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ACUERDO Y SENTENCIA Nº 230/11

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “CRISOL Y ENCARNACIÓN FINANCIERA S.A. (CEFISA) C/ SAMUEL FRETES ORTELLADO Y OTROS S/ PRIVACIÓN DE EFICACIA”.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Diez y nueve días del mes de Mayo del año dos mil once, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor ANTONIO FRETES, Presidente y Doctores GLADYS BAREIRO DE MÓDICA y VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Miembros, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: “Crisol y Encarnación Financiera S.A. (CEFISA) c/ Samuel Fretes Ortellado y otros s/ privación de eficacia”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abogado Rubén Contreras Miranda, en representación de Ramón Eulogio Rodríguez Paiva.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:

CUESTION:
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?.

A la cuestión planteada el Doctor FRETES dijo: Que el Abogado Rubén Contreras Miranda, en representación de Ramón Eulogio Rodríguez Paiva, promueve acción de inconstitucionalidad contra el A.I.Nº 0431/06/01 de fecha 06 de Julio de 2006, dictado por el Tribunal de Apelación, Primera Sala, de la Circunscripción Judicial de Itapúa, en los autos mencionados más arriba.

1.- La resolución objeto de la presente acción resolvió tener por desistido del recurso de nulidad interpuesto y revocar, con costas, el A.I.Nº 3163/05/03 del 07 de Septiembre de 2005 dictado por el inferior; en consecuencia, hizo lugar, con costas, a la acción de privación de eficacia de documento y cumplimiento de la prestación promovida por Crisol y Encarnación Financiera S.A. (CEFISA) contra los Señores Samuel Fretes Ortellado, Ramón Eulogio Rodríguez Paiva y Juan Valiente. -

2.- Al fundamentar lo resuelto el Tribunal consideró, luego del análisis exhaustivo de las normas del Código Civil que regulan la materia, los argumentos del inferior y circunstancias de hecho relevantes, que “...si el pagaré era al portador y no a la orden, como en forma reiterada afirman los demandados, y, por ende, susceptible de ser transferido por la simple entrega del título, sin formalidad alguna, por qué razón el Sr. Juan Valiente endosó el pagaré en presencia de la Escribana Pública Olga Valentina Insaurralde para certificar su firma?? (fs. 8). Si era al portador, qué necesidad tenía el Sr. Fretes Ortellado de endosar el pagaré para trasferirlo a C.E.F.I.S.A.??. La forma en que los propios demandados han ido transmitiendo la propiedad del documento demuestra claramente que para ellos el título era o es a la orden. Ellos mismos le han dado el tratamiento propio de tales títulos. Las afirmaciones que hacen actualmente contradicen la doctrina de los actos propios, porque ellas no corresponden ni son coherentes con el tratamiento que brindaron con anterioridad al referido pagaré.- Que, en cuanto a la afirmación formulada en autos en el sentido de que dentro del contenido de la denuncia detallando los documentos sustraídos o robados no se encuentra especificado el pagaré de Gs. 40.000.000, ella es inconducente puesto que el procedimiento establecido en el Art. 1530 C.C. sirve para invalidar no solamente los documentos sustraídos o robados, sino también de títulos extraviados o destruidos.- Que, contrariamente a lo afirmado por el sentenciante, los integrantes de la Sala entienden que el título de crédito o pagaré que se pretende privarle de su eficacia circulatoria ha sido correctamente individualizado con las probanzas arrimadas por la parte actora. La naturaleza del título (pagaré), valor nominal (Gs. 40.000.000), fecha de vencimiento (2 de Febrero de 2005), nombre y apellido y firma del librador (Rodríguez Paiva) son indicaciones que de manera precisa permiten que el pagaré sea individualizado y ellas se hallan contenidas en la solicitud de operación de descuento (fs. 5 y vlto.); en la operación misma del descuento del pagaré (fs. 6/7), en la certificación de firma de fs. 8, en el reconocimiento realizado por los propios demandados (fs. 17/18 y 25/26), por lo que, a criterio de los mismos, la parte actora dio cumplimiento a los presupuestos necesarios para la procedencia de la acción y obtener, por tanto, la declaración de su privación de eficacia circulatoria en contra de todos, autorizando su pago transcurrido el plazo de 30 días de la publicación de la sentencia en un diario de gran circulación, teniendo en cuenta que ningún detentador del pagaré se ha presentado a formalizar oposición...”.

3.- Sostiene el accionante que la resolución contra la cual se interpuso la presente acción es arbitraria y vulnera principios de rango constitucional, individualizando al que hace al debido proceso, a la igualdad ante las leyes y el de supremacía de la Constitución; además de no ajustarse al deber de los magistrados de fundar sus resoluciones en la Constitución y en la ley.-

4.- En primer lugar es importante resaltar que la acción de inconstitucionalidad es una instancia excepcional y como condición para que sea acogida favorablemente, las resoluciones impugnadas deben contravenir o conculcar normas constitucionales en sí mismas. Si la interpretación de los juzgadores resulta de un examen razonado de los extremos fácticos y legales del caso en cuestión, más allá de que podamos estar o no de acuerdo con la conclusión a la que han arribado, no queda otra alternativa que el rechazo de la acción incoada. Ante la ausencia de alguna contravención a principios o derechos de jerarquía constitucional, reemplazar la interpretación que pudiera realizar esta Sala por la de los Tribunales inferiores tendría por efecto el de proceder al estudio del fondo de la cuestión, y equivaldría a constituirnos en una indebida tercera instancia. “La Corte Suprema de Justicia no puede desplegar una nueva labor interpretativa supliendo la efectuada por los Magistrados inferiores en ejercicio de sus facultades legítimas y conforme a un criterio razonable. Con eso se evita convertir a la acción de inconstitucionalidad en vía de acceso a una indebida Tercera Instancia.” (Acuerdo y Sentencia Nro. 12 del 18 de Febrero de 1998). -

5.- De las constancias obrantes en los autos principales y de conformidad a los fundamentos esgrimidos por los magistrados intervinientes, brevemente resumidos en los párrafos que anteceden, se puede concluir que los mismos han dictado las resoluciones recurridas luego de un minucioso, lógico y razonado examen de las normas legales referidas a los títulos al portador y al pagaré, así como las que regulan la privación de eficacia de los títulos de crédito, analizando posteriormente las circunstancias de hecho presentadas en el caso sometido a su estudio.

6.- La interpretación realizada no ha mermado ninguna de las garantías invocadas, en consecuencia la resolución impugnada se encuentra en concordancia con lo dispuesto en la Constitución y en la ley.

7.- Del análisis de los fundamentos expuestos por el accionante surge la pretensión de convertir a esta Sala Constitucional en un Tribunal de Tercera Instancia, revisando cuestiones que ya fueron objeto de debate y decisión en las instancias inferiores. En este sentido, es oportuno mencionar que esta Sala, en forma constante y uniforme, ha sostenido que la discrepancia con el criterio sustentado por los juzgadores no constituye argumento suficiente para la procedencia de una acción de la naturaleza en estudio, y menos aún cuando dichas interpretaciones no resultan antojadizas, o basadas en el sólo parecer de los magistrados. “El acierto o desacierto de los argumentos expuestos por los juzgadores, no puede ser revisado por esta Corte en tanto no existan interpretaciones o apreciaciones caprichosas, totalmente divorciadas de las constancias de la causa o de lo que las leyes establezcan al respecto” (Acuerdo y Sentencia Nro. 447/99). “La acción de inconstitucionalidad no es el campo establecido para reabrir el debate sobre cuestiones que han sido ampliamente consideradas, debatidas y resueltas en instancias inferiores conforme el leal saber y entender de los magistrados intervinientes, tanto más que no se advierte el coartamiento de ningún principio de orden constitucional que haya menguado las posibilidades del libre ejercicio de sus derechos por los litigantes” (Acuerdo y Sentencia Nro. 375 del 19 de septiembre de 1996). -

8.- Que fundado en lo expuesto, y oído el parecer del Ministerio Público, corresponde que la acción de inconstitucionalidad deducida sea desestimada por ser notoriamente improcedente, con costas. ES MI VOTO.

A su turno la Doctora BAREIRO DE MÓDICA dijo: El procedimiento en ambas instancias ha sido correctamente llevado. Las garantías constitucionales del debido proceso han sido respetadas y el Tribunal de Apelación fundó debidamente su resolución. La objeción del demandado, al poder presentado por la parte actora, debe ser rechazada, porque se trata de un poder general para asuntos judiciales y administrativos que habilita para presentar todo tipo de acciones. La impugnación de inconstitucionalidad se encuentra prevista como una acción en el Art. 550 del C.P.C. por lo que, en este caso, el apoderado se encuentra habilitado para el ejercicio de la acción. En la acción de inconstitucionalidad no corresponde estudiar el fondo de la cuestión, ni realizar un nuevo análisis de las pruebas, salvo que la interpretación de las normas sea manifiestamente arbitraria. Se pretende que la Corte Suprema de Justicia actúe en este caso como una tercera instancia. Por lo expuesto la acción de inconstitucionalidad debe ser rechazada. ES MI VOTO. -

A su turno el Doctor NÚÑEZ RODRÍGUEZ manifestó que se adhiere al voto del Ministro preopinante, Doctor FRETES, por los mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 230.-

Asunción, 19 de Mayo de 2.011.

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:

NO HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad deducida, por improcedente, con costas.

ANOTAR, registrar y notificar. -

Ante Mí:
Héctor Fabián Escobar Díaz (Secretario Judicial I).-
Antonio Fretes
Gladys Bareiro De Módica
Víctor Manuel Núñez Rodríguez

 

(cz)

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