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ACUERDO Y SENTENCIA Nº 488/11

EXPEDIENTE; “FERMÍN MARCELO JOU ECHAURI C/ RES. N° 81 DEL 10 DE ABRIL DE 2006, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL".

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de julio del año dos mil once, estando reunidos los Excelentísimos Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA BEATRIZ CORREA DE PUCHETA, SINDULFO BLANCO Y VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al Acuerdo el expediente caratulado: FERMIN MARCELO JOU ECHAURI C/ RES. N° 81 DEL 10 DE ABRIL DE 2006, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL", a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 74 de fecha 08 de julio de 2008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo el estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes;

CUESTIONES:

Es nula la sentencia apelada?

En caso contrario, se halla ella ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: PUCHETA, BLANCO Y NUÑEZ.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA MINISTRA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, dijo: El recurrente desistió expresamente del Recurso de Nulidad interpuesto. Por lo demás no se advierten en el fallo recurrido vicios o defectos que justifiquen su declaración de oficio en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde tener por desistido el Recurso de Nulidad. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS MINISTROS SINDULFO BLANCO Y VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, DIJERON: que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIO PLANTEADA, LA MINISTRA ALICIA PUCHETA DE CORREA, prosiguió diciendo: El presente caso tiene como origen la Resolución N° 81 del 10 de abril de 2.006, por la cual, el Tribunal. Superior Justicia Electoral, resolvió "REMOVER", al Señor. Fermín Marcelo Jou Echaurí, Jefe de la Sección de Control y Verificación, del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

El citado acto administrativo expresa que el cargo de Jefe de la Sección de Control y Verificación, constituye un cargo de confianza y que tanto su nombramiento como su remoción, es facultad exclusiva del Tribunal Superior de Justicia Electoral, conforme al Art. 8, Inc. e) de la LEY 1.626/00, así como los incisos u), v) y w) del artículo 6 de la Ley 635/95.

El funcionario público afectado promovió acción contencioso administrativa contra la citada resolución, peticionando al Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, la revocación de la misma, su reposición en el cargo en igual función y remuneración, o en su defecto en un cargo de igual jerarquía, que mantenga su status de trabajador público.

El citado Tribunal, por Acuerdo y Sentencia N° 74 de fecha 8 de julio de 2008, resolvió: "...i) HACER LUGAR, a la demanda Contencioso Administrativa promovida por el Señor Fermín Marcelo Jou Echauri contra la resolución N° 81/2006 de fecha 10 de abril de 2006 dictada por el Tribunal de Superior de Justicia Electoral, y en consecuencia. 2) REVOCAR, Resolución N° 81/2006 de fecha 10 de abril de 2006 dictada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, de conformidad y con los alcances referidos y mencionados en el exordio de la presente Resolución. 3) IMPONER, las costas a la parte perdidosa. 4) ANOTAR...".

Contra la citada resolución se alza la representante convencional de la parte demandada, Abogada Thelma Benitez Duarte, conforme al escrito obrante a fojas 64/66, expresando: "...el cargo Jefe de la Sección Control y Verificación se encuentra dentro de los denominados "Cargos de Confianza ", pues el mismo fue designado por el conocimiento personal y la confianza que tenían en él, y su idoneidad, así también expresa que lo que distingue los cargos de confianza, es la naturaleza de las funciones de dirección y gerencia, la relativa independencia en la toma de decisiones, el acceso directo al cargo sin la necesidad de una previa verificación de su idoneidad y la libre disponibilidad del cargo como consecuencia ¡de todo ello. Manifiesta que en cuanto a la remoción del cargo se encuentra regida por la Ley 1.626/00, y la Ley 200/70, vigente al momento del nombramiento, alegando que el cargo en cuestión, se encuentra dentro de los establecidos por esta Legislación como cargo de confianza, en consecuencia no requería un sumario administrativo para remover al funcionario, y en consecuencia el Tribunal Superior de Justicia Electoral se encontraba facultado para remover al funcionario en sus funciones, continua manifestado que el Tribunal de Cuentas parte de una errónea interpretación de normas y se encapricha en una errada interpretación literal, concluye que el cargo de Jefe de Sección de Control y Verificación no es de los denominados de confianza por lo que debió instruírsele sumario administrativo... ".

A su turno la parte actora (fs. 69/72), contesta el traslado corridole por providencia de fecha 7 de noviembre de 2.008, expresando: "...los argumentos que expone la adversa no reúnen los requisitos exigidos por el Art. 419 C.P.C. , por lo que el recurso debe ser declarado desierto, el Tribunal de Cuentas al momento de fallar no ha realizado una interpretación autorizante de normas y situaciones jurídicas, continua alegando que su despido es injustificado, al no haberse instruido sumario administrativo, ni existir causa que ameritan tan grave medida, alega que se desempeñó como funcionario público durante diez años, con el cargo de Jefe de Verificación y Control en el Departamento de recursos electorales, cumpliendo a cabalidad su servicio, sin tener ningún tipo de amonestación durante todo ese tiempo, siendo su jefe directo el Director General de Recursos Electorales, es decir nunca ocupe un cargo de confianza, pues los cargos de confianza están enumerados taxativamente en la Ley. Termina solicitando la confirmación del fallo recurrido, por no encontrarse el cargo del actor de la presente acción contencioso administrativa entre los enumerados como "Cargo de Confianza"..."

A fin de resolver el litigio suscitado en autos, debemos previamente hacer un estudio de los antecedentes del caso y de la legislación aplicable, y así tenemos que por Resolución N° 265 de fecha 24 de noviembre de 1995, obrante a fojas 2, el actor de esta acción contencioso administrativa es nombrado como funcionario permanente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, para prestar servicios en la Sección Control y Verificación, del Tribunal Superior de Justicia Electoral, con categoría H02, con antigüedad al día 24 de noviembre de 1995.

Por resolución N° 81 de fecha 10 de abril de 2006, el Tribunal Superior de Justicia Electoral resolvió: " ...REMOVER al Jefe de la Sección de Control y Verificación, Señor Fermín Marcelo Jou Eckauri, con C.I. N° 624.245, por los fundamentos expuestos en el cuerpo de esta resolución sin que esta medida implique desmedro de su desempeño, autorizo al pago de haberes hasta la fecha de la citada resolución y declara vacante el cargo de Jefe de la Sección de Control y Verificación, con Categoría EIA.."

Entrando a analizar la cuestión de fondo encontramos que, conforme a la Resolución N° 81 de fecha 10 de abril de 2006, dictada por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en su considerando expone: "...Que, la Sección de Control y Verificación de la Justicia Electoral está bajo la responsabilidad de un Jefe, cargo de confianza, conforme lo autoriza el artículo 8 inciso e) de la Ley 1.626/00. La mencionada resolución se fundó en el artículo 8 inciso e) , de la ley 1.626/00, y los incisos u), v) y w) del artículo 6, de la Ley 635/95, alegando que el cargo Jefe de la Sección Control y Verificación, se encuentra entre los enumerados como de confianza por la Ley 1.626/00, y que el Tribunal de Justicia Electoral se encuentra facultado a destituirlo sin sumario administrativo previo por encontrarse enmarcado el citado cargo dentro de los "Cargos de Confianza..." .

Ahora bien, con la vigencia actual de la Ley N° 1.626/00 "Ley de la Función Pública" la misma impide la facultad de poder reglamentarlas, al hacer la misma una enumeración taxativa de los cargos denominados de confianza. Si bien la Ley 635/95, que reglamenta la Justicia Electoral, en su artículo 6, expresa: "...Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral: u) Adoptar las providencias requeridas para el cumplimiento de las finalidades que le asigna esta Ley y el Código Electoral; v) Elaborar los reglamentos que regulen su funcionamiento y los demás que sean necesarios para el cumplimiento de la Ley Electoral; w) Nombrar y remover por si al Director y al Vicedirector del Registro Electoral.

Designar a los demás funcionarios judiciales y administrativos dependientes de la Justicia Electoral y removerlos de conformidad con el Estatuto del Funcionario Público..."

Conforme a las normativas transcriptas precedentemente se infiere que la citada institución posee amplia facultades para emitir normas que rijan su funcionamiento, estando entre ellas las relativas al plantel del personal, pero cabe aclarar que las mismas son válidas en tanto no contradigan disposiciones contenidas en normas de jerarquía superior, como en este caso lo sería la Ley 1.626/00. Al respecto la Constitución Nacional en su Artículo 137 expresa: "...La Ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo nacional en el orden deprelación enunciado... ".

Por otra parte, debemos hacer mención, que en el expediente no consta la resolución por la cual la entidad demandada obtuvo la suspensión de la Ley N° 1.626/00, motivo por el cual sus disposiciones son aplicables al caso sub examine.

La Ley N° 1.626/00 "De la Función Pública" en su Art. 1º, dispone: "Esta ley tiene por objeto regular la situación radica de los funcionarios y empleados públicos, el personal de confianza, W contratado y el auxiliar, que presten servicio en la Administración Central, en los entes descentralizados, los gobiernos departamentales y la municipalidades, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Banca Pública y las entidades del estado”.

Ahora bien, habiendo fijado la legislación aplicable, corresponde determinar, si el cargo que detentaba el accionante constituye un cargo de confianza, conforme a la normativa vigente. Al respecto el Art. 8 de la Ley 1.626/00 dice: ".Son cargos de confianza y, sujetos a libre disposición, los ejercidos por las siguientes personas: a) Los ministros y viceministros del Poder Ejecutivo, los funcionarios designados con rango de ministros, el Procurador General de la República y los funcionarios que detenten la representación del Poder Ejecutivo en las entidades binacionales u órganos administrativos; b) Los Secretarios, los Directores; los jefes de departamentos, divisiones y secciones, de la Presidencia de la República; c) El Secretario General, el Secretario Privado, el Director Administrativo y el Director Financiero que prestan servicio en el Gabinete de los ministros del Poder Ejecutivo; Los Presidentes y los Miembros de los consejos o directorios de las entidades descentralizadas; d) Los embajadores, cónsules y representantes nacionales ante organizaciones internacionales o eventos en los que la República participe oficialmente de conformidad con la Ley del Servicio Diplomático y Consular; y, e) Los directores jurídicos, económicos o similares de los organismos o entidades del Estado, con excepción de los que integran la carrera de la función pública”. Con la simple lectura del artículo trascripto se puede constatar que el cargo de Jefe de la Sección Control y Verificación no se haya inmerso en la enumeración hecha precedentemente. En este sentido se ha expedido esta Sala en varios casos similares al que nos ocupa (Acuerdo y Sentencia N° 821 del 30 de mayo de 2.003), dejando sentado que la enumeración de los cargos de confianza establecido en el citado artículo es taxativo, y el mismo no puede ser aplicado por analogía a otros cargos.

Consecuente nos corresponde determinar, si el funcionario público poseía estabilidad laboral al momento de su destitución. El actor de la presente acción contencioso administrativa, Fermín Marcelo Jou Echauri, fue nombrado como funcionario permanente del Tribunal Superior de Justicia Electoral, conforme a Resolución N° 265 de fecha 24 de noviembre de 1995 y teniendo en cuenta la Ley 200/70, vigente al momento del nombramiento, la misma determina que los funcionarios adquieren estabilidad en el cargo una vez cumplido un periodo de cuatro meses a partir de su nombramiento, y por consiguiente no siendo el mismo un cargo de confianza, la única y exclusiva vía para que proceda la destitución de un funcionario público de carrera, es la existencia de una resolución condenatoria proveniente de un sumario administrativo previo.

Conviene hacer mención que el ordenamiento jurídico establece en forma clara y precisa un conjunto de normas que garantizan los derechos adquiridos por los trabajadores, para lo cual se establece un plazo para que pueda el mismo adquirir estabilidad laborad y que una vez cumplido, solo queda la vía del sumario administrativo que a su vez requiere de ciertos requisitos para adquirir un total de validez y en la que inexorablemente debe recaer resolución condenatoria para que la destitución sea válida. Al respecto el Prof. Salvador Villagra Maffiodo, en obra Principios de Derechos Administrativos/expresa: "...la pérdida del derecho al cargo solo puede ser impuesta por causa justificada en sumario administrativo..."

En conclusión, habiéndose apartado la Institución demandada, de las normas legales que rigen en la materia para la destitución de funcionarios públicos con estabilidad laboral, siendo la única vía legal el sumario administrativo que amerite el cese, pero como no se cumplió con dicha exigencia formal, concluyo que el acto administrativo recurrido carece además de validez jurídica es arbitrario e injusto, soy del parecer que el fallo recurrido debe ser confirmado in totum.

En cuanto a las costas, ellas deben ser impuestas a la perdidosa de conformidad al principio general establecido en el artículo 203 Inc. a) y 205 del Código Procesal Civil. Es mi Voto.

A SUS TURNOS LOS SEÑORES MINISTROS SINDULFO BLANCO Y VÍCTOR MANUEL NÜÑEZ RODRÍGUEZ, DIJERON:

Que se adhieren al voto que antecede por sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmando S.S.E.E., todo por ante mí que lo certifico quedando abordada la sentencia de inmediatamente sigue:

SENTENCIA Nº 488

Asunción, 7 de julio de 2.011.-

VISTO: los méritos del acuerdo que anteceden, la Excelentísima;

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

1- TENER por desistido del recurso de nulidad.

2.- CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nº 74 de fecha 08 de julio de 2008, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

3.- IMPONER las costas a la parte perdidosa Tribuna Superior de Justicia Electoral.

4.- ANOTESE, y notifíquese.

Ante mí:

Norma Esther Domínguez . Actuaria Judicial.
Sindulfo Blanco.
Alicia Pucheta de Correa.
Luis María Benítez Riera.

(nc)

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