pase y condiciones dispone concretamente: "El estado reconocerá el IVA que afecta al componente local del convenio y que el componente externo del mismo deberán ser facturado sin IVA”. La Ley 125/91 Art. 255 " Que Establece el Nuevo Régimen Tributario" prescribe como excepción al pago del IVA, las exoneraciones previstas en las leyes particulares de Obras Públicas y las contempladas en Acuerdos, Convenios y Tratados Internaciones".

El Decreto Nº 16.183, "Por el cual se determina que las obras Públicas financiados por Acuerdos o Convenios Internacionales integran las leyes particulares de obras Públicas previstas en el Art. 255 de la Ley 125/91". El Artículo 1 dispone: "Cuando las obras públicas sean iniciadas por intermedio de convenios o acuerdos internacionales en los cuales se establece que los recursos cedidos por el organismo internacional correspondiente no pueden ser imputados al pago de impuestos por parte de los ejecutores del proyecto, ya sean estas agencias gubernamentales o entidades jerárquicas, se considera que los referidos acuerdos constituyen una exoneración e integran las leyes particulares de obras públicas y por lo tanto se encuentran comprendidas e integran las leyes particulares de obras públicas y por lo tanto se encuentran comprendidas en el Artículo 255 de la Ley 125/91". Teniendo en cuenta los antecedentes de autos se llega a la conclusión de que la Sub Secretaria de Estado de Tributación baso su Resolución Administrativa en un Decreto derogado (Nº 6209/99), debiendo aplicar el Decreto 21299/03 -vigente en ese momento-, además este mismo decreto señala que debe ser aplicado el Artículo 255 de la Ley 125/91 para la devolución del impuesto del valor agregado a través de certificados de créditos fiscales. En este mismo sentido esta Sala Penal se ha pronunciado con anterioridad conforme al Acuerdo y Sentencia Nº 130 de fecha 27 de agosto de 2002.- Es mi voto.

A su turno el Dr. WILDO RIENZI GALEANO, manifiesta que se adhiere a los votos que anteceden por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando los Excelentísimos Ministros por ante mi de que certifico, quedando acordada la sentencia que sigue de inmediata.

ACUERDO Y SENTENCIA N° 1.099

Asunción, 27 de Setiembre del 2.006.-

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

TENER, por desistido a los recurrentes del Recurso de Nulidad.

MODIFICAR, el Acuerdo y Sentencia N° 2 del 14/02/06 del Tribunal de Cuentas - Segunda Sala, con costas a la perdidosa.

DISPONER, la liquidación de los Accesorios Legales (intereses o recargos y multas), en la forma y plazo estipulado en el exordio de la presente Resolución, abonándose los mismos juntamente con el importe solicitado en Repetición de Pago, todos en Certificados de Crédito Tributario Endosables, dentro de los (30) treinta días de emitida la presente Resolución.

ANOTAR, registrar y remitir copias.

Alicia Pucheta de Correa
Ministro

Wildo Rienzi Galeano
Ministro

Sindulfo Blanco
Ministro

Ante mí:

Abog. Karinna Penoni de Bellassai
Secretaria

(OS)

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