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ACUERDO Y SENTENCIA Nº 553/10

"HÁBEAS CORPUS REPARADOR PRESENTADO POR EL DEFENSOR PUBLICO ABOG. DIEGO DUARTE CÉSPEDES A FAVOR DEL T. V. B.".

En Asunción del Paraguay, a los días veintitrés del mes de noviembre del año dos mil diez, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Penal, doctores SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA Y MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, ante mi, la Secretaria autorizante, se 1 acuerdo el expediente caratulado: "Hábeas Corpus REPARADOR PRESENTADO POR EL DEFENSOR PUBLICO ABOG. DIEGO DUARTE CÉSPEDES A FAVOR DEL T. V. B.", a fin de resolver la garantía planteada, de conformidad al artículo 133 de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500/99.-

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, resolvió plantear la siguiente:

CUESTIÓN:

ES PROCEDENTE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL SOLICITADA?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BLANCO, PUCHETA DE CORREA y BAJAC.-

A LA CUESTIÓN PLANTEADA, EL DR. BLANCO, DIJO: El Defensor Público Abog. Diego Duarte Céspedes, plantea Habeas Corpus Reparador a favor de T. V. B., con sustento en el artículo 19 y 133 núm. 2) de la Constitución Nacional y arts. 1, 3, 19 y concordantes de la Ley 1500/99. Como argumento central de su exposición, señala: "...mi representado T. V. B. fue imputado por la Agente Fiscal Viviana Riveros, en fecha 31 de julio de 2009, por la supuesta comisión del Hecho Punible de Abuso Sexual en Personas Indefensas previsto en el Artículo 130 del Código Penal, que establece un marco penal de hasta 3 años, y en caso de coito, aumenta hasta diez años de pena privativa de libertad. En virtud a lo que dispone el Artículo 38 del mismo cuerpo legal, la pena mínima prevista para dicho tipo penal es la de seis meses de privación de libertad. Que, por A.I. Nº 766 de fecha 01 de agosto de 2009, dictado por el Juzgado Penal de Garantías N° 5, que entendía en la causa, fue ordenada la Prisión Preventiva de T. V. B. en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Que en fecha 15 de febrero de 2010, la representante del Ministerio Público requirió ante dicho Juzgado, El Sobreseimiento Provisional de T. V. B.... Que, el Fiscal General Adjunto Jorge Sosa, rectificó el Requerimiento presentado por la agente fiscal interviniente y formuló Acusación contra mi defendido, solicitando que la conducta se subsumida dentro de lo que prevé el Artículo 128 (Coacción Sexual) en concordancia con el Artículo 29 inc. 1) del Código Penal... el Juzgado Penal de Garantías N° 5 resolvió, por A.I. N° 564 de la misma fecha, elevar la causa ajuicio oral y público, calificando provisionalmente los hechos dentro de lo establecido por el Artículo 128 de la Ley de Fondo... a la fecha se cumplen 1 año, 3 meses y 8 días de la privación de libertad de T. V. B. bajo el régimen de la Prisión Preventiva, considerando que se encuentra recluido desde 01 de Agosto de 2.009, superando ampliamente la pena mínima prevista para el hecho punible que le atribuye (6 meses)..." (sic).

Concluye su escrito solicitando se haga lugar al Habeas Corpus Reparador en razón de haber compurgado en prisión preventiva la pena mínima para el ilícito que se le investiga al incoado.

Habiéndose procedido a la sustanciación del Hábeas Corpus, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, solicitó al Juez Penal Víctor Medina, un informe pormenorizado sobre las actuaciones y el estado procesal actual en relación al Sr. T. V. B., en el marco del proceso penal que se le sigue al citado incoado, como así copias autenticadas de los documentos solicitados. Asimismo se solicitó informe al Director de la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, en relación al tiempo exacto de reclusión en dicha dependencia del Sr. T. V. B. y en el marco de que causa penal.

En respuesta a lo solicitado, el Juez Penal de Sentencia N° 24 de la Capital, Abog. Víctor Manuel Medina, informa que el Sr. T. V. B., fue imputado por la Agente Fiscal Abog. Viviana Patricia Riveros, en fecha 31 de julio de 2009; en fecha 12 de febrero de 2010 la Agente Fiscal interviniente solicita el Sobreseimiento Provisional del imputado; en fecha 30 de abril de 2010 el Agente Fiscal Jorge Sosa García, Rectifica, formula acusación y solicita la elevación a Juicio Oral y Público; en fecha 27 de julio de 2010 en ocasión de llevarse a cabo la Audiencia Preliminar se resolvió elevar la causa a Juicio Oral y Público, ratificando la prisión preventiva decretada contra el incoado por A.I. N° 766 de fecha 1 de agosto de 2.009.

En cuanto a la calificación al hecho punible atribuido: Abuso en Personas Indefensas, tipificado en el art. 130 inc. 1º y 2º del Código Penal en concordancia con el art. 29 inc. 1º del mismo cuerpo legal.

En relación al tiempo de reclusión señala que por Resolución N° 93 fue ordenada su detención por la Agente Fiscal interviniente, y decretada su prisión en fecha 01 de agosto de 2009 por A.I. N° 766 dictado por la Juez Penal de Garantías, Abog. María Griselda Caballero.

Informa también que la causa penal que se le sigue al Sr. T. V. B., se encuentra pendiente de Juicio Oral y Público a desarrollarse en fecha 21, 24 y 25 de octubre de 2011.-

Asimismo, remite copias autenticadas de las resoluciones recaídas en la causa investigada en donde resalta el Auto de Apertura de Juicio Oral y Público A.I. N° 564 de fecha 27 de julio de 2010, donde se resolvió Admitir la Acusación presentada por el Ministerio Público contra el acusado T. V. B., por el Hecho Punible de Coacción Sexual (art. 128, en concordancia con el Artículo 29 inc. 1° del Código Penal) y elevar la causa a Juicio Oral y Público.

Por su parte, el Director Interino de la Penitenciaria Nacional, informa que el Sr. T. V. B., ingresó a la Institución Penitenciaria en fecha 01 de agosto de 2.009, por orden del Juzgado Penal de Garantías N° 5 dictada en la causa: "T. V. B. S/ ABUSO SEXUAL EN PERSONAS INDEFENSAS".

Como medida de mejor proveer, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, ofició al a Juzgado de Sentencia N° 24, a fin de que se sirva remitir la causa caratulada: "T. V. B. S/ ABUSO SEXUAL En PERSONAS INDEFENSAS", por el plazo de 48 horas.-

En relación a lo solicitado se remitió a esta Sala Penal, la causa caratulada: T. V. B. S/ ABUSO SEXUAL EN PERSONAS INDEFENSAS", donde el Juez Víctor Mantel Medina, RECTIFICA el informe de la Actuaria Olga Villalba Mendieta, en relación a la calificación del Hecho Punible investigado al acusado, quedando establecido en COACCIÓN SEXUAL (ART. 128 EN CONCORDANCIA CON EL ART. 29 INC. 1o DEL CÓDIGO PENAL.

La Constitución Nacional, en su artículo 133 establece la garantía del Habeas Corpus, disponiendo cuanto sigue: (...) El Habeas Corpus podrá ser: "...2.- Reparador: en virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad podrá recabar la rectificación de las circunstancias del caso. El magistrado ordenará la comparecencia del detenido, con un informe del agente publico o privado que lo detuvo, dentro de las veinticuatro horas de radicada la petición. Si el requerido no lo hiciese así, el Juez se constituirá en el sitio en el que se halle recluida la persona, y en dicho lugar hará juicio de méritos y dispondrá su inmediata libertad, igual que si se hubiese cumplido con la presentación del detenido y se haya radicado el informe. Si no existiesen motivos legales que autoricen la privación de su libertad, la dispondrá de inmediato; si hubiese orden escrita de autoridad judicial, remitirá los antecedentes a quien dispuso la detención." En igual sentido, el artículo 19 de la Ley 1500/99, dispone: "Procederá el habeas corpus reparador en los casos en que se invoque la privación ilegal de la libertad física de una persona".

En entrando en materia de análisis, los fundamentos del accionante pueden resumirse en que el tiempo que guarda recluido en concepto de prisión preventiva ha sobrepasado en exceso la pena mínima del hecho punible investigado.

En primer término cabe destacar que los presupuestos legales del Habeas Corpus Reparador requieren la presencia de una ilegalidad en la privación de libertad de la persona, en otras palabras, la restricción de libertad debe provenir de una persona física o jurídica, pública o privada, que no tiene competencia para ordenar medidas de esa naturaleza en directo atentado a lo dispuesto por los art. 12, 16 y 17 de la Constitución Nacional.

La Constitución Nacional dispone en su "...art. 12: De la Detención y del arresto. Nadie será detenido ni arrestado sin orden escrita de autoridad competente, salvo caso de ser sorprendida en flagrante comisión de delito que mereciese pena corporal. Toda persona tiene derecho a: ...inc. 5) que sea puesta en un plazo no mayor de veinticuatro horas, a disposición del magistrado judicial competente, para que éste disponga cuando corresponda en derecho".
La norma constitucional puede desdoblarse de la siguiente manera, una primera parte que dispone: cuando una persona es privada de libertad lo debe ser por orden de una autoridad competente para ello _Fiscal o Juez_ (regla general), salvo caso de flagrancia (excepción). En una segunda parte, la regla es única y estricta, sin excepciones: una vez privada de su libertad, debe necesariamente ser puesta a disposición de un magistrado judicial competente _en este caso un Juez Penal_

La previsión constitucional implica de esta manera la garantía de un control judicial de las actividades desplegadas por las autoridades en su tarea de prevenir y reprimir los hechos punibles_ Policía Nacional y Ministerio Público_, para evitar de esta manera afectaciones arbitrarias a la libertad de las personas.

En el presente caso, la privación de libertad que soporta el Sr. T. V. B., dictada en esta causa, ha sido dispuesta por un Juez competente, en el marco de una causa que se le sigue por una conducta atentatoria contra el ordenamiento jurídico. No obstante ello, el cuestionamiento radica, no sólo en la ilegalidad de la medida cautelar dispuesta, sino en su extensión temporal, en cuanto que se ha excedido el límite legal aplicable a su representado.

Ahora bien, el planteo de la defensa encuentra sustento principal en la duración de la privación de libertad, en cuanto a los parámetros establecidos por la Constitución Nacional en su art. 19 determina: "...La prisión preventiva sólo será dictada cuando fuere indispensable en las diligencias del juicio. En ningún caso la misma se prolongará por un tiempo mayor al de la pena mínima establecida para igual delito, de acuerdo con la calificación del hecho efectuado en el auto respectivo." -

En ese orden de cosas, en primer término debe centrarse el estudio en la calificación realizada al hecho investigado y que involucra al acusado. Efectivamente, conforme a las constancias de autos, en la causa "T. V. B. S/ ABUSO SEXUAL/EN PERSONAS INDEFENSAS" ha sido admitida la Acusación Fiscal por AI. Nº 564 de fecha 27 de julio de 2010, por el Hecho Punible de "Coacción Sexual" establecida en el art. 128 del CP. y, donde se le ACUSA al Sr. T. V. B. de coaccionar a su hermana menor G.V. de 15 años a mantener relaciones sexuales (coito) con él. Así también, surge como fecha de comisión del hecho el día 25 de julio de 2.009, conforme a la imputación fiscal.

Que, a la fecha de comisión del supuesto hecho se encontraba en plena vigencia la Ley 3440/08 que modifica varias disposiciones del Código Penal, entre ellas, el referido art. 128 el cual quedó redactado cuanto sigue: "Coacción sexual y violación, 1.- El que, mediante fuerza o amenaza con peligro presente para la vida o la integridad física, coaccionara a otro a padecer en su persona actos sexuales, o a realizar tales actos en sí mismo o con terceros, será castigado con pena privativa de libertad de hasta diez años. 2.-Cuando la víctima haya sido violada, coaccionándosela al coito con el autor o con terceros, la pena privativa de libertad será de tres a doce años. 3.-Cuando la víctima del coito haya sido una persona menor de dieciocho años de edad, la pena privativa de libertad será de tres a quince años. 4.- La pena podrá ser atenuada con arreglo al artículo 67 cuando de la relación de la víctima con el autor, surgieren considerables circunstancias que lo ameriten. 5.- A los efectos de esta Ley se entenderán como: 1. actos sexuales, aquellos destinados a excitar o satisfacer los impulsos de la libido, siempre que respecto a los bienes jurídicos protegidos, la autonomía sexual y el desarrollo sexual armónico de niños y adolescentes, sean manifiestamente relevantes; 2. actos sexuales realizados ante otro, aquellos en el sentido del numeral anterior que el otro percibiera a través de sus sentidos.".

Ahora bien, conforme a la precedente calificación, como segundo punto, debe estarse a lo dispuesto por el tipo penal en cuanto a la expectativa de pena mínima que como sanción pudiera imponerse al procesado en caso de condena por el hecho investigado. En el caso de autos, la víctima del hecho punible denunciado resulta ser una menor de edad, y en tal sentido, el tipo penal señalado Coacción Sexual, en su inc. 3o establece que cuando la victima es una menor de edad la sanción prevista como marco mínimo es de 3 (tres) años y una máxima de 15 (quince) años.

En ese orden de cosas, el Sr. T. V. B., se encuentra privado de su libertad desde fecha 30 de julio de 2009, y teniendo presente el plazo descrito precedentemente se tiene que el citado acusado ha estado privado de su libertad por un plazo total de 1 AÑO y 3 MESES Y 9 DÍAS al momento de la presentación del Habeas Corpus Preventivo, motivo por el cual y atendiendo a la calificación y las disposiciones citadas, la pena mínima que se espera imponer para el eventual caso de sentencia de condena no se ha sobrepasado, por lo que no corresponde el levantamiento de la medida cautelar de privación de libertad.

En conclusión: T. V. B. se encuentra actualmente privado de libertad por un plazo que en total no supera la pena mínima establecida para el tipo penal por el cual se halla acusado, cuyo marco penal va de tres años como mínimo a quince años como máximo, por consiguiente la privación de libertad que se halla cumpliendo el aludido prevenido, no ha alcanzado el límite para la pena mínima establecida conforme a la legislación aplicable, por tal motivo, no habiendo superado la duración de la prisión preventiva el mínimo de la pena que le pudiera ser impuesta (tres años), corresponde rechazar el hábeas corpus reparador.

Bajo las consideraciones que anteceden, debe desestimarse el habeas corpus reparador planteado, por NO haber cumplido el procesado T. V. B. en prisión preventiva la pena mínima que pudiera corresponderle, con sustento en el art. 19 de la Constitución Nacional, los arts. 236 y 252 inc. 2 del C.P.P., 5 y 19 de la Ley 1500/99. Es mi voto.

A su turno los Doctores ALICIA PUCHETA DE CORREA y MIGUEL ÓSCAR BAJAC, manifiestan que se adhieren al voto del preopinante por sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE. todo por ante mí, que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

SENTENCIA Nº 553

Asunción, 23 de noviembre de 2010.

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL
RESUELVE:

1) RECHAZAR EL HABEAS CORPUS REPARADOR, presentado en estos autos por el Defensor Público Abog. Diego Duarte Céspedes, a favor de T. V. B., conforme a los fundamentos de la presente resolución.-

2) NOTIFICAR al peticionante lo resuelto.

3) ANOTAR, registrar.

Ante mí:
Karina Penoni de Bellassai – Secretaria
Sindulfo Blanco
Alicia Beatriz Pucheta De Correa

Miguel Oscar Bajac Albertini

 

 

(CZ)

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