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ACUERDO Y SENTENCIA Nº 531/10

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “VIRGILIO CABALLERO C/ ARTS. 16, 17 Y 143 DE LA LEY N° 1626/2000; LEY N° 700/96 Y ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEYES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DE LA NACIÓN DE LOS AÑOS 2008 Y 2009”.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Ocho días del mes de Noviembre del año dos mil diez, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Presidente y Doctores ANTONIO FRETES y SINDULFO BLANCO, quien integra la Sala en reemplazo del Doctor JOSÉ V. ALTAMIRANO AQUINO, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “VIRGILIO CABALLERO C/ ARTS. 16, 17 Y 143 DE LA LEY N° 1626/2000; LEY N° 700/96 Y ART. 251 DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LEYES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS DE LA NACIÓN DE LOS AÑOS 2008 Y 2009”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Sr. Virgilio Caballero, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado.-

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:-

CUESTION:

 ¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?

A la cuestión planteada el Doctor NÚÑEZ RODRÍGUEZ dijo: El señor Virgilio Caballero por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, se presenta a promover Acción de Inconstitucionalidad contra los Arts. 16, 17 y 143 de la Ley N° 1626/2000, Ley N° 700/96 y Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Leyes del Presupuesto General de Gastos de la Nación de los años 2008 y 2009, por violación de los Arts. 14, 17, 46, 47, 86, 92, 93, 94, 101, 102, 103, 119, 132 y 137 de la Constitución Nacional.

El Art. 16 inc. f) de la Ley 1626/2000 dice: “Están inhabilitados para ingresar a la función pública, así como para contratar con el Estado: a)... b)...c)... d)... e)... f) los jubilados con jubilación completa o total de la administración pública”. Y el Art. 17 de la misma Ley dispone: “El acto jurídico por el que se dispuso el ingreso a la función pública en transgresión a la presente ley o sus reglamentos será nulo, cualquiera sea el tiempo transcurrido. Los actos del afectado serán anulables, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiera corresponder a los responsables del nombramiento…”. Y el Artículo 143 de dicha ley dispone: “Los funcionarios que se hayan acogido al régimen jubilatorio no podrán ser reincorporados a la administración pública...”.-

Por su parte, el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa dispone: “Los jubilados que vuelvan a ocupar un empleo o cargo público rentado, fuese nacional o municipal, sin excepción, deberán optar entre la jubilación o la remuneración del cargo o empleo que acepten ingresando a los fondos de jubilaciones y pensiones el importe de la retribución que dejen de percibir”.-

El accionante ha acreditado la legitimación activa para demandar la impugnación de las disposiciones citadas, acompañando constancia del Decreto N° 12.911 de fecha 23 de enero de 1.980, dictada por el Poder Ejecutivo por el cual se concede pase a retiro al Insp. Mayor de Orden Público de la Policía de la Capital, señor Virgilio Caballero Retamozo. Alega que las disposiciones impugnadas lesionan sus derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional en los Arts. 46 (de la igualdad de las personas), 47 (de las garantías de la igualdad), 92 (de la retribución del trabajo), 109 (de la propiedad privada), 86 (del derecho al trabajo) y 88 (de la no discriminación). Arguye que las citadas normas legales conculcan su derecho a acceder a un cargo de la Función Pública por el hecho de haber obtenido la declaración de su derecho a la jubilación por los años de servicios al Estado, lo cual no solo es violatorio del Art. 86 de la C.N. que garantiza el derecho a un trabajo lícito a todos los habitantes de la República, contraviniendo la prohibición de toda discriminación contemplada en el Art. 88 cuando que el imperio del Art. 47 inc. 3, se garantiza el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad.-

La acción debe prosperar.-

En el caso de autos se plantea la situación del funcionario público pasivo (jubilado) que se ve imposibilitado de volver a ocupar un cargo a servicio del Estado. La cuestión fáctica expuesta, guarda relación con la aptitud legal para desempeñar función pública, a los que gozasen de jubilación obtenida mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para conseguir dicho beneficio.-

En relación con las condiciones requeridas para tener acceso a la función pública, el Art. 47 de la Constitución establece: “El Estado garantizará a todos los habitantes de la República: 1)..., 2)…., 3) la igualdad para el acceso a las funciones públicas no electivas, sin más requisitos que la idoneidad, y...”. Por su parte, la Ley de la Función Pública establece en su Art. 15 el procedimiento a seguirse en el proceso de demostración de la idoneidad profesional del interesado en tener acceso a la función pública. Consecuentemente, siendo la idoneidad el único requisito exigido al interesado a prestar sus servicios al Estado, no es admisible ninguna otra exigencia, sin quebrantar el referido principio de igualdad.-

Por otro lado, se conculcaría el derecho al trabajo, que es erigido a la categoría de un verdadero derecho humano, que el Estado tiene la obligación de respetar, conforme a diversos documentos internacionales, de los cuales la República del Paraguay es signatario, y en consecuencia, se halla obligado a cumplir. Así mismo, el Art. 105 de la Constitución prohíbe la doble remuneración del funcionario público al establecer que ninguna persona podrá percibir como funcionario público, más de un sueldo o remuneración simultáneamente, con excepción de los que provengan de la docencia. La norma constitucional mencionada es sumamente clara y no ofrece ninguna duda. Pero se refiere a la doble remuneración del empleado público en servicio activo y no pasivo (jubilado), estableciendo en forma precisa una excepción al referirse al salario que provenga de la docencia.-

Así también, el Art. 88 de la Constitución Nacional establece: “No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, de edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales…”. Sin embargo, la disposición prevista en el Art. 143 de la Ley N° 1626/2000, contempla una discriminación del jubilado con relación a los demás funcionarios públicos, cuando que el único requisito para acceder al cargo es la “idoneidad”.-

Ahora bien, con relación a la Ley N° 700/96, en la que el accionante se agravia expresando que dicho cuerpo legal, también establece la prohibición de doble remuneración a los funcionarios públicos, afectando esto, a sus haberes jubilatorios, considero que no se denota inconstitucionalidad alguna, pues ésta solo reglamenta el Art. 105 de la Constitución Nacional, haciendo alusión solo a los funcionarios públicos en servicio activo, y no a quienes se encuentren bajo los beneficios del régimen jubilatorio.-

En cuanto a las Leyes de Presupuesto atacadas de inconstitucionalidad, considero que no procede su análisis pues el accionante no ha consignado de qué manera afecta a sus derechos.-

De las consideraciones expuestas precedentemente, resulta que las disposiciones contenidas en el Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa, Arts. 16 inc. f), 17 y 143 de la Ley N° 1626/2000 “DE LA FUNCIÓN PÚBLICA” devienen inconstitucionales por atentar contra los principios consagrados por la Ley Fundamental del Estado Paraguayo, ya mencionados, en razón de que la jubilación constituye un patrimonio del jubilado con carácter vitalicio y ninguna autoridad puede privarle de este beneficio.-

Por las consideraciones que anteceden y conforme al dictamen fiscal N° 641 de fecha 30 de abril de 2.009, corresponde hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida, declarando la inaplicabilidad del Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa, Arts. 16 inc. f), 17 y 143 de la Ley N° 1626/2000 “DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, en relación con el accionante. Es mi voto.-

A sus turnos los Doctores FRETES y BLANCO manifestaron que se adhieren al voto del Ministro Preopinante, Doctor NÚÑEZ RODRÍGUEZ, por los mismos fundamentos.-

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

SENTENCIA NÚMERO: 531.

Asunción, 08 de Noviembre de 2.010.

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:

HACER LUGAR parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida por el Sr. Virgilio Caballero y, en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y Arts. 16 inc. f), 17 y 143 de la Ley N° 1626/2000 “DE LA FUNCIÓN PÚBLICA”, en relación con el accionante, de acuerdo al Art. 555 del C.P.C.-

ANOTAR, registrar y notificar.-

Ante Mí:
Héctor Fabián Escobar Díaz (Secretario Judicial I).-
Víctor Manuel Núñez Rodríguez
Antonio Fretes

Sindulfo Blanco

 

(CZ)

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