LEYES.com.py - Legislación para todos

Acceso a Miembros

Registrate Olvide mi clave!.

Obs.: Hacemos constar que la presente publicación constituye una recopilación fiel e integral del fallo emitido, sin agregados, supresiones o correcciones de ninguna naturaleza.

ACUERDO Y SENTENCIA Nº 38/12

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "LORENZO RODAS Y OTRO S/ PERTURBACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA EN VILLARRICA". AÑO: 2004 - N° 3625.

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil doce estando en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Excmos. Señores de la Sala Constitucional, Doctor ANTONIO FRETES, Presidente y Doctores GLADYS BAREIRO DE MÓDICA y VÍCTOR MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN EL JUICIO: "LORENZO RODAS Y OTRO S/ PERTURBACIÓN DE LA PAZ PÚBLICA EN VILLARRICA", a fin de resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Abog. Darío Díaz Camaraza, designado como procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República.
Previo estudio de los antecedentes del caso, la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional, resolvió plantear y votar la siguiente:
CUESTION:
¿Es procedente la acción de inconstitucionalidad deducida?.
A la cuestión planteada el Doctor FRETES dijo: El Abog. Darío Díaz Camaraza, designado como Procurador Adjunto de la Procuraduría General de la República, a los efectos de representar al Estado Paraguayo, se presentó a promover Acción de Inconstitucionalidad contra el A.I. N° 476 de fecha 07 de noviembre del 2003, dictado por el Juzgado Penal de Garantías N° 1 de Villarrica y contra el A.I. N° 389 de fecha 28 de octubre del 2004 dictado por el Tribunal de Apelación de Villarrica en el expediente caratulado: "LORENZO RODAS Y OTRO S/ PERTURBACIÓN DE LA PAZ PUBLICA EN VILLARRICA", por supuesta conculcación de los artículos 16 y 256 de la Constitución Nacional.
1.- Al respecto de la presente acción me remito a las consideraciones vertidas en el Acuerdo y Sentencia N° 808 del 28 de agosto del 2006, en el que he manifestado mi tesis al respecto de las "costas al Estado".
2.- La presente Acción de Inconstitucionalidad debe ser rechazada por improcedente.
3.- El quid de la cuestión sometida a estudio consiste esencialmente en la intención real de excusarse el Estado Paraguayo en cuanto a la obligación legal que tiene de soportar las costas de un proceso penal, en los casos de juicios deficientes y con actuaciones negligentes, derivados de las infructuosas actuaciones de Agentes Fiscales responsables de la persecución e impulso de la Acción Penal Pública.
En primer lugar: El A.I. N° 726 de fecha 07 de noviembre del 2003, resolvió: extinguir la Acción Penal Pública en cuestión, solicitada por el Agente Fiscal de la Unidad 2 Abog. Enrique Galeano Furler, fundado en el art. 11 de la Constitución Nacional y los arts. 25 inc. 4o, 139 y 324 del Código Procesal Penal. Una vez resuelta la extinción de Acción Penal el A-quo interviniente impuso las costas al Estado Paraguayo en consideración a lo dispuesto en el art. 266 en concordancia con el art. 265 del Código Procesal Penal
Los fundamentos que han avalado la extinción de la Acción Penal obedecen a la negligencia y retraso investigado del Agente Fiscal interviniente, situación que ha producido el vencimiento del plazo máximo previsto por la norma para la investigación.
En segundo lugar: El accionante manifiesta que las resoluciones impugnadas violan el derecho a la defensa del Estado Paraguayo, en el sentido de que no ha podido defenderse, debido a que han sido desestimadas sus pretensiones, por las hoy, resoluciones impugnadas y con ello no se ha podido clarificar el agravio con relación a la imposición de costas.
En este sentido quiero afirmar que:
1) La fundamentación y sustento jurídico del A-quo respecto a la imposición de Costas al Estado Paraguayo es totalmente apropiada, el representante del Estado Paraguayo en su caso si considera inconstitucional tal imposición debió alzarse contra las normas del Código Procesal Penal que establece tal obligación.
En tercer lugar: No debemos confundir en el presente caso el concepto de costas con el concepto de indemnización del juicio. El caso refiere a las costas y en este sentido podemos definirla como: "...Las costas son aquellos desembolsos que provocan a las partes con motivo de un procedimiento cualquiera sea su índole...".
El Ministerio Público dentro del sistema acusatorio es el órgano acusador, es decir, el órgano encargado de impulsar la Acción Penal Pública, por ello el mismo no puede ser condenado en costas, debido a la obligatoriedad de su actividad, sin embargo, respecto a la imposición de costas se dan dos presupuestos legales que motivan un análisis detallado: a) Por un lado: El art. 262 del Código Procesal Penal, que dispone la exención del Ministerio Público respecto de las costas, presupuesta que: "...el Ministerio Público, es decir sus representantes o agentes fiscales, deberán hacerse cargo de las costas, como producto del juicio, en el supuesto de que los mismos hayan incurrido en mal desempeño en sus funciones...".
Pues bien, en este primer presupuesto tenemos que el agente fiscal interviniente es responsable de su actuación y deberá soportar las costas de un juicio que fuera producto del mal desempeño de sus funciones. Cabe aclarar que al respecto del "mal ejercicio de sus funciones" debe estarse a lo dispuesto por la Ley 1084/97 y considerar que el mal desempeño resulta de un juicio previo, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por lo que una vez firme una sentencia de condena al respecto, deviene procedente hacerse cargo de las costas de un proceso maltrecho y del que el mismo resultare culpable, b) Por otro lado: La determinación legal, en cuanto a la responsabilidad general del Estado, respecto a imposición de costas dispuesta en los arts. 265 y 266 del Código Procesal Penal, constituyen ciertamente una innovación, es indiscutible la justicia de esta decisión adoptada por el legislador, por cuanto si una persona tuvo que sufrir todas las vicisitudes e incertidumbres que un proceso penal representa, habiendo resultado con posterioridad inocente y desvinculado de las acusaciones vertidas en su contra, corresponde pues la previsión de dispositivos de compensación, trasladando la carga del pago de los gastos de juicio al Estado, en virtud de detentar el aparato oficial de persecución penal a través del Ministerio Público.
Finalmente considero demás decirlo que la eficiencia o eficacia de la Política "Criminal de un Estado" es evidentemente responsabilidad de dicho Estado, como un todo, organizado a través de sus reparticiones, instituciones u organismos responsables en la aplicación de las mismas.
En este sentido el Ministerio Público es una institución de carácter oficial, en razón de que es una magistratura requirente de carácter estatal; en consecuencia, el Estado debe absorver las costas originadas por una deficiente persecución penal. En este sentido la Ley N° 1562 "Orgánica del Ministerio Público", en su art. 101 "Costas e indemnización" prescribe: "Las costas e indemnizaciones que resulten de la actuación del Ministerio Público serán pagadas por el Estado, conforme lo previsto en la Constitución, en la ley y en los decretos reglamentarios".
La norma procesal en el apartado de las "Costas" refiere a la cuestión mencionada en sus Artículos 265. ABSOLUCIÓN. Cuando se haya demostrado fehacientemente la inocencia del imputado en una sentencia absolutoria, las costas serán soportadas por el Estado. Artículo 266. SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO Y EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Para los casos de sobreseimiento definitivo y declaración de extinción de la acción penal regirá, analógicamente, el artículo anterior, salvo cuando la decisión se funde en la extinción de la acción por causa sobreviniente a la persecución ya iniciada, en cuyo caso el tribunal fijará los porcentajes que correspondan a los imputados y al Estado.
En conclusión: El Estado como tal es responsable de los gastos ocasionados por un proceso penal a un ciudadano en razón de haber sido sometido infructuosamente al mismo.
4.- Por las consideraciones expuestas precedentemente considero que la presente Acción de Inconstitucionalidad, debe ser rechazada. Es mi voto.
A su turno la Doctora BAREIRO DE MÓDICA dijo: En la presente acción se tacan la imposición de Costas al Estado, y la falta de fundamentación de ella en las sentencias atacadas.
En el proceso penal la imposición de costas tiene parámetros y delimitaciones distintas, pues en primer lugar, la persecución penal es realizada por un órgano estatal, el Ministerio Público, que tiene el principio de obligatoriedad en su ejercicio, por imperio constitucional. Desde ahí que ya se dan consideraciones particulares del proceso penal.
Los dos principios esenciales de la imposición de costas en el proceso penal refieren en primer lugar, persiste en el ámbito penal "las costas la paga la parte vencida", pues éstas son impuestas a los condenados (Art. 264 del C.P.P).
Pero también se ha realizado una innovación el prever la imposición de costas al Estado en casos de Absolución por inocencia del imputado, comprobada "fehacientemente". (Art. 265 del C.P.P.).
Esta innovación surge del proceso constitucional de "indemnización justa y adecuada", que dispone que: "Art. 39 C.N.: Toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por los daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado. La ley reglamentará ese derecho" y derechos procesales, Art. 17 inc. 11: "La indemnización por el Estado en caso de condena por error judicial".
Ello es porque el Estado, a través de sus órganos puede someterle a proceso a una persona inocente, y ocasionarle con ello perjuicios que en justicia no merece solventar. El Estado debe resarcirlo, al menos en los gastos en que ha incurrido al someterse al proceso. Exponen Vázquez Rossi y Centurión que: "Resulta indiscutible la justicia de esta decisión adoptada por el legislador, en donde si una persona tuvo que sufrir todas las vicisitudes e incertidumbre que un proceso penal representa, habiendo resultado con posterioridad inocente y desvinculado en forma incuestionable de las acusaciones vertidas en su contra, corresponde la previsión de dispositivos de compensación, trasladando la carga del pago de los gastos del juicio en el Estado, en virtud de detentar el aparato oficial de persecución penal que está representado por el Ministerio Público Fiscal".
Ahora bien, cuando el proceso termina por alguna de las salidas alternativas, por otro motivo que no sean alguno de los señalados, la imposición de costas conlleva un análisis más complejo; pues queda claro que esta excepción de la imposición de las costas al Estado se refiere exclusivamente a la comprobación incuestionable de inocencia del sometido. Tal como lo declara el artículo, "comprobación fehaciente'''-, no así cuando se dan las salidas alternativas al proceso, o en casos de "duda", falta de méritos, o alguna otra concesión legal.
El artículo 266 del C.P.P., dispone que: "Para los casos de sobreseimiento definitivo y declaración de la extinción de la acción penal regirá analógicamente, el artículo anterior, salvo cuando la decisión se funde en la extinción de la acción por causa sobreviniente a la persecución ya iniciada, en cuyo caso el tribunal fajará los porcentajes que corresponden a los imputados y al Estado".
La primera parte del artículo trascripto, la remisión al artículo de absolución refiere a dos especificaciones a saber, primero, la comprobación fehaciente de la inocencia de conformidad al artículo 359 inc. 1 del C.P.P.; y segundo, sólo en esos casos la imposición de costas al Estado.
Comentan Vázquez Rossi y Centurión que: "En los supuestos en que medien un sobreseimiento definitivo y declaración de extinción de la acción penal, y tal decisión haya recaído tras una demostración fehaciente de la inocencia del imputado en una sentencia absolutoria, las costas serán soportadas por el Estado".
En la exposición de motivos del Código Procesal Penal, se ha delimitado que: "Mención aparte merece la innovación de que en aquellos casos en lo que el imputado ha sido absuelto o sobreseído definitivamente en virtud de su inocencia comprobada (no en caso de duda por ejemplo) el Estado pague las costas. Aquí hay razones de elemental justicia, si una persona ha debido sufrir un proceso siendo inocente, debe ser resarcido, al menos, en los gastos que dicho proceso le ha ocasionado..." (Apartado 151. Exposición de motivos del Proyecto del Código Procesal Penal).
El artículo procesal en cuestión, 266 del C.P.P. señalado, determina dos situaciones claras, la imposición de costas al Estado cuando de la comprobación irrefutable de inocencia se dispone el sobreseimiento definitivo o la extinción de la acción. Y la excepción de ello cuando se decreta la extinción de la acción por causa sobreviniente, es decir alguna salida alternativa al proceso, o concesión legal que desemboque en el sobreseimiento o la extinción de la causa, en cuyo caso se determinarán porcentajes de imposición de las costas.
Llanes Ocampos también resalta que: "Es importante destacar que el sobreseimiento definitivo que se obtenga a través de algunas de estas salidas anticipadas y consensuadas, no permite la reclamación posterior de indemnización al Estado. Ello obedece a que el imputado ha sido beneficiado por el sobreseimiento o extinción de la acción, por una concesión legal. Lo cual no es lo mismo que demostrar categóricamente que el Estado ha incurrido en un error o negligencia al procesar y encarcelar al inocente y no al verdadero culpable".
Estas circunstancias son excepciones dentro de las reglas señaladas, y es por ello que necesitan no solo la aplicación sino una fundamentación clara y concisa al momento de ser aplicadas, la simple deducción de la situación al artículo no es suficiente, pues debe determinarse la razón de la salida del proceso, el porqué de la extinción, necesita un trabajo lógico y razonado, basado en las normas y principios señalados. Tal como lo obliga la Constitución, artículo 256 de la Constitución Nacional.
Ahora bien, trasladando todas estas preliminares al caso concreto. Tenemos que las sentencias atacadas imponen las costas al Estado como consecuencia de la Extinción de la causa de conformidad al artículo 25, inciso 4. del C.P.P.: "Motivos de extinción de la acción: la acción se extinguirá: 4) por efectos del trascurso del plazo establecido en el artículo 139 de éste Código...". Y el artículo 139 del C.P.P., dispone: "Perentoriedad de la etapa preparatoria. Cuando el Ministerio Público no haya acusado ni presentado otro requerimiento en la fecha fijada por el juez, tampoco haya pedido prórroga o ella no corresponda, el juez intimará al Fiscal General del Estado para que requiera lo que considerare pertinente en el plazo de diez días...".
Con la particularidad que en el presente caso ni siquiera se ha imputado a los Sres. Lorenzo Rodas y Hernán Cardozo, señalados en la denuncia.
Esta más que claro que esta forma de extinción de la acción penal no es por comprobación "fehaciente de la inocencia del incoado", pues ni siquiera se ha formado un proceso como tan en contra de los denunciados, no existe siquiera acta de imputación contra los mismos, sólo se los ha llamado a declarar sobre la denuncia, y ha trascurrido el tiempo previsto para la etapa investigativa, sin que el Fiscal considere pertinente realizar otras diligencias, solicitando la extinción de la acción.
Si bien el Agente Fiscal debió solicitar la desestimación de la denuncia, ello no implica que el Estado deba hacerse cargo de las costas de la causa.
Además debemos destacar que en la presente causa existe falta de fundamentación en las imposiciones hechas, los "razonamientos" utilizados por los magistrados, además de separarse de las normativas vigentes, denotan una ausencia total de razonamiento jurídico, o lógico siquiera.
Tornando esta parte de lo resuelto en ambas sentencias, en arbitrario.
Si bien la imposición de las costas es una potestad jurisdiccional, ella no puede escapar a la obligatoria fundamentación y basamento en la ley, y en la justa razón dentro de una sentencia. No puede apartarse de los dictamientos normativos vigentes.
Lo explica Cafferata Nores que: "La arbitrariedad resulta de no respetar los estándares a los que el juez se encuentra vinculado ya sean éstos estrictamente normativos, o que surjan de los principios que informan las normas..." y reseña a Dworkin, textualmente en que los jueces: "deben concebir el cuerpo de la ley que administran como una totalidad y no como un conjunto de decisiones discretas que puedan tomar o enmendar una por una, sin nada más que un interés estratégico en el resto" (José I. Cafferata Nores. "Eficacia del sistema penal y garantías procesales". Editorial Mediterránea, Córdoba, República Argentina, Año 2002, pág. 118/119).
De esta manera las Sentencias atacadas desvirtuaron el principio de legalidad, al no aplicar el derecho en la manera que este lo impone, vulnerando garantías de igualdad procesal, y debido proceso, entre otros, todos plasmados en la Constitución Nacional y en Pactos internacionales.
En las circunstancias apuntadas, las resoluciones adoptadas están totalmente huérfanas de la extrema Sensatez analítica que le era debida al juzgador y que trasciende negativamente en la legitimidad del fallo.
Recapitulando, los fundamentos se perfilan como notoriamente desconectados de los cánones procedimentales de rigor y carentes del debido sustento normativo, contrariando el deber, dimanante de un sistema republicano, de arribar a conclusiones que se encuentran fundadas en la Constitución y la Ley, tal como lo requiere el Artículo 256 - segundo párrafo - de la Constitución Nacional, en concordancia con el Artículo 125 del C.P.P., que lo reglamenta.
La simpleza de la argumentación utilizada por los Juzgadores, y el apartamiento a la normativa señalada ut supra, sobre la imposición de las costas, tornan nula la decisión, pues, a criterio de esta Magistratura sus reglas son claras, el imponerlas al Estado es una excepción, y por ello debe estar fundada en la ley, producto de un razonamiento lógico que derive de la situación especial que amerite el resarcimiento o compensación por parte del Estado en el proceso penal.
Considero que corresponde que la acción prospere, declarando la inconstitucionalidad del apartado 2 del A.I. N° 726 de fecha 07 de noviembre del 2003, dictado por el Juez Penal de Garantías, y del apartado 2 del A.I. N° 389 de fecha 28 de octubre del 2004, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Civil, Comercial, y Laboral, ambos de Villarrica, Circunscripción Judicial de Guairá y Caazapá. Es mi voto.
A su turno el Doctor NÚÑEZ RODRÍGUEZ manifestó que se adhiere al voto del Ministro preopinante, Doctor FRETES, por los mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:

Asunción, 08 de febrero de 2.012.

VISTOS: Los méritos del Acuerdo que anteceden, la

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Constitucional
RESUELVE

NO HACER LUGAR a la acción de inconstitucionalidad promovida.

ANOTAR, registrar y notificar.
Antonio Fretes. Ministro
Gladys Bareiro de Módica. Ministra
Victor Nuñez. Ministro
Ante mí:
Hector F. Escobar. Secretario

 

(mc)

Buscas algo?

Escribe la frase o numero de documento que haga referencia a lo que estas buscando

Búsqueda por Filtro Cronologico

Selecciona el tipo y año de la disposición que estas buscando...

Clientes de Alianza Consultores

Clientes de Alianza Consultores

Cotizaciones de Monedas

Moneda Compra Venta
 DÓLAR 4.400 4.475
 PESO AR 420 460
 REAL 1.870 1.950
 PESO UY 190 280
 EURO 5.950 6.200

 

ALIANZA CONSULTORES TRIBUTARIOS
Tel: +59521 2381490 - Fax: +59521 208778 - info@leyes.com.py
Herminio Giménez (ex Fulgencio R. Moreno) N° 2088 esq. Mayor Bullo (Ver mapa)

Todos los derechos Reservados - Exclusión de responsabilidad