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Obs.: Hacemos constar que la presente publicación constituye una recopilación fiel e integral del fallo emitido, sin agregados, supresiones o correcciones de ninguna naturaleza.

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 177/12

EXPEDIENTE: "R. G. B. S/ RES. N° 069-002 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2010, DICTADA POR EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (I.P.S.)".

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintitrés del mes de marzo del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores SINDULFO BLANCO, ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA y LUIS MARÍA BENITEZ RIERA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo para acuerdo el expediente caratulado: "R. G. B. S/ RES. N° 069-002 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2010, DICTADA POR EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL (I.P.S.)", a fin de resolver los recursos de Nulidad y Apelación, interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nº 137 de fecha 31 de marzo de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear y votar las siguientes:

CUESTIONES:

¿Procede o no el recurso de nulidad interpuesto?.

En caso negativo, ¿corresponde o no el recurso de apelación?.

Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: BLANCO, BENITEZ RIERA y PUCHETA DE CORREA.

A la primera cuestión planteada, el Señor Ministro Dr. SINDULFO BLANCO dijo: El recurrente no ha fundamentado el recurso de nulidad interpuesto. No obstante, por imperio de lo dispuesto por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, esta Magistratura no se encuentra ajena a su estudio de oficio, cuando amerite el caso; no concurriendo motivos para su declaración de oficio, no procede el recurso de nulidad. Es mi VOTO.

A sus turnos, los señores Ministros BENITEZ RIERA y PUCHETA DE CORREA, manifestaron adherirse al voto del preopinante por sus mismos fundamentos.

A la segunda cuestión planteada, el Señor Ministro BLANCO prosiguió diciendo: El fallo impugnado hizo lugar a la demanda contencioso-administrativa instaurada por el señor R. G. B., contra la Resoluciones Ne 069-002 de fecha 22 de junio de 2010, dictada por el Instituto de Previsión Social, declarando la nulidad del sumario administrativo instaurado al actor, revocando por ello la mencionada resolución.

Específicamente el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por Acuerdo y Sentencia Nº 137 de fecha 31 de marzo de 2011, resolvió: °1) HACER LUGAR a la demanda contencioso-administrativa, instaurada por el señor R. G. B. contra la Resolución Ns 069/002 de fecha 22 de junio de 2010 dictada por el Instituto de Previsión Social, y en consecuencia; 2) DECLARAR la nulidad del sumario administrativo instaurado al actor y REVOCAR la resolución recurrida en autos, de acuerdo a los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución; 3) IMPONER las costas a la parte demandada,..".

Que, el Abogado ENRIQUE GALEANO MORENO, bajo patrocinio de los Abogs. VIVIANA VERA y VÍCTOR LEIVA, en representación del Instituto de Previsión Social (I.P.S.), se agravió en contra de la precitada resolución, señalando entre otras consideraciones lo que sigue: "...el demandante señor R. G. B., fundamentó la presente demanda contencioso administrativa contra la Resolución Nº 069-002/10 de fecha 22 de junio de 2010 dictada por el Consejo de Administración del IPS, amparándose exclusivamente en la figura de la prescripción de la facultad sancionadora del Instituto de Previsión Social...; este recurso utilizado por el demandante para tratar de eximirse de culpa, realizando una libre interpretación del art. 83 de la Ley de la Función Pública a su favor, no hace más que denotar que la aplicación de la sanción dispuesta por el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social fue correcta, pues en ningún momento el demandante niega los hechos irregulares investigados y constatados en el marco del sumario administrativo...; el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social dispuso la instrucción del sumario administrativo al funcionario R. G. B. en fecha 27/10/2009 y dictó la Resolución Nº 069-002/10 por la cual sancionó al funcionario -hoy demandante- a raíz de la comprobación de los hechos denunciados en fecha 22/06/2010, es decir, dentro del plazo previsto para que el organismo o entidad aplique las sanciones correspondientes...; el juez instructor sustanció el sumario administrativo dentro del período establecido en la Resolución Nº 044-061/0/, recurriendo además a la prórroga concedida por el Consejo de Administración, que se encuentra establecido en el artículo 52 de la referida reglamentación, y por último el Consejo de Administración dictó la Resolución Nº 069-002/10 de fecha 22/06/2010 (dentro del plazo de 10 días contados a partir de la fecha límite de la prórroga 09/06/2010)...".

Que, por medio del escrito obrante a fs. 113 de autos, el Abog. VÍCTOR MARIO LLANO, contestó el traslado corrídole manifestando: "...el apelante reconoce que los hechos ocurrieron en el año 2005. También reconoce y acepta, que en mayo de 2006, la institución tiene conocimiento expreso de tales hechos, según documento de fojas 19 de autos. También reconoce que la resolución del IPS que ordena la instrucción del sumario tiene fecha 27 de octubre de 2009 y el auto de apertura del sumario es de fecha 26 de febrero de 2010, fecha en la cual se interrumpió la prescripción, según constancias de fojas 6/3 y 682 de autos. Evidentemente que desde la ocurrencia de los hechos, hasta el inicio del sumario han transcurrido más de tres años (3)...".

Que, pasando a examinar el fondo de la cuestión planteada, se tiene que según el representante del Instituto de Previsión Social la Resolución N2 069-002/10 de fecha 22 de junio de 2010 ha sido dictada dentro de los plazos establecidos, es decir, sin que opere la prescripción de la acción ni la caducidad del sumario administrativo instaurádole al señor R. G. B..

De las constancias de autos, observamos la agregación de la Nota Interna A.I. Nº 140/06 de fecha 20 de enero de 2006 por medio del cual se pone a conocimiento del Gerente de Salud el informe de Auditoría Interna y las denuncias realizadas por la sección de Rendición de Gastos en el Hospital Regional de Concepción. La mencionada comunicación pone de manifiesto que el Instituto de Previsión Social desde esa fecha estaba en conocimiento de los hechos que posteriormente fueron atribuidos al señor R. G. B..

A raíz de ello, fue instruido el sumario administrar al señor R. G. B., dictándose en consecuencia la Resolución Nº 069-002 de fecha 22 de junio de 2010, dictada por el Instituto de Previsión Social -hoy recurrida-, que resolvió la destitución del mismo y su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante dos años.

A este respecto, la Ley 1626/00 de la Función Pública, en su artículo 83 establece: "La facultad del organismo o entidad del Estado para aplicar las sanciones previstas en esta ley, prescribe al año contado desde el da en que se hubiese tenido conocimiento de fa acción u omisión que origina la sanción. No obstante, si hubiese hechos punibles, la acción disciplinaria prescribiré conjuntamente con la acción penal. La prescripción de la acción se interrumpe con el sumario administrativo".

A este respecto, al haber el Instituto de Previsión Social, dictado la resolución hoy impugnada, en fecha 22 de junio de 2010, claramente ha sobrepasado el plazo previsto en el antes mencionado artículo 83, por lo que la acción que originaría una posible sanción para el señor R. G. B., se encuentra prescripta.

Por otro lado, y siguiendo lo esbozado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, de ^ las constancias de autos surge que la substanciación del sumario administrativo que le fuera instruido al señor R. G. B. duró más de los 60 días establecidos en la Resolución 044/07 de fecha 09 de agosto de 2007, por la que se reglamenta el procedimiento en los sumarios administrativos instruidos a funcionarios del Instituto de Previsión Social, que en su artículo 45 dice: "La substanciación del sumario instruido por el Juez Instructor tendrá un plazo máximo de duración de sesenta das, el cual empezará a correr a partir de la resolución del auto de instrucción del sumario administrativo". Es por ello, que tanto la conclusión del mismo, como la sanción impuesta, carecen de valor.

En atención a lo esbozado precedentemente, se puede concluir que la acción del % Instituto de Previsión Social para sancionar al señor R. G. B., se encuentra prescripta, por lo que corresponde rechazar el recurso planteado por el Instituto de Previsión Social, y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nº 137 de fecha 31 de marzo de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, en todos sus puntos. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas a la perdidosa, en virtud a lo establecido en el Art. 192 del C.P.C. Es mi VOTO.

A sus tumos, los señores Ministros Dres. BENITEZ RIERA y PUCHETA DE CORREA, manifestaron que se adhieren al voto del preopinante por sus mismos fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firmado el acto firmado S.S.E.E., todo por ante mí que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

SENTENCIA NÚMERO: 177

Asunción, 23 de Marzo de 2012.-

VISTOS: Los méritos del acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE:

DECLARAR desierto el recurso de nulidad interpuesto.

RECHAZAR por improcedente el recurso de apelación interpuesto por el Abog. ENRIQUE GALEANO MORENO, bajo patrocinio de los Abogs. VIVIANA VERA y VÍCTOR LEIVA, en representación del Instituto de Previsión Social (I.P.S.), contra el Acuerdo y Sentencia Nº 137 de fecha 31 de marzo de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, y en consecuencia CONFIRMAR el mencionado fallo, en virtud a los argumentos esgrimidas en el considerando de la presente resolución.

ANOTAR, registrar y notificar.

Sindulfo Blanco.
Alicia Beatriz Pucheta de Correa.
Luis María Benítez Riera.

Ante mí.

Norma Domínguez Vallejos. - Secretario.

(nc)

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