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ACUERDO Y SENTENCIA Nº 322/11

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “CONTRA ARTS. 8 Y 18 DE LA LEY N° 2345/2003 Y ART. 6 DEL DECRETO Nº 1579/2004”.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los Seis días del mes de Junio del año dos mil once, estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores Ministros de la Sala Constitucional, Doctor ANTONIO FRETES, Presidente y Doctores VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ y MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, quien integra la Sala en reemplazo del Doctor JOSÉ V. ALTAMIRANO AQUINO, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: “CONTRA ARTS. 8 Y 18 DE LA LEY N° 2345/2003 Y ART. 6 DEL DECRETO Nº 1579/2004”, a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Sr. Rolando Alfonso Lugo y otros, por sus propios derechos y bajo patrocinio de abogado.-

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:-

CUESTION:
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?.-

A la cuestión planteada el Doctor NÚÑEZ RODRÍGUEZ dijo: 1. Los accionantes Rolando Alfonso Lugo, Pedro Ramón Álvarez Montanía, Julián Álvarez Recalde, Anselmo Aranda Maidana, Felipe Arzamendia, Santiago Antonio Ayala Pino, Hugo Eduardo Benítez, Reinaldo Benítez Duarte, Luciano Benítez López, Pablino Benítez López, Oscar Bernabe Caballero Cantero, Eduardo Cáceres Caballero, Ángel Gerino Carrillo Cuzarama, José Víctor Castillo, Francisco Solano Cristaldo Giménez, Wenceslao Antonio Cubilla Martínez, Valentín del Padre González, Mauro Domínguez Hidalgo, Ernan Domingo Duarte Coronel, Arcadio Enciso Villanueva, Liborio Ramón Ferreira Méndez, Ignacio Giménez Pino, Fortunato Antonio Galeano González, Manuel Godoy Britez, Antonio Gutiérrez, José Vicente Hermosa Báez, Edgar Marcelino Ibarra Jacquet, Ignacio Alberto Insaurralde, Marcial Leguizamón Villalba, Maximino Román López Barrientos, Ricardo Claudio López Sanabria, Inocencio Mareco González, Herminio Basilio Mareco Romero, Emeterio Martínez Acosta, Alexi Alfredo Martínez Balbuena, Heriberto Moreno Torres, Agripino Ortega Ojeda, Antonio Dionicio Piñanez Agüero, Teodosio Javier Recalde Sánchez, Francisco Rodríguez, Marcial Vidal Rodríguez, Roberto Román, Alfredo Silva Torres, Francisco Rubén Tande Duarte, Calixto Casimiro Torales Velázquez, Zunilda Valiente y Alberto Daniel Villarruel Domínguez, -miembros retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación- quienes se presentan por derecho propio y bajo patrocinio de abogado, acompañan a su presentación, los documentos que acreditan la calidad invocada. Los mismos impugnan los Arts. 8 y 18 inc. w) de la Ley 2345/2003 “DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO” y el Art. 6 del DECRETO DEL PODER EJECUTIVO N° 1579 de fecha 30 de enero de 2004.-

2. La citada normativa prescribe:

2.1. El Art. 8 de la Ley 2345/2003: “Conforme lo dispone el Artículo 103 de la Constitución Nacional, todos los beneficios pagados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, serán anualmente actualizados de oficio, de acuerdo con el promedio de los incrementos de salarios del sector público. La tasa de actualización tendrá como límite superior, la variación del Índice de Precios del Consumidor calculado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al periodo inmediatamente precedente. El Poder Ejecutivo reglamentará el mecanismo preciso a utilizar. Quedan expresamente excluidos de lo dispuesto en este artículo, los beneficios correspondientes a los programas no contributivos

2.2. El Art. 18 de la Ley 2345/2003 “A partir de la fecha de la publicación de esta Ley, quedan derogadas las siguientes disposiciones legales:…w) los Artículos 187, 192 numeral 2, 211, 217, 218, 219, 224 y 226 de la Ley 1115/97…”.-

2.3. El Art. 6 del Decreto del Poder Ejecutivo N° 1579 de fecha 30 de enero de 2004: “En todos los casos, la actualización de las jubilaciones, pensiones y haberes de retiro, se realizará de oficio en el mes de enero de cada año, multiplicando los haberes vigentes en el año anterior por un factor de aplicación general que se calculará como sigue: El factor de ajuste se calculará de la siguiente forma… En ningún caso el ajuste a aplicar podrá representar un porcentaje mayor que la inflación del año anterior, calculada por el Banco Central del Paraguay”.

3. En fallos anteriores esta Corte estuvo sosteniendo que la acción de inconstitucionalidad es a toda luz procedente, porque el Art. 103 de la Ley Suprema dispone que “la Ley” garantizará la actualización de los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad. Por tanto ni la ley, en este caso la Ley N° 2345/03, ni normativa alguna pueden oponerse a lo establecido en la norma constitucional transcripta, porque carecerán de validez en base a la prelación de nuestro sistema positivo (Art. 137 Cn).-

De ahí que al supeditar el Art. 8 de la Ley N° 2345/03, la actualización de todos los beneficios pagados por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones de forma ANUAL, crea una medida de regulación arbitraria, pues los aumentos podrían darse varias veces en el año, con lo cual los jubilados quedarían excluidos de tal aumento hasta el año entrante no prevista en la Constitución, en desigualdad de tratamiento con los salarios del conjunto de funcionarios activos.-

De igual manera, la actualización de los aumentos debe hacerse en igual proporción y tiempo que sucede respecto a los funcionarios activos, y no de acuerdo a la variación del índice de Precios del Consumidor calculados por el Banco Central del Paraguay, porque el mismo cálculo no siempre coincide con el promedio del aumento de los salarios fijados en forma definitiva por el Poder Ejecutivo, produciendo de este modo un desequilibrio entre los poderes adquisitivos de funcionarios pasivos, en relación con los activos.-

La igualdad de tratamiento contemplado en la norma constitucional implica que los aumentos resueltos por el Poder Ejecutivo a favor de los activos favorece de igual modo a los jubilados, a los cuales sus haberes debe actualizarse en igual porcentaje y tiempo que lo hace el Ministerio de Hacienda respecto a los activos. Debemos recordar que al funcionario activo aportante, cuando se produce un aumento salarial, su primer aumento va de forma íntegra a la Caja de Jubilaciones para compensar el nuevo aumento obtenido, el cual beneficia de modo directo a los jubilados.-

Nuestra Carta Magna garantiza también la defensa en juicio de las personas y de sus derechos, es por ello que la Corte Suprema de Justicia no puede dejar de dar respuesta a los reclamos hechos por los ciudadanos, máxime cuando en aplicación al principio “iura novit curiae” ello no sólo es una facultad del magistrado, sino su deber analizar el derecho positivo aplicable al caso de forma hermenéutica y armoniosa. Conforme a este punto, debemos afirmar que la Constitución ya no es una mera carta de organización del poder y la declaración de unas libertades básicas sino, antes bien, una norma directamente operativa que contiene el reconocimiento de garantías –positivas y negativas– exigibles jurisdiccionalmente.-

Tenemos el deber constitucional de identificar el derecho comprometido en la causa, en la medida en que existe la inexorable necesidad de satisfacer el interés público de proteger y defender los derechos fundamentales de la persona. Nuestra obligación es hacer justicia y velar por la supremacía de la Constitución, en el marco del respeto de las garantías constitucionales en él amparadas. En esta línea de argumento, el Poder Judicial, y en especial la Corte Suprema de Justicia, está obligado a remover factores que propicien discriminaciones prohibidas por nuestra Constitución; por ello, cualquier interpretación que propicie la discriminación que significa que una persona con derechos y calidad adquiridos, resulte menoscabada y/o discriminada no puede sino ser tachado de inconstitucional.-

En aplicación de este deber constitucional, considero que si bien el Artículo 8 de la Ley N° 2345/2003, fue modificado por el Art. 1° de la Ley N° 3.542/2008, no ha sido derogado como quiere entender y aplicar el Ministerio de Hacienda. El artículo 8 sigue vigente con las modificaciones introducidas, los agravios constitucionales expresados por los accionantes siguen estando presentes y la acción contra el mismo sigue siendo procedente.-

La Constitución ordena que la ley garantice “...la actualización” de los haberes jubilatorios “...en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad” (Art. 103 Cn); la Ley N° 2345/03 supedita la actualización “...al promedio de los incrementos de salarios del sector público” y a la variación del Índice de Precios del Consumidor calculado por el Banco Central del Paraguay, como tasa de actualización. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, al reglamentar “...el mecanismo preciso a utilizar”: Decreto N° 1579/04, introduce unas variables y unos universos extraños a los preestablecidos para obtener el “Factor ajuste” que podría eventualmente servir de factor de ajuste pero no para actualizar, los haberes jubilatorios en igualdad de tratamiento dispensado al funcionario público en actividad.-

El Artículo 46 de la Ley Suprema dispone: “De la Igualdad de las personas: Todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o las propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injusta no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios”.-

La Ley puede, naturalmente, utilizar el Índice de Precios del Consumidor calculado por el Banco Central del Paraguay, para la tasa de variación, siempre que ésta se aplique a todo el universo de los afectados respetando las desigualdades positivas. Las distintas situaciones de los actores resultan de los distintos niveles jerárquicos y escalas salariales correspondientes y éstas diferencias originarias no traducen “...desigualdades injustas” o “...discriminatorias” (Art. 46 Cn) como para igualarlas con un promedio (tasa común) en ocasión de las actualizaciones de los importes correspondientes a las Jubilaciones y Pensiones que de implementarse sí constituiría un factor injusto y discriminatorio para los mismos.-

Por igual razonamiento, el Art. 18 de la Ley N° 2345/03, inc. w) que implica un efecto retroactivo sobre los beneficios efectivamente adquiridos por los accionantes, lo cual les ocasiona un perjuicio patrimonial, violando un derecho y una garantía reconocido por nuestra Constitución, como es el de la propiedad privada (Art. 109).

Respecto al Art. 6° del Decreto N° 1579/2004, considero que es igualmente inconstitucional por ser una derivación de la norma impugnada en la presente acción, por tanto corre la misma suerte que el Art. 8 de la Ley N° 2345/2003, MODIFICADO POR EL ART. 1 DE LA LEY 3542/08, y esto es así, porque si bien, en adelante el Poder Ejecutivo ya no reglamentará la aplicación de las actualizaciones, el Decreto no fue derogado y por tanto sigue vigente respecto a los ahora accionantes.-
4. En atención a los fundamentos expuestos precedentemente, considero que corresponde HACER LUGAR A LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA por los accionantes –miembros retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación- individualizados precedentemente, y en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 8° de la Ley N° 2345, modificado por el Art. 1° de la Ley N° 3.542/2008 y del Art. 6 del Decreto del Poder Ejecutivo N° 1579/2004, en relación con los accionantes. ES MI VOTO

A su turno el Doctor FRETES dijo: Los accionantes Rolando Alfonso Lugo, Pedro Ramón Álvarez Montanía, Julián Álvarez Recalde, Anselmo Aranda Maidana, Felipe Arzamendia, Santiago Antonio Ayala Pino, Hugo Eduardo Benítez, Reinaldo Benítez Duarte, Luciano Benítez López, Pablino Benítez López, Oscar Bernabe Caballero Cantero, Eduardo Cáceres Caballero, Ángel Gerino Carrillo Cuzarama, José Víctor Castillo, Francisco Solano Cristaldo Giménez, Wenceslao Antonio Cubilla Martínez, Valentín del Padre González, Mauro Domínguez Hidalgo, Ernan Domingo Duarte Coronel, Arcadio Enciso Villanueva, Liborio Ramón Ferreira Méndez, Ignacio Giménez Pino, Fortunato Antonio Galeano González, Manuel Godoy Britez, Antonio Gutiérrez, José Vicente Hermosa Báez, Edgar Marcelino Ibarra Jacquet, Ignacio Alberto Insaurralde, Marcial Leguizamón Villalba, Maximino Román López Barrientos, Ricardo Claudio López Sanabria, Inocencio Mareco González, Herminio Basilio Mareco Romero, Emeterio Martínez Acosta, Alexi Alfredo Martínez Balbuena, Heriberto Moreno Torres, Agripino Ortega Ojeda, Antonio Dionicio Piñanez Agüero, Teodosio Javier Recalde Sánchez, Francisco Rodríguez, Marcial Vidal Rodríguez, Roberto Román, Alfredo Silva Torres, Francisco Rubén Tande Duarte, Calixto Casimiro Torales Velázquez, Zunilda Valiente y Alberto Daniel Villarruel Domínguez, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado, promueven Acción de Inconstitucionalidad contra los Arts. 8 y 18 inc. w) de la Ley 2345/2003 y el Art. 6 de Decreto N° 1579/2004.-

Los accionantes justifican su legitimación acompañando los documentos que acreditan la calidad de jubilados de las Fuerzas Armadas de la Nación.-

 Argumentan que los artículos aquí impugnados vulneran principios, derechos y garantías constitucionales, violan derechos adquiridos y el principio de irretroactividad de la ley consagrado en el art. 14 de la Constitución. Asimismo contradicen abiertamente la garantía establecida en el art. 103 de la Constitución Nacional.-

Con relación al Art. 8 de la citada ley, considero puntualmente, la inexistencia de agravio actual que significa que el gravamen no existe al momento que se resuelve la acción de inconstitucionalidad, ya que dicho artículo ha sido modificado por la Ley Nº 3.542 de fecha 26 de junio de 2008, que en su Art. 1º dispone: “Modifícase el Artículo 8 de la Ley Nº 2345/03 “DE REFORMA Y SOSTENIBILIDAD DE LA CAJA FISCAL. SISTEMA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL SECTOR PÚBLICO”, de la siguiente manera: Art. 8°.- “Conforme lo dispone el Artículo 103 de la Constitución Nacional, todos los beneficios que paga la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda se actualizaran anualmente, de oficio, por dicho Ministerio. La tasa de actualización será la variación del Índice de Precios del Consumidor calculados por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al periodo inmediatamente precedente. Quedan expresamente excluidos de lo dispuesto en este articulo, los beneficios correspondientes a los programas no contributivos”.-

Evidentemente, lo que tenemos que afirmar es que ciertamente el Artículo atacado ha sido modificado; pero la modificación introducida no varía en absoluto la argumentación sostenida para declarar la inconstitucionalidad del Artículo 8 de la Ley N° 2345/2003, que es igualmente válida y vigente para la Ley N° 3542/08, teniendo en cuenta que los aspectos variados no afectan la parte sustancial cuestionada.-

Nos encontramos justamente ante un caso en que la alteración de las circunstancias que motivaron dicho proceso, hace que ésta haya perdido toda virtualidad práctica. Esta Corte ha sostenido en diversos pronunciamientos que la sentencia “debe sujetarse a la situación vigente en el momento en que se dicta. Y como que al presente, por las razones expuestas, los supuestos de hecho se han alterado sustancialmente, cualquier pronunciamiento sería un pronunciamiento en abstracto, lo que es vedado ya que la Corte solamente puede decidir en asuntos de carácter contencioso” (CS, Asunción, 5 setiembre, 1997, Ac. y Sent. Nº 506.

En relación con la impugnación referida al art. 18 inc. w) de la Ley Nº 2345/03, consideramos que el mismo contraviene principios establecidos en los Arts. 14, 46 y 103 de la Carta Magna, creando una mayor desigualdad en cotejo con lo ya expuesto en cuanto al agravio constitucional que genera el mecanismo de actualización establecido en el Art. 1º de la Ley Nº 3542/08 y el Decreto reglamentario Nº 1579/04.-

Por las consideraciones que anteceden, opino que la Acción de Inconstitucionalidad debe ser sobreseída con relación al Art. 8 de la Ley Nº 2345/2003. Igualmente corresponde el sobreseimiento de la acción respecto al Art. 6 del Decreto N° 1579/04. En efecto, al no estar vigente el Art. 8 de la Ley 2345/03 (por modificación de una ley posterior) tampoco lo está su decreto reglamentario. Asimismo, debe hacerse lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad con relación al Art. 18 inc. w) de la Ley N° 2345/2003, por los fundamentos expuestos precedentemente. Es mi voto.-

A su turno el Doctor BAJAC ALBERTINI manifestó que se adhiere al voto del Doctor FRETES, por los mismos fundamentos.-

Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 322.-

Asunción, 6 de Junio de 2.011.

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA CONSTITUCIONAL
RESUELVE:

SOBRESEER la acción de inconstitucionalidad promovida con relación al Art. 8 de la Ley N° 2345/2003 y el Art. 6 del Decreto N° 1579/2004, por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.-

HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida, y en consecuencia, declarar la inaplicabilidad del Art. 18 inc. w) de la Ley N° 2345/2003, en relación con los accionantes.-

ANOTAR, registrar y notificar.-

ANTE MÍ:
Héctor Fabián Escobar Díaz (Secretario Judicial I).-
Antonio Fretes
Víctor Manuel Núñez Rodríguez
Miguel Oscar Bajac Albertini

 

(cz)

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