Obs.: Hacemos constar que la presente publicación constituye una recopilación fiel e integral del fallo emitido, sin agregados, supresiones o correcciones de ninguna naturaleza.

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 198/12

EXPEDIENTE: "O.L.M.VDA.DE L. C/ RESOLUCIÓN P.L. D. A. J. Nº 1039/06 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2006, Y EL INFORME Nº 62/2008 DICTADO POR LA OFICINA DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL I. P. S.

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los nueve días del mes de abril del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, SINDULFO BLANCO, LUIS MARÍA BENITEZ RIERA, y ALICIA BEATRIZ PUCHETA de CORREA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente arriba individualizado a fin de resolver los recursos de apelación y nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia Nº 247 de fecha 02 de diciembre de 2010, dictada por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.

Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió plantear las siguientes:

CUESTIONES:

¿Es nula la sentencia apelada?

En caso contrario, ¿se halla ajustada a derecho?

Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BLANCO, BENITEZ, y PUCHETA.

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL DOCTOR SINDULFO BLANCO DIJO: La parte recurrente no fundamentó la nulidad cuyo estudio le fue concedida. No advirtiéndose en el citado decisorio, vicios o defectos que justifiquen su pronunciamiento de oficio, como lo válidamente lo facultan por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, corresponde tenerlo por desistido de este recurso. Es MI VOTO.

A su turno, EI Ministro BENITEZ RIERA y PUCHETA de CORREA manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL MINISTRO SINDULFO BLANCO PROSIGUIÓ DICIENDO: La parte impetrante cuestiona el derecho que asiste a la viuda peticionante del beneficio a percibir pensión, sucediendo a su finado esposo PRISCILIANO LEGUIZAMEN ARCE al momento de su fallecimiento, que gozaba de tal beneficio en carácter de Jubilación por Invalidez Temporal. El reconocimiento por parte del ente previsional, respecto a la pensión que pudiere corresponder a la parte actora, sería de 1 (un) mes y 9 (nueve) días, de los 6 (seis) meses que le fue concedido al causahabiente, en concepto de Jubilación de Invalidez de carácter TEMPORAL por enfermedad. Constituye el punto cuestionado del fallo apelado, que una jubilación temporal que favoreció al cotizante, fue convertida en derecho definitivo, a favor de la viuda. Reconoce que el artículo 62 de la Ley 98/92 "ORGÁNICA DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL", no hace distingo respecto a la pensión que pudiese corresponder a los herederos, pero considera contrario a derecho reconocer que una jubilación temporal, pueda desembocar en una pensión no temporal o definitiva. Las semanas de aportes realizadas por el trabajador, también es otro punto cuestionado por el I.P.S, remitiéndose a las instrumentales obrante a fojas 150 del expediente judicial, y por la que queda en evidencia que el asegurado no logró aportar el tiempo requerido por la norma. Defendiendo la validez de las Resolución P.I.D.A.J Nº 1039/06 de fecha 31 de mayo de 2006, y el Informe Nº 62/08 dictados por la Oficina Técnica del I.P.S, por lo que solicita la revocación del fallo apelado.

CONTESTACIÓN DE LA PARTE APELADA

Inicia su contestación a la evacuación al recurso dirigido a su parte, remitiéndose al reconocimiento expreso de la parte apelante en su fundamentación del recurso intentado, de que la viuda, u otros herederos perfectamente delimitados por la misma ley, exige como requisito que al momento del deceso el trabajador, este goce de una jubilación, sin especificar de qué tipo, para que sus sucesores puedan acceder a a pensión. La parte apelada funda en ello, para afirmar que la jubilación temporal que benefició en vida a su conyugue, pueda ser trasmitida a la misma como pensión, en carácter de conyugue. Respecto al supuesto incumplimiento de la cantidad de semanas exigidas por la ley, responde que tal requisito es para quienes fallecen en calidad de activos, cosa que sucedió en el presente caso, pues el causahabiente ya se hallaba en calidad de jubilado al momento de su deceso. En ese orden de cosas, solicita se rechace el recurso de apelación interpuesto por la parte apelante.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

En resumidos términos, el Tribunal de Cuentas, revoco los actos administrativos atacados por la demandante, fundado en que el causante ya había accedido a un tipo de jubilación al momento de su fallecimiento.

ANALISIS JURÍDICO DEL CASO

El presente caso no merece ningún análisis serio, si no resulta como punto de partida la institución de la jubilación, o lo que la doctrina publicista reconoce como tal. Conforme al Diccionario de Derecho Público, de Emilio Fernández Vázquez (pág. 447, Editorial Astrea, de Alfredo y Ricardo Depalma, Bs. As, Año 1981) tenemos que jubilación resulta "la eximición de servicio por razones de ancianidad o imposibilidad física a la persona que desempeña o ha desempeñado un cargo civil, señalándole pensión vitalicia o recompensa de los servicios prestados.".

De la discusión abierta respecto al artículo 62 de la Ley 98/92, no fue dicho que el mismo fue modificado por la Ley N° 2263/03 " QUEMODIFICA PARCIALMENTE LA LEY N° 98/92, QUE ESTABLECE EL REGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES Y MODIFICA LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO LEY N° 1.860/50, APROBADO POR LA LEY N° 375/56 Y LAS LEYES COMPLEMENTARIAS N° 537, DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DE 1958, 430, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 1973 Y 1.286, DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 1987", vigente a partir del 02 de octubre de 2003, resultando aplicable al presente caso, conforme válidamente puede corroborarse, que el fallecimiento del jubilado PRISCILIANO LEGUIZAMON ARCE data del 19 de mayo del 2005, conforme al certificado de defunción, obrante a fojas 50.

De la variación apuntada, el precitado articulado quedó redactado del modo que se presenta: "artículo 62 En caso de fallecimiento de un jubilado o de un asegurado activo, que hubiera adquirido derechos a una jubilación o acreditare un mínimo de setecientos cincuenta semanas de aportes sin tener la edad mínima para su jubilación, o que fallezca a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, los familiares sobrevivientes tendrán derecho a percibir en concepto de pensión el 60% (sesenta por ciento) del importe de la jubilación que disfrutaba o que le hubiere correspondido al causante en orden excluyente:" "a) la viuda o concubina o concubino en concurrencia con los hijos solteros hasta la mayoría de edad, y los incapacitados y declarado tales por una junta medica del Instituto, en cuyo caso la mitad de la pensión corresponderá a la viuda o concubina o viudo o concubino, y la otra mitad a los citados hijos por partes iguales;...".

Asiste sobrada razón, al contra argumentar la parte apelada su oposición a la procedencia del presente recurso de apelación, afirmando que el conyugue de la misma (trabajador fallecido), había accedido a la "JUBILACIÓN" temporal por enfermedad, al momento de su deceso, debiendo ser tal beneficio vitalicio, como lo expone respetada doctrina administrativista; pero que a su vez, se contempla en nuestro ordenamiento positivo vigente -dando con ello cabal cumplimiento al principio de legalidad - requisito sine quo non en esfera del derecho público, conforme al artículo 59 de la Ley 98/92, que bajo el epígrafe "DE LAS JUBILACIONES", dispone los tipos de jubilaciones, reconociendo que el Instituto concederá las siguientes jubilaciones: "a) ordinaria, b) invalidez por enfermedad común; y c) invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional.".

Del enunciado previsto en el artículo 59, no se contempla en el régimen del I.P.S la "jubilación temporal", pues dicha figura, sería algo tan contradictorio, como someter a plazo determinado, un beneficio vitalicio.

La causal que dio origen a la jubilación, fue una enfermedad que ocasionó la invalidez del trabajador, como resulta la LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA (LM.A), conforme al informe de la Junta Médica (fs. 93). Dicha imposibilidad, de que el aportante siga cumpliendo sus labores, y por ende, aportando al régimen jubilatorio, motivó la concesión de tal jubilación. Pretender limitar el beneficio de los haberes jubilatorios a un plazo determinado, no se encuentra contemplado en el RÉGIMEN UNIFICADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES del I.P.S, sino que tal situación, fue estipulado como un subsidio para el trabajador, y no como una jubilación temporal; beneficio este que ve misma duración, que el reposo del trabajador, conforme al artículo 30 de la Ley 98/92, hecho no aplicable al presente caso.

Reconociendo la pensión, objeto de la presente litis, como el derecho de los rederos del trabajador (conyugue e hijos menores o discapacitados en nuestra legislación) que acumuló determinada cantidad de semanas de aportes, pero sin poder acogerse aún a la jubilación; o en su caso, habiendo este accedido a tal beneficio, encuentra su fundamento de ser, por la propia situación en que se hallan la familias de un trabajador, cuando con su a fallecimiento, se ven privados de lo que era provisto por el mismo, asumiendo así el Estado el fin de buscar mantener en condiciones de vida decorosa, de la que disfrutaban los allegados del extinto antes de su desaparición. Pero la pensión no puede ser considerada como una concesión graciosa de parte del Estado, pues tal beneficio proviene de la contribución a su existencia, generada por el propio trabajador, de ahí que se reconoce que este derecho nace para beneficiarios indicados por ley, al mismo momento del deceso del jubilable o jubilado, según el caso.

Lo hasta aquí expuesto orientan mi voto por el rechazo del presente recurso, y la consecuente confirmación del fallo apelado, con expresa imposición de las costas a la parte recurrente, conforme al artículo 203, literal a) del Código Procesal Civil. Es mi voto.

A SU TURNO, LOS MINISTROS LUIS MARIA BENITEZ RIERA y ALICIA BEATRIZ PUCHETA de CORREA MANIFIESTAN SU ADHESIÓN AL VOTO QUE ANTECEDE POR SUS MISMOS fundamentos.

Con lo que se dio por terminado el acto firnmando SS.EE., todo por ante mí, que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Asunción, 09 de abril de 2012

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que antecede, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL

RESUELVE

TENER POR DESISTIDO el estudio de la nulidad conforme quedo dicho en el exordio de la presente resolución.

NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por la representantación convencional del I.P.S, y en consecuencia confirmar el Acuerdo y Sentencia Nº 247 de fecha 02 de diciembre de 2010, dictada por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala.

Sindulfo Blanco.
Luis María Benítez Riera.
Alicia Beatriz Pucheta de Correa.

Ante mí:

Norma Domínguez.- Secretaria.

(nc)