LEYES.com.py - Legislación para todos

Acceso a Miembros

Registrate Olvide mi clave!.

ANTERIORES

Ley N° 125/91 Artículo 254° inc. 7)
Las de carácter tributario previstas en el Decreto-Ley Nº 51 del 24 de Diciembre de 1952 y sus adicionales, con excepción de las disposiciones de carácter catastral

DECRETO-LEY Nº 51/52

DE IMPUESTO INMOBILIARIO Y OTROS GRAVÁMENES SOBRE BIENES RAÍCES.

Asunción, 24 de Diciembre de 1952

Considerando: Que es impostergable la reforma de la legislación del impuesto inmobiliario y de los demás gravámenes que inciden sobre la propiedad raíz;

Que la legislación a dictarse debe fundarse en principios científicos y condicionar la cuantía de los tributos al valor de los inmuebles, eliminando la discrecionalidad en la fijación de cuotas impositivas artificiosas e incontrolables que gravan la riqueza inmobiliaria en forma desigual e injusta;

Que, en consecuencia, debe estimularse la más efectiva expansión de la institución del catastro inmobiliario como fuente de información rentística,

Por tanto, y de conformidad con el parecer favorable del Excmo. Consejo de Estado,

El Presidente de la República del Paraguay

DECRETA CON FUERZA DE LEY:

TITULO I: EL IMPUESTO INMOBILIARIO

CAPÍTULO 1: Disposiciones Generales

Art. 1º.- Tributación de los inmuebles. Los inmuebles comprendidos en el territorio de la República estarán sujetos a la tributación del impuesto inmobiliario en la forma y condiciones que determina este Decreto-Ley.

Estarán sujetos, igualmente, a los demás gravámenes que el presente Decreto-Ley enumera.

Art. 2º.- Carácter real de la tributación.

Salvo exprese disposición legal en contrario, la tributación regida por el presente Decreto-Ley incide sobre la propiedad raíz, cualquiera sea el propietario o poseedor.

En el caso de sucesiones o condominios indivisos, la tributación podrá exigirse a cualquiera de los condóminos o herederos, sin perjuicio del derecho de repetición entre particulares.

La circunstancia de hallarse en litigio un inmueble no exime de la obligación del pago de los tributos en las épocas señaladas para el efecto.

Quienes promuevan la adquisición de bienes raíces por vía de prescripción adquisitiva deberán comprobar previamente que el inmueble de que se trata se halla al día con la tributación.

Art. 3º.- Anualidad de la tributación. Contribuyentes.

La tributación regida por el presente Decreto-Ley es anual, y una vez satisfecha la anualidad adeudada, el contribuyente se libera de toda obligación fiscal, excepto en los casos en que; la ley autoriza contraliquidaciones de impuestos ya percibidos.

La ley considera "contribuyentes" a todas las personas que pueden ser compelidas al pago de la tributación.

Art. 4º.- Autoridad encargada. Interpretación y terminología de la ley.

Las atribuciones del Estado en la presente materia y en él fuero administrativo corresponderán a la Dirección de Impuesto Inmobiliario en todo lo que no estuviese reservado expresamente al Poder Ejecutivo o al Consejo de Tasaciones de la expresada Dirección.

Toda duda que se suscite fuera de juicio sobre la aplicación o interpretación del presente Decreto-Ley será resuelta por el Director de Impuesto Inmobiliario, ante quien podrán presentarse en consulta directa las reparticiones de la administración pública y los contribuyentes, Salvo disposición expresa en contrario, las reglas y definiciones contenidas en el presente Decreto-Ley son de aplicación en el derecho fiscal, exclusivamente.

Las expresiones: "La Dirección" y "La Oficina", por una parte, y "El Consejo", por la otra, se referirán en todos los casos a la Dirección de Impuesto Inmobiliario y al Consejo de tasaciones, respectivamente.

Art. 5º.- Padrón Inmobiliario y constancias.

El instrumento para la fijación de la obligación contributiva lo constituye el padrón inmobiliario, el que deberá enunciar los datos obrantes en la ficha catastral de la Oficina, ó en la inscripción inmobiliaria si se tratase de zonas no incorporadas al régimen de catastro.

Para la transmisión, modificación o creación de derechos reales sobre inmuebles se requerirá, además, la obtención del CERTIFICADO DE NO ADEUDAR, según lo dispone el presente Decreto-Ley.

Para otras operaciones relativas a inmuebles bastará el padrón inmobiliario, conjuntamente con el recibo de pago, correspondiente al año en que se realiza la operación, o correspondiente al año anterior si el plazo legal para el nuevo pago no se hubiere cumplido aún, y sin perjuicio de los derechos de la Dirección a reclamar el pago de las anualidades vencidas que se adeudasen.

CAPÍTULO 2: Determinación del Impuesto

Art. 6º.- Tasa del impuesto inmobiliario.

Fijase la tasa del impuesto inmobiliario en el 10 0/00 DIEZ POR MIL sobre la avaluación oficial de los inmuebles o sobre el monto imponible de los mismos.

Art. 7º.- Bases para la liquidación del impuesto.

La base para la tributación de los inmuebles la constituye LA AVALUACIÓN OFICIAL de los mismos, salvo que el Poder Ejecutivo, con aprobación del Consejo Nacional de Coordinación Económica, fije para los inmuebles MONTOS IMPONIBLES, inferiores al valor oficial.

La fijación de los expresados montos imponibles podrá fundarse en circunstancias de política económica general y, en particular, en el fomento efectivo de la agricultura, de la ganadería, de las industrias forestales o extractivas, de la inmigración y colonización y de la redistribución de la población agraria.

La misma medida se aplicará por causas de calamidades públicas.

Los montos imponibles serán fijados mediante la determinación de porcentajes de reducción sobre los valores oficiales, en forma general y uniforme, según las clases y categorías de los inmuebles, en todo el país o en determinadas zonas regionales. El porcentaje de reducción en ningún caso podrá exceder del 50% del valor oficial de los inmuebles;

Art. 8º.- Valor oficial de los inmuebles. La avaluación oficial de los inmuebles será determinada en la siguiente forma:

a) En la Capital de la República y en los municipios de las ciudades y pueblos del interior incorporados al régimen de catastro, el valor oficial será el resultante del catastro inmobiliario, avaluándose el suelo y las mejoras sobre la base de los valores reales, de conformidad a lo estatuido en el presente Decreto-Ley;

b) En los municipios no incorporados al régimen de catastro, el valor oficial del inmueble se determinará sobre la base del valor atribuido al suelo;

c) En los inmuebles rurales el valor se determinará, sobre la base del valor de la tierra en todos los distritos o circunscripciones menores.

Las zonas suburbanas de los municipios del interior se avaluarán como zona rural mientras el Poder Ejecutivo no haga efectiva la delimitación de aquellas.

Cumplido dicho requisito, se regirán por el procedimiento de avaluación del inciso "b".

Art. 9º.- Fijación de valores básicos de la tierra y de las mejoras.

Los valores que integran la avaluación oficial serán fijados en cada período de revalúo general de la propiedad raíz, correspondiendo la fijación respectiva al Poder Ejecutivo, excepción hecha de las tierras urbanas de los municipios no incorporados al régimen de catastro, en que la avaluación será hecha por la Dirección de Impuesto Inmobiliario, a la vista de la declaración de los propietarios, de los informes de las municipalidades y demás informaciones accesibles.

Art. 10º.- Ajuste de valores tributarios. Tributación mínima.

Siempre que de la liquidación del impuesto inmobiliario resulta una cantidad que no constituya un múltiplo exacto de diez guaraníes, se aumentará el valor del tributo hasta la cantidad inmediata superior que reúna dicho requisito.

La tributación mínima de cada inmueble será de (Gs. 20) Veinte guaraníes, en el concepto de impuesto inmobiliario, aun cuando de la liquidación respectiva resultase una suma menor.

Art. 11º.- Definición de los municipios y sus límites.

A los efectos del presente Decreto-Ley entiéndase como municipios las ciudades, pueblos o villas, parceladas en manzanas regulares y con asiento de una autoridad comunal. Las colonias tributarán como zona rural, salvo que, por la importancia de su progreso edilicio, el Poder Ejecutivo las declare equiparadas a las poblaciones que se rigen por las disposiciones del art. 8º inc. "b".

Se considerará como planta urbana, del municipio el área hasta donde alcance la parcelación en manzanas regulares, o el éjido fijado por el art. 1º de la ley del 3 de junio de 1907, adoptándose cualquiera de los dos criterios según resulte mayor la zona del municipio.

Art. 12º.- Delimitación de zonas suburbanas.

A los efectos impositivos, el Poder Ejecutivo podrá definir zonas suburbanas, concéntricas a los municipios, hasta una profundidad máxima de 500 metros en todas las direcciones.

Art. 13º.- Inmuebles que abarcan varias zonas.

Siempre que un inmueble se hallase comprendido en más de una zona impositiva (urbana, suburbana o rural), el contribuyente deberá aportar las pruebas pertinentes para el practicamiento de la liquidación del impuesto en forma proporcionada a la ubicación exacta del inmueble.

En tal caso, la Dirección dispondrá preferentemente nuevos empadronamientos a base de la subdivisión del inmueble según las zonas impositivas que abarca.

Si la determinación proporcional no pudiese practicarse en forma fidedigna, la Dirección podrá disponer, por procedimientos empíricos y sin desmedro del interés fiscal, la liquidación que a su criterio sea la más equitativa.

CAPÍTULO 3º: Exenciones

Art. 14º.- Franquicia general.

Estarán exentos del pago del impuesto inmobiliario y de sus adicionales, así como de la contribución de vialidad:

a) El patrimonio inmobiliario del Estado y de las municipalidades;

b) Las propiedades inmuebles de la Iglesia del Paraguay, afectadas de un modo permanente a un servicio público, tales como templos y oratorios públicos, curias eclesiásticas, seminarios, casas parroquiales; y las respectivas dependencias, así como los bienes raíces destinados a sus institutos de beneficencia y enseñanza, gratuita o retribuida;

c) Los inmuebles declarados monumentos históricos nacionales;

d) Los inmuebles declarados de utilidad social y sujetos a expropiación, aun Cuando no se hubiesen hecho efectivas la expropiación ni la toma de posesión;

e) Los cementerios;

f) Los inmuebles de asociaciones con personería jurídica, afectados a hospitales, hospicios, orfelinatos, casas de salud y correccionales, así como las respectivas dependencias: y, en general, los establecimientos destinados a proporcionar auxilio o habitación gratuita a los indigentes y desvalidos.

Art. 15º.- Otras franquicias.

También estarán exentos de la tributación a que se refiere el artículo anterior:

a) Los inmuebles pertenecientes a gobiernos extranjeros cuando son destinados a sedes de sus respectivas representaciones diplomáticas o consulares, dentro de un régimen condicionado a la reciprocidad internacional;

b) Los inmuebles destinados a iglesias o templos, de cualquier culto;

c) Los inmuebles destinados, a instituciones de enseñanza, reconocidas como tales por el Ministerio de Educación, y de propiedad de las mismas;

d) Las sedes sociales pertenecientes a instituciones culturales, sociales, deportivas, sindicales, o de socorros mutuos o beneficencia, incluidos los campos de deportes e instalaciones inherentes a los fines sociales.

Art. 16º.- Disposiciones reglamentarias.

Las franquicias a que se refieren los artículos precedentes se otorgan con carácter permanente, pero las instituciones o personas a cuyo cargo se hallan los respectivos inmuebles deberán comunicar a la Dirección cualquier cambio de destino que los haga susceptibles de tributación, y solicitar la correspondiente liquidación de impuestos.

La Dirección apreciará en cada caso las situaciones individuales para hacer efectiva la exención en cuanto lo justifiquen los propósitos del presente Decreto-Ley.

Salvo expresa disposición legal en contrarió, las franquicias otorgadas al Estado o a las Municipalidades no benefician a los entes de administración descentralizada, que persiguen fines de producción industrial o agropecuaria, o que se dediquen al tráfico comercial o bancario.

Las franquicias otorgadas por el inc. "f" del art. 15º y del inc. "d" del art. 16º, se circunscribirán a inmuebles que no producen renta.

Art. 17º.- Franquicia temporal.

Hállanse eximidos temporalmente del pago de la tributación a que se refieren los arts. 14 y 15:

a) Los inmuebles cedidos en usufructo gratuito al Estado o a las Municipalidades;

b) Los inmuebles del dominio privado cedidos en usufructo gratuito para el establecimiento de iglesias, escuelas, bibliotecas o asiento de asociaciones que gozan de exención según los artículos anteriores;

c) Los lotes o fracciones de tierra colonizados con intervención del Instituto de Reforma Agraria;

d) Los inmuebles rurales, situados fuera de la jurisdicción de la Capital de la República, no mayores de diez hectáreas, habitados y explotados racionalmente por sus propios dueños, cuando éstos no fueren propietarios de otros inmuebles;

e) Las extensiones importantes de tierras, dedicadas en forma, planificada y efectiva a silvicultura y reforestación, en las zonas rurales en que el Poder Ejecutivo autorice la aplicación de la presente franquicia.

f) Las viviendas económicas de obreros y empleados, construidas en forma planificada por instituciones oficiales o por particulares que previamente se hubiesen inscripto en el Registro respectivo de la Dirección de Impuesto Inmobiliario, por obras construidas en virtud de planos aprobados por el Gobierno Nacional para la finalidad específica contemplada en el presente inciso.

Art. 18º.- Disposiciones especiales sobre la franquicia temporal.

Las franquicias a que se refieren los incisos "c" y "f" del artículo precedente serán concedidas en forma definitiva por cinco años. Las demás franquicias del artículo anterior serán concedidas por el término de tres años, y renovadas a solicitud de parte todas las veces que se justifique el cumplimiento de los propósitos del presente Decreto-Ley.

El Poder Ejecutivo determinará la duración máxima de la franquicia del inc. "e".

En caso de inmuebles afectados parcialmente al destino señalado en los incs. "a" y "b", la franquicia, se hará efectiva proporcionalmente a la parte del inmueble que corresponda a las prescripciones legales.

El Ministerio de Hacienda establecerá los requisitos que deben cumplir las solicitudes de franquicias que se fundan en los incs. c, d, e y f del artículo precedente.

Art. 19º.- Franquicias por leyes especiales, Las franquicias otorgadas por leyes especiales serán apreciadas con criterio restrictivo por, la Dirección.

Si la franquicia es genérica y no se refiere en forma específica al Impuesto Inmobiliario, se considerará si la liberación del mismo es indispensable para el mejor desenvolvimiento económico de la actividad protegida por ley.

Cuando proceda la franquicia, ella no se hará extensiva a los bienes raíces que constituyan simples inversiones de capital o que por cualquier otra razón no fueren indispensables al desenvolvimiento de la actividad de que se trata.

Las exenciones por leyes especiales no liberan de las tasas de retribución de servicios.

Art. 20º.- Homestea.

Cuando la situación de las rentas fiscales lo permita, el Poder Ejecutivo implantará un régimen de desgravación en favor de la pequeña propiedad urbana habitada por su dueño.

Art. 21º.- Exención de tasas.

En materia de las tasas de retribución de servicios, legisladas en el Título II del presente Decreto-Ley, las franquicias sé regirán por las disposiciones de las respectivas leyes orgánicas.

Art. 22º.- Obligaciones formales.

En el caso de cuales quiera inmuebles exentos de tributación, sus propietarios, poseedores o encargados deberán dar cumplimiento a las mismas obligaciones formales que rigen para los contribuyentes, cuando sean requeridos a ello por la Dirección.

CAPITULO 4: Obligaciones y Responsabilidades de los Contribuyentes.

Art. 23º.- Obligaciones de los contribuyentes. Enumeración.

Son específicamente obligaciones de los contribuyentes:

a) El pago del Impuesto Inmobiliario y de sus gravámenes conexos, dentro de los plazos fijados en el presente Decreto-Ley o de los que estableciese el Ministerio de Hacienda;

b) La declaración y registro de domicilio del propietario de cada inmueble, hecha por el mismo o por quien lo represente;

c) La exhibición de los títulos de dominio, planos, mensuras y demás recaudos pertinentes, las veces que la Dirección de Impuesto Inmobiliario o las Municipalidades del interior, en su caso, la requieran.

La exhibición no será obligatoria más de una vez en cada año;

d) La exhibición de los recibos de pago de la tributación, correspondientes a las anualidades anteriores, dentro del término de prescripción;

e) Permitir y facilitar las inspecciones de los inmuebles, las veces que la Dirección ordenase dicha diligencia;

f) Las declaraciones juradas, en las oportunidades que determina el presente Decreto-Ley.

Art. 24º.- Registro de domicilio.

El registro de domicilio se cumplirá en virtud, de una declaración hecha en dos ejemplares, dentro del término de un mes contado desde la fecha de toda operación traslativa del dominio de inmuebles.

Cada declaración de domicilio se referirá a un solo inmueble.

El Contribuyente podrá elegir un domicilio especial para todo lo relacionado con el cumplimiento de este Decreto-Ley, y dicho domicilio se considerará subsistente mientras la fijación del mismo no sea substituida por una nueva declaración.

Tratándose de varios propietarios de un mismo inmueble, la declaración podrá ser presentada por cualquiera de ellos. Si la firmasen varios, deberán designar un solo domicilio especial.

Las declaraciones serán registradas en un libro especial, en la Dirección de Impuesto Inmobiliario, por orden cronológico de fechas, conservándose las declaraciones presentadas en dos archivos separados, dispuestos respectivamente por orden alfabético de propietarios y por ordenamiento catastral o de padrones, de los inmuebles de que se trata.

A falta de registro del domicilio del contribuyente, la Dirección podrá optar por el envío de las comunicaciones, liquidaciones y notificaciones al último domicilio conocido o al lugar de ubicación del inmueble de que se trata.

Art. 25º.- Declaraciones juradas.

Las declaraciones juradas que deberán presentar los contribuyentes serán las siguientes:

a) Para comunicar las edificaciones, construcciones o mejoras incorporadas a los inmuebles. La comunicación deberá hacerse dentro del término de un mes desde la finiquitación de las obras, o en el caso de obras inconclusas, a más tardar dentro del término de un año desde la iniciación, sin perjuicio, de cumplir con la comunicación definitiva en oportunidad posterior;

Considerase que la obra se halla, concluida cuando la edificación, ampliación o refección estén en condiciones de ser habitadas o utilizadas, aunque no se hubiese otorgado el certificado municipal de la inspección final;

b) Para comunicar las modificaciones que sufren los inmuebles por desmembración, división o reunión de parcelas, o por cambio de propietario; comunicaciones éstas que deberán cumplirse dentro del término de un mes de la operación respectiva;

c) Para comunicar los loteamientos de inmuebles y los convenios de compraventa sujetos a ulterior otorgamiento de escritura pública. La declaración se hará dentro del término de un mes, contado desde la iniciación del loteamiento, y en lo sucesivo, en periodos semestrales;

d) Los propietarios de tierras rurales de gran extensión sobre las que recae el adicional progresivo legislado en el Titulo II deberán hacer la declaración jurada prevista en el art. 55;

e) Las declaraciones relativas a las franquicias impositivas y al cese de las mismas;

f) En las épocas fijadas para el revalúo general de la propiedad raíz, los propietarios de inmuebles urbanos de municipios no comprendidos en el régimen de catastro, y de inmuebles suburbanos y rurales, en general, presentarán una declaración jurada al solo efecto de declarar la ubicación exacta, dimensiones y linderos, del inmueble de que se trata. En el caso de inmuebles urbanos y suburbanos será declarado, además, el valor;

g) Cuando se disponga, la incorporación al catastro de municipios no incorporados, los propietarios deberán presentar las declaraciones que les sean requeridas, dentro de los plazos que se señalen.

Las declaraciones juradas enumeradas en el presente artículo deberán presentarse con la certificación de escribano público o juez de paz, de la identidad del declarante y de la autenticidad de su firma, así como de la veracidad del carácter de propietario o condómino que se invoca. Las declaraciones a que se refiere el inciso "f" deberán, ser conformadas, además, por la autoridad municipal del lugar, para certificar sobre las dimensiones, linderos y ubicación exacta del inmueble.

La Dirección podrá exigir la exhibición de los documentos justificativos en el caso de los incs. "a", "b" y "c" del presente artículo.

Art. 26º.- Formularios.

La declaración para el registro de domicilio y las declaraciones juradas serán cumplidas en formularios especiales que la Dirección habilitará al público al precio de costo del papel y de la impresión.

No serán exigibles las expresadas obligaciones formales mientras la Dirección carezca de los formularios respectivos.

Art. 27º.- Responsabilidad por tributos atrasados.

El propietario de un inmueble responde de la deuda Por tributos, correspondientes a propietarios anteriores, en caso de haberse omitido la obtención del certificado de no adeudar, previsto en el art. 5º.

Si el certificado fue expedido y hubo error en su expedición, el fisco conservará la acción contra los propietarios anteriores que omitieron el pago de la tributación.

CAPÍTULO 5: Obligaciones de terceros

Art. 28º.- Empresarios de obras.

Las empresas de construcciones, y los ingenieros, arquitectos, constructores, maestros de obras y otras personas que toman a su cargo la construcción, refacción o ampliación de edificios u otras mejoras, estarán obligados a presentar a la Dirección, dentro de los sesenta días, de terminada la obra:

a) Los datos referentes a la ubicación del inmueble;

b) El nombre y domicilio del propietario;

c) La copia de los planos aprobados por la Municipalidad, incluso de las obras adicionales o complementarias no previstas en los planos primitivos;

d) La copia del presupuesto y la declaración del costo efectivo resultante.

Los planos presentados serán devueltos en el término máximo de ocho días, previa toma de razón en la ficha catastral del inmueble.

Las declaraciones a que se refiere el presente artículo serán presentadas en dos ejemplares, los que conservará la Oficina en archivos separados, por orden alfabético de los propietarios y por ordenamiento catastral de los inmuebles, respectivamente.

Art. 29º.- Terceros.

Siempre que un tercero reciba de la Dirección intimaciones de pago o comunicaciones de cualquier índole respecto de un inmueble que no le pertenece sea por homonimia, dominio anterior o cualquier otra causa deberá aclarar la situación a la Oficina en el término de treinta días, y declarar el nombre y domicilio del propietario, si los conoce.

Art. 30º.- Municipalidades.

Será obligación de los municipios:

a) Proporcionar a la Dirección una copia actualizada del plano del municipio;

b) Comunicar mensualmente a la Dirección los cambios operados en la apertura o designación de calles o en el sistema de numeración de casas;

c) Asesorar a la Dirección respecto de los valores de las tierras y costos de construcciones en el respectivo municipio;

d) Comprobar y conformar en forma gratuita las declaraciones juradas periódicas de los vecinos sobre la ubicación de los inmuebles urbanos o suburbanos de municipios no incorporados al régimen de catastro, y de los inmuebles rurales de la Región Oriental, en general;

e) Colaborar con la Dirección en la efectivización de los créditos fiscales, en la forma determinada en este Decreto-Ley y en los reglamentos;

f) Remitir trimestralmente a la Dirección la nómina de los permisos concedidos para la ejecución de obras de construcción, refacción o ampliación de edificios u otras mejoras, con los datos pertinentes sobre el valor de las obras;

g) Denegar los permisos de ejecución de obras cuando el propietario no justifique hallarse al día con la tributación; y denegar el certificado de inspección final de las mismas, mientras no se compruebe dicha circunstancia así como la de haberse dado cumplimiento a lo dispuesto por el art. 25º inc. "a".

Art. 31º.- Escribanos Públicos.

Los escribanos públicos y quienes ejerzan tales funciones, no podrán extender escrituras relativas a inmuebles sino previo cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5º. Todos los datos del certificado de no adeudar deberán insertarse en la respectiva, escritura.

Las mismas disposiciones rigen para el otorgamiento de títulos de dominio sobre inmuebles vendidos por el Estado, sus entes autárquicos o corporaciones mixtas. La obligación de la obtención del certificado de no adeudar se hallará a cargo del Escribano Mayor de Gobierno.

A los efectos de la fiscalización y de la actualización del catastro y de las inscripciones inmobiliarias, los funcionarios debidamente autorizados por la Dirección tendrán libre acceso a los protocolos de las escrituras.

Art. 32º.- Registro General de la Propiedad.

La Dirección del Registro General de la Propiedad no inscribirá ninguna escritura que verse sobre bienes raíces sin comprobar el cumplimiento de los requisitos a que se refiere el artículo anterior.

La misma obligación rige para la inscripción de declaratorias de herederos con referencia a bienes inmuebles.

La Dirección del Registro General de la Propiedad facilitará la actuación permanente de los funcionarios debidamente autorizados por la Dirección de Impuesto Inmobiliario para extractar de todas las escrituras inscriptas los datos necesarios para el empadrona miento y catastro.

Art. 33º.- Juzgados, Tribunales y Reparticiones Administrativas.

No podrá tener, curso ninguna diligencia o gestión, judicial o administrativa, relativa a bienes raíces, sino previo cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5º.

Las reparticiones dependientes del Poder Ejecutivo deberán satisfacer cualquier pedido de informes de la Dirección, respecto de la ubicación, características y situación impositiva de los inmuebles y nombre y domicilio de los propietarios.

CAPÍTULO 6: Forma de percepción y épocas

Art. 34º.- Plazos legales.

En cada año, los plazos para el pago del impuesto inmobiliario y de los gravámenes conexos, serán los siguientes:

a) El 31 de marzo, para los inmuebles de la Capital de la República;

b) El 30 de abril, para los inmuebles urbanos de otros municipios sometidos al régimen de catastro;

c) El 31 de mayo, para los inmuebles urbanos de los municipios no sometidos al régimen de catastro;

d) El 30 de junio, para los inmuebles rurales de la Región Oriental;

e) El 31 de julio, para los inmuebles rurales de la Región Occidental o Chaco.

Art. 35º.- Prórrogas.

El Ministerio de Hacienda podrá prorrogar los plazos fijados, atendiendo a razones de mejor administración o cuando circunstancias excepcionales afectan la situación económica de algunas zonas o regiones del país.

Art. 36º.- Boleta de liquidación.

A los efectos del pago de la tributación, la Dirección remitirá por correo a cada contribuyente con domicilio registrado, la boleta de liquidación respectiva, con dos meses de antelación a la fecha de expirar el plazo legal para el pago.

La falta de recibo de la boleta de liquidación no exime del pago dentro de los plazos establecidos, ni evita la devengación de los recargos legales por inobservancia del término.

Art. 37º.- Procedimiento de liquidación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo, precedente, anualmente se liquidará la deuda de cada inmueble por la tributación del año en curso y los recargos y multas que correspondan al año anterior.

Si dicha liquidación no fuese satisfecha en estación oportuna, los recargos que se devengan, así como las multas que pudiesen originarse dentro del año, serán percibidos conjuntamente con la tributación del año siguiente.

El recibo de pago por una anualidad de la tributación no acredita el pago de los tributos correspondientes a anualidades anteriores.

Art. 38º.- Forma de pago.

El pago de los gravámenes, recargos y multas, podrá hacerse indistintamente en la Dirección, o en las receptorías o Bancos autorizados.

El contribuyente podrá, también, hacer la remesa por giro o cheque cruzado a la orden de la Dirección, con el mismo formulario utilizado para la boleta de liquidación remitida por la Oficina. El recibo de pago será devuelto por correo.

Se considerará como fecha de pago la del día en que se efectúe el depósito, la de la fecha del giro bancario o la de recepción de cheque siempre que estos valores puedan hacerse efectivos en el momento de su presentación al cobro.

Art. 39º.- Emisión de estampillas como instrumentos de percepción del tributo.

El Poder Ejecutivo podrá autorizar la emisión de estampillas como instrumentos de percepción de los tributos que inciden sobre la propiedad raíz.

Las estampillas tendrán curso legal durante él año para el que se haya autorizado la emisión.

TITULO II: OTROS GRAVÁMENES QUE INCIDEN SOBRE LA PROPIEDAD RAÍZ.

CAPÍTULO 1: Disposiciones Generales.

Art. 40º.- Enumeración.

Conjuntamente con el impuesto inmobiliario, y en un mismo recibo de percepción se ingresarán los siguientes gravámenes conexos, en los casos en que corresponda su aplicación.

a) En la Capital de la República:

1. La tasa municipal de limpieza;

2. La tasa municipal de conservación del pavimento;

3. El impuesto adicional a los baldíos y semibaldíos.

b) En la Capital y poblaciones vecinas servidas por la red de alumbrado público de la Administración Nacional de Electricidad:

1. La tasa de alumbrado público.

c) En los municipios del interior, incorporados al régimen de catastro:

1. La contribución de vialidad;

2. El impuesto adicional a los baldíos y semibaldíos.

d) En los municipios no incorporados al régimen de catastro:

1. La contribución de vialidad.

e) En las zonas rurales del país:

1. El adicional progresivo a los inmuebles rurales de gran extensión;

2. La contribución de vialidad, en la Región Oriental, exclusivamente.

Art. 41º.- Tributos por leyes especiales.

Se regirán, en lo principal, por las respectivas leyes orgánicas, los siguientes tributos:

a) La tasa municipal de limpieza;

b) La tasa municipal de conservación del pavimento.; y

c) La tasa de alumbrado público.

La percepción de las expresadas tasas por la Dirección de Impuesto Inmobiliario se regirá por convenios a celebrarse entre dicha Dirección y la Municipalidad de la Capital, por una parte, y con la Administración Nacional de Electricidad, por la otra. Con arreglo a dichos convenios, el Poder Ejecutivo podrá introducir en el régimen legal de los tributos las variaciones necesarias para facilitar su percepción juntamente con el impuesto inmobiliario.

Art. 42º.- Tributos regidos por el presente Decreto-Ley.

Se regirán exclusivamente por las disposiciones del presente Decreto-Ley, los siguientes tributos:

a) El impuesto adicional a los baldíos y semibaldíos; y

b) El adicional progresivo a los inmuebles rurales de gran extensión.

La contribución de vialidad se regirá por lo dispuesto en el presente Decreto-Ley y las leyes especiales que se dictaren.

Art. 43º.- Recargos y multas.

Respecto de todos los gravámenes enumerados en el art. 40, los recargos por incumplimiento de los plazos de pago se regirán por lo dispuesto en los arts. 37 y 56.

Las multas se establecerán conforme a lo dispuesto en el Capítulo 2° del Título III.

El procedimiento previsto en el primer apartado del art. 5º del Decreto-Ley Nº 31/52 será aplicado a los inmuebles afectados que adeuden la tributación del presente Decreto-Ley con un período de recargos. Para disponer dicha medida será competente la Dirección de Impuesto Inmobiliario.

CAPÍTULO 2: Impuesto Adicional a los Baldíos y Semibaldíos.

Art. 44º.- Naturaleza del adicional. El adicional legislado en el presente Capítulo grava las tierras baldías y semibaldíos en determinadas zonas de la Capital y de los demás municipios incorporados al régimen de catastro.

El impuesto se aplicará sobre el valor de catastro de la tierra, exclusivamente.

A los efectos de la presente tributación se consideran como terrenos baldíos todos los inmuebles que carecen de mejoras o en los cuales el valor de las mismas representa menos del 25% del valor de la tierra.

Se reputan terrenos semibaldíos los inmuebles en que el valor de las mejoras representa una porción comprendida entre el 25% y el 70% del valor de la tierra.

Art. 45º.- Delimitación de zonas en la Capital.

En la Capital, el adicional gravará los inmuebles afectados, comprendidos en las zonas a que se refiere el art. 4º del Decreto-Ley Nº 26/52.

Facultase al Poder Ejecutivo a variar la delimitación de zonas y a incluir en ellas porciones mayores del municipio, cuando el progreso edilicio lo exija.

Art. 46º.- Normas especiales para la aplicación del adicional.

En las calles que limitan las zonas según el artículo anterior, el adicional gravará los inmuebles situados sobre ambas veras.

Tratándose de demarcaciones mayores, no parceladas en manzanas regulares, los inmuebles afectados según las calles sobré las que da su frente, tributarán hasta una profundidad de 100 metros, a cuyo efecto deberá hacerse el cálculo proporcional respectivo.

Art. 47º.- Tasas de la tributación.

En la Capital, los inmuebles afectados tributarán las siguientes tasas adicionales sobre la avaluación de la tierra, conforme a dictamen del Consejo de Tasaciones, aprobado por el Poder Ejecutivo:

Baldíos: de 1/2 o/oo a 3 o/oo

Semibaldíos: de 1/2 o/oo a 2 o/oo

Art. 48º.- Incrementación del adicional.

A partir de cada período de revalúo, el presente impuesto adicional será aumentado en un 40% sobre la base vigente.

El máximun del adicional será la suma que iguale la del impuesto inmobiliario que tributa el inmueble de que se trata.

Art. 49º.- Otros municipios.

Las tasas para el impuesto adicional en los demás municipios sometidos al régimen de catastro serán del 50% de las que corresponden a la Capital, previa delimitación de las zonas afectadas, por el Poder Ejecutivo.

En todo lo demás, la tributación se regirá por lo dispuesto en el presente Capitulo.

CAPÍTULO 3: Contribución de Vialidad.

Art. 50º.- Naturaleza de la tributación.

La contribución legislada en el presente Capítulo gravará los inmuebles urbanos, suburbanos y rurales de los distritos beneficiados por la red vial de caminos mejorados.

Art. 51º.- Determinación del gravamen. Escala.

Los inmuebles afectados tributarán el gravamen en forma proporcional a la avaluación de la tierra, exclusivamente, con prescindencia de las mejoras.

Siempre que las leyes de vialidad no establecieran una tributación mayor, se percibirá el gravamen con arreglo a la siguiente escala:

Clases de caminos que cruzan o benefician el distrito Zona urbana de los municipios Zona Suburbana y rural

Caminos con calzada pétrea y ligantes bituminosos, o de cemento-portland 4 o/oo - 3 o/oo

Caminos empedrados o adoquinados, o con calzada pétrea y ligantes arcillosos 3 0/00 - 2 o/oo

Caminos de tierra, mejorados 2 0/00 - 1 0/00

Art. 52º.- Distritos afectados.

El Poder Ejecutivo determinará los distritos afectados con la contribución de vialidad y caracterizará los tipos de construcción de los caminos mejorados, a los efectos de la aplicación del tributo.

Tratándose de distritos que cuentan con caminos mejorados de varias clases, se aplicará solamente la tasa que represente mayor tributación.

Art. 53º.- Época de Implantación de la contribución de vialidad.

Librado oficialmente al servicio público un tramo caminero, los inmuebles situados dentro de los límites del distrito cruzado o beneficiado con el camino quedarán afectados al pago de la contribución de vialidad.

La tributación se hará efectiva desde el mismo año, cuando la habilitación del camino se produjo durante el primer trimestre del mismo, o desde el año siguiente en los demás casos.

Cuando se aplique la tasa desde el mismo año de la habilitación del camino respectivo, la Oficina contraliquidará las liquidaciones correspondientes a inmuebles cuya tributación ya fue ingresada.

En ningún caso se podrá aplicar la tributación en virtud de caminos mejorados solamente en tramos parciales, aunque dichos tramos estuviesen librados al servicio público.

CAPÍTULO 4: Adicional Progresivo a los Inmuebles Rurales de Gran Extensión.

Art. 54º.- Naturaleza y tasas de la tributación.

Los inmuebles rurales de gran extensión sufrirán un gravamen adicional progresivo que se regirá por lo dispuesto en este Capítulo.

El adicional se determinará calculado en tanto por mil sobre la avaluación de la tierra exclusivamente, con prescindencia de las mejoras, y según la siguiente escala:

Región Oriental

Superficie de los inmuebles

Tasa del Adicional

Región Occidental (Chaco)

Superficie de los inmuebles

De 1 a menos de 5.000 Hs. - De 1 a menos de 18.750 Hs.
De 5.000 a menos de 10.000 Hs. 0.30 o/oo De 18.750 a menos de 40.000 Hs.
De 10.000 a menos de 20.000 Hs. 0.50 o/oo De 40.000 a menos de 70.000 Hs.
De 20.000 a menos de 30.000 Hs. 0.70 o/oo De 70.000 a menos de 100.000 Hs.
De 30.000 a menos de 40.000 Hs. 0.90 o/oo De 100.000 a menos de 130.000 Hs.
De 40.000 a menos de 50.000 Hs. 1.10 o/oo De 130.000 a menos de 160.000 Hs.
De 50.000 a menos de 70.000 Hs. 1.30 o/oo De 160.000 a menos de 190.000 Hs.
De 70.000 a menos de 100.000 Hs. 1.50 o/oo De 190.000 a menos de 220.000 Hs.
De 100.000 a menos de 150.000 Hs. 1.70 o/oo De 220.000 a menos de 260.000 Hs.
De 150.000 a 200.000 Hs. 1.90 o/oo De 260.000 a 300.000 Hs.
de mas de 200.000 Hs. 2 o/oo de mas de 300.000 Hs.

Art. 55º.- Inmuebles afectados.

El adicional progresivo legislado en el presente Capítulo se hará efectivo sobre los inmuebles que reúnen los requisitos enunciados en la Tabla precedente y, asimismo, sobre los inmuebles registrados bajo distintos empadronamientos pero que son adyacentes y forman o pueden formar solo cuerpo. Respecto de los inmuebles comprendidos en tales circunstancias, el propietario deberá hacer la declaración jurada a los efectos de la aplicación de la escala del adicional que le corresponde. La declaración se hará dentro del año, y antes del pago del Impuesto Inmobiliario, todas las veces que se modifique la situación de los inmuebles de manera que pueda tener aplicación o variación el tributo del presente adicional.

Consideranse sujetos a declaración, como de un solo dueño, los inmuebles pertenecientes a cónyuges, a la sociedad conyugal y a los hijos que se hallan bajo la patria potestad.

TITULO III: MORA E INFRACCIONES

CAPÍTULO 1º.- Recargos y regularización.

Art. 56º.- Recargos.

Siempre que el contribuyente incurriese en inobservancia de los plazos establecidos para el pago de la tributación, deberá abonar los siguientes recargos legales:

a) Por un atraso no mayor de un mes: 10% sobre la tributación;

b) Por un atraso no mayor de un semestre: 25% sobre la tributación;

c) En lo sucesivo, por cada semestre o fracción de semestre que importe el retardo: 50% de la tributación.

A los efectos del presente articulo, los términos desde los cuales se cuenta el recargo son los plazos legales, no computándose las prórrogas acordadas por el Ministerio de Hacienda si el pago no fue efectuado dentro de dichos períodos de prórroga.

El recargo será liquidado hasta un máximum de seis semestres.

Art. 57º.- Disposiciones aplicables. Opción fiscal.

Las anualidades vencidas serán percibidas con arreglo a las disposiciones legales y administrativas y a las avaluaciones, en vigor a la fecha última que el pago debió ser efectuado en los plazos normales. Los recargos serán, computados en base a las disposiciones legales vigentes al tiempo de ser devengados.

La Dirección podrá optar, cuando convenga al interés fiscal, por la liquidación de la deuda vencida, sin recargos, pero sobre la base de la tributación y avaluación vigentes en el momento de hacerse efectivo el pago. En dicho caso se descontará el valor de las tasas de retribución de servicios, no vigentes el tiempo a que correspondan las anualidades adeudadas.

Art. 58º.- Plazos de regularización.

En el interés de facilitar la regularización de la tributación correspondiente a inmuebles que adeudan anualidades vencidas, la Dirección podrá acordar plazos para el pago de las mismas y de la anualidad corriente.

Todo lo referente al procedimiento a aplicarse se regirá por lo dispuesto en el Título IV.

Art. 59º.- Cédula especial de prórroga.

El contribuyente en mora que no hiciese uso del procedimiento de pago del artículo anterior podrá obtener de la Dirección una cédula especial de prórroga, válida por un año, previo pago de la tributación por el año en curso y de la anualidad más atrasada que adeude, incluidos los recargos correspondientes a la misma.

CAPÍTULO 2º: Penalidades

Art. 60º.- Aplicación de sanciones.

Cualquier infracción al presente Decreto-Ley será sancionada con arreglo a las disposiciones de este Capítulo.

Actuará con carácter de juez administrativo el Director de Impuesto Inmobiliario, excepto en los casos de competencia de las comunas.

Cuando la ley prevea la posibilidad de la aplicación de multas comprendidas entre un mínimum y un máximum, se graduará la pena con consideración a las circunstancias especiales, atenuantes o agravantes, en cada caso.

La aplicación de multas no exime de la obligación de ingresar el impuesto adeudado y de dar cumplimiento a las demás obligaciones fiscales del contribuyente.

Art. 61º.- Evasión de impuestos.

Cualquier falsedad u omisión en las declaraciones juradas del contribuyente, con el alcance de poder determinar una disminución sustancial de la tributación, será penada con una multa de dos hasta cinco veces la suma de impuestos y tasas que se haya dejado de pagar o pretendido eludir.

La multa será calculada, según el apartado anterior, sobre el valor resultante para una anualidad, pero no podrá ser inferior a (Gs. 50) Cincuenta guaraníes.

Art. 62º.- Faltas administrativas.

La omisión o retardo de la presentación de las declaraciones juradas, o la presentación de las mismas con datos inexactos cuando no reviste los Caracteres del artículo anterior se consideran faltas administrativas y se sancionan con multa comprendida entre Gs. 30 y Gs. 300

Rige la misma sanción:

a) Por el incumplimiento de las obligaciones formales a cargo de terceros, no contribuyentes, y

b) Por cualquier infracción al presente Decreto-Ley y disposiciones reglamentarias, para las cuales no estuviese prevista una penalidad especial.

Art. 63º.- Reincidencia.

En caso de reincidencia, las multas a aplicarse serán dobles, a las previstas en los artículos precedentes. También será duplicada la escala que comprenda multas entre un mínimum y un máximum.

Se considerará reincidente a toda persona que en el término de tres años incurre en dos infracciones a la legislación de Impuesto Inmobiliario y gravámenes conexos.

Art. 64º.- Responsabilidad de los funcionarios.

Los funcionarios nacionales o municipales que autoricen cualquier infracción a las disposiciones de este Decreto-Ley y sus reglamentos, serán pasibles de las mismas sanciones que corresponda aplicar a los contraventores, aparte de las sanciones disciplinarias que procedan.

Será considerada como agravante especial si la infracción es cometida o consentida por un funcionario o empleado de la Dirección de Impuesto Inmobiliario.

Art. 65º.- Contravenciones de escribanos.

Las contravenciones de los escribanos públicos, o de quienes ejerzan tales funciones, deberán ser puestas en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, a los efectos pertinentes.

CAPÍTULO 3º: Recursos

Art. 66º.- Reconsideración.

Podrá interponerse recurso de reconsideración ante el Consejo de Tasaciones, en los siguientes casos;

a) Contra las avaluaciones de inmuebles y las constancias del catastro, cuando se lesionan intereses de particulares;

b) Contra las resoluciones de la Dirección.

El término para la interposición del recurso será de treinta días, desde la notificación.

Art. 67º.- Acción contencioso-administrativa.

Contra las resoluciones de la Dirección o de las comunas, o las resoluciones originarias o de reconsideración del Consejo de Tasaciones podrá promoverse, dentro del término, la acción contencioso-administrativa, supeditada al previo ingreso de impuestos y el depósito de los recargos y multas.

En el caso de pedidos de reconsideración no resueltos, la acción podrá promoverse desde los treinta días de la fecha del pedido respectivo.

La acción contencioso-administrativa podrá promoverse, asimismo, contra las resoluciones del Poder Ejecutivo sobre fijación de avaluaciones, dentro del término especial de sesenta días desde la fecha del pago del impuesto respectivo o desde la fecha en que expiró el plazo para dicho pago.

CAPÍTULO 4º: Cobro compulsivo

Art. 68º.- Requerimiento de pago.

En todos los casos de contribuyentes remisos, la Dirección podrá:

a) Dirigir circulares de requerimiento intimando el pago dentro de un plazo que fijará, comprendido entre los 30 y 90 días de la fecha del aviso;

b) Confiar el cobro de la tributación, recargos y multas, a cobradores fiscales designados ad-hoc;

c) Enviar a las Municipalidades la planilla de deudas en mora de inmuebles comprendidos en el municipio o en el distrito, a fin de que las comunas hagan efectivo el cobro o exijan la regularización previa para atender cualesquiera trámites de los propietarios remisos;

d) Publicar edictos administrativos, previos a la gestión judicial, por el término de un mes.

El procedimiento legislado en los incisos "a" y "b" del presente artículo se aplicará en los casos en que el contribuyente hubiese registrado su domicilio o si dicho domicilio constase en cualquier otra forma a la Oficina.

Art. 69º.- Gestión judicial.

El cobro judicial de los créditos fiscales provenientes de la tributación a que se refiere el presente Decreto-Ley, y de los recargos y multas, se hará efectivo por juicios ejecutivos.

Serán competentes los Juzgados de 1ª Instancia en lo Civil, de la Capital, y la representación de la Dirección será ejercida por cobradores fiscales, en virtud de poderes debidamente otorgados.

El procedimiento se seguirá conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en el presente Capítulo.

Art. 70º.- Título ejecutivo.

Constituirá documento ejecutivo suficiente la boleta de deuda certificada por la Dirección y provista del Visto Bueno del Ministerio de Hacienda o, en su caso, el testimonio autenticado de resolución administrativa ejecutoriada o de sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada.

Art. 71º.- Citación.

Citado de remate el deudor, será notificado por cédula, o por mandamiento judicial si residiere fuera de la Capital.

La notificación contendrá el apercibimiento de que en caso de incomparecencia el juicio proseguirá con la intervención del Defensor de Pobres y Ausentes, quien ejercerá la representación del accionado.

Si el inmueble estuviese gravado con derechos reales, se hará la citación, también, al titular de dicho derecho.

En las acciones contra propietario desconocido, o ignorándose el domicilio, la citación se hará por edictos. Las publicaciones se insertarán en tres de los diarios de mayor circulación de la Capital, por dos veces, durante diez días cada vez y con intervalo de un mes.

En cada edicto podrán comprenderse hasta quince inmuebles, de distintos propietarios, a condición de que todos estén situados en el mismo municipio o en el mismo distrito rural, y que se identifiquen los inmuebles con los datos del empadronamiento.

Art. 72º.- Publicidad local.

Cualquiera hubiese sido la forma de notificación, tratándose de la ejecución de inmuebles situados en el interior del país, la notificación ,o el edicto deberán ser exhibidos en el tablero de la Municipalidad respectiva, o del municipio más próximo en el caso de inmuebles rurales.

El término de la exhibición será de cuarenta días, y el cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo se justificará en autos mediante el correspondiente certificado expedido por la Municipalidad.

Art. 73º.- Incomparecencia del accionado.

En paso de incomparecencia del accionado, con la certificación del actuario, y, en su caso, con el certificado municipal a que se refiere el artículo anterior, se hará efectivo el apercibimiento de la citación.

Art. 74º.- Excepciones: Las únicas excepciones admisibles serán:

a) Falta de personería;

b) Falsedad del título ejecutivo;

c) Exención legal de la tribución;

d) Espera;

e) Prescripción;

f) Pago.

La prueba del pago deberá consistir exclusivamente en los recibos otorgados por la Dirección.

Art. 75º.- Sentencia de remate.

Dictada la sentencia, si ella dispone que se lleve adelante la ejecución, el Juez ordenará la venta del inmueble, objeto de la ejecución, en subasta pública.

Si el inmueble constase de varias fracciones o fuese fácilmente divisible sin necesidad de mensura, la venta se podrá limitar a la parte que la Dirección Considere suficiente para cubrir el crédito fiscal y los gastos del juicio.

Si se tratase de inmuebles de una avaluación importante que no reúnan las condiciones del apartado anterior, el Juez podrá disponer la venta de una porción indivisa determinando su proporcionalidad con el total del inmueble. El adquirente de la porción ofrecida tendrá todos los derechos que las leyes confieren a los condóminos.

Art. 76º.- Publicidad de la subasta.

La venta será anunciada por edictos cuya publicación se hará durante un mínimum de 15 días en tres diarios de la Capital de los de mayor circulación, que el Juez designe.

Durante el mismo término se exhibirán los edictos en los tableros del Municipio respectivo, en forma análoga a la legislada en el art. 72.

Los edictos podrán comprender varios inmuebles, con la limitación del último apartado del art. 71.

Se notificara por cédula:

a) A la Municipalidad respectiva, respecto de los inmuebles situados dentro del éjido municipal.

b) Al Instituto de Reforma Agraria, respecto de los inmuebles rurales.

Art. 77º.- Base de la subasta.

Servirá de base para la subasta la avaluación oficial del inmueble. No habiendo postores, en subastas posteriores se retasará el inmueble hasta un mínimum de 60% de la avaluación oficial.

En el caso de que con arreglo al art. 75 el inmueble no fuese ofrecido a la venta en su totalidad, la base será ajustada al valor proporcional de la porción que habrá de subastarse.

Art. 78º.- Lugar de la subasta. Responsabilidad del adquirente.

Tratándose de inmuebles situados en la Capital, la subasta deberá realizarse en el mismo inmueble. Si se tratase de inmuebles situados fuera de la Capital, la subasta se llevará a efecto en el lugar que el Juzgado designe.

En el caso de que el adquirente en subasta no cumpliere con las obligaciones contraídas, perderá la suma entregada como seña y responderá, además, de los gastos de publicidad y comisión del martillero.

Art. 79º.- Adjudicación a instituciones oficiales.

Si en los remates dispuestos en los artículos anteriores no hubiese postor, el bien inmueble de que se trata será adjudicado a la Municipalidad respectiva o al Instituto de Reforma Agraria, según se trate de predios urbanos o rurales.

En el más breve plazo las instituciones adjudicatarias deberán negociar el inmueble en venta particular debidamente anunciada, por cuenta del propietario en condiciones tales que el valor resultante, deducidos los gastos, no sea inferior al de la última retasa.

Art. 80º.- Transferencia de fondos.

Terminado el juicio ejecutivo, el Juzgado ordenará el libramiento de cheque judicial a la orden de la Dirección por el importe del crédito del fisco y gastos causídicos.

Si por falta de postura el inmueble fuese adjudicado a una institución oficial; la misma deberá ingresar a la Dirección, en oportunidad de la venta del inmueble, el valor del crédito fiscal, incluidos los gastos causídicos.

En el caso del segundo apartado del art. 78, la seña abandonada por el adquirente será entregada en cheque judicial a la Dirección, la cual practicará la liquidación respectiva y acreditará con los fondos que correspondan a la cuenta impositiva del inmueble que ha originado las actuaciones.

Art. 81º.- Derechos del propietario.

En cualquier etapa del juicio, antes de la subasta, el propietario podrá:

a) Regularizar su deuda mediante el pago de la suma adeudada o por el procedimiento del art. 58; o

b) Prestar fianza real o personal a satisfacción de la Dirección y obtener de la misma, en consecuencia, la suspensión del procedimiento, por un término no mayor de seis meses.

En caso de adjudicación a una institución oficial, el propietario podrá recuperar el inmueble que no hubiese sido vendido aun, mediante el pago o la regularización de la deuda.

En cualesquiera de los casos será previo el pago de los gastos causídicos del juicio.

TITULO IV: RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.

CAPÍTULO 1º: Catastro y Avaluación.

Sección A: Catastro

Art. 82º.- Reglas generales para la formación del catastro.

Para la formación del catastro se adoptará el sistema descriptivo parcelario.

Se considera "parcela" la fracción de tierra expresamente consignada en los respectivos títulos de dominio.

De cada parcela se hará una ficha con las referencias propias del dominio y las que considere necesarias la Dirección.

El Poder Ejecutivo fijará las reglas técnicas para la formación del catastro.

Art. 83º.- Nomenclatura catastral. La nomenclatura catastral será invariable a los efectos de la diferenciación de las parcelas.

Dicha nomenclatura será obligatoriamente consignada y observada por las autoridades administrativas y judiciales y en las gestiones ante ellas.

Art. 84º.- Inscripción inmobiliaria.

En los municipios no incorporados aún al régimen de catastro y en las zonas suburbanas y rurales, la Oficina llevará libros de inscripción inmobiliaria cuyas anotaciones de medidas, linderos y superficie de las parcelas se ajustarán a los datos de los títulos de dominio y de las declaraciones juradas del contribuyente.

Art. 85º.- Incorporaciones al catastro.

Los municipios del interior serán incorporados al régimen de catastro tan pronto se concluyan los pertinentes trabajos sobre el terreno y de gabinete.

No se podrá disponer tales incorporaciones relativas a municipios parcialmente catastrados.

El cambio de régimen impositivo que determine la incorporación al catastro se operará desde el año siguiente al de la incorporación.

Sección B: Avaluaciones.

Art. 86º.- Avaluación catastral.

El avalúo de los inmuebles comprendidos en zonas incorporadas al régimen de catastro se hará determinando el valor del suelo y por separado el de las construcciones y demás mejoras.

El Poder Ejecutivo podrá disponer que en la avaluación se tenga en consideración la incidencia de la capitalización de la renta, real o presunta.

Art. 87º.- Valor del suelo.

Para establecer él valor de la tierra se tendrán en cuenta los últimos precios de venta, cotizados en los tres años anteriores al avalúo, debidamente agrupados por jurisdicciones y zonas de influencia. Se considerará, además, el mayor valor adquirido por obra del progreso general.

Los valores básicos, así determinados, serán promedíales, y sufrirán las variaciones en más o menos que resulten de la aplicación de los coeficientes de la tabla de valoración de la tierra.

Art. 88º.- Valor de las construcciones y demás mejoras. El justiprecio de las construcciones se obtendrá mediante la aplicación de valores unitarios "tipo", para cuya determinación se tendrán en cuenta los valores reales del costo de la edificación, según su uso o destino; la clase y características de la construcción, y el estado de conservación. Sobre los valores resultantes se aplicarán coeficientes de desvalorización, por el desgaste natural en razón del tiempo.

Las instalaciones y mejoras complementarias del inmueble, no comprendidas en la tabla general de valores, serán avaluadas cuando lo solicite el propietario.

Art. 89º.- Ajuste de la avaluación catastral.

A los efectos de las avaluaciones, la superficie de la tierra tanto como la superficie cubierta, sarán computadas en metros cuadrados exactos, despreciándose las fracciones de metros cuadrados que resultasen.

Siempre que de las operaciones de cálculos resulte una avaluación que no constituya un múltiplo exacto de Gs. 100. se inscribirá la cantidad inmediata inferior que reúna dicho requisito. Se avaluarán en Gs. 100. los inmuebles que resulten con una avaluación menor a dicha suma.

Art. 90º.- Avaluación de zonas rurales.

La avaluación de zonas rurales será hecha por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo de Tasaciones y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 9°.

La unidad de cálculo para cada inmueble será la hectárea, despreciándose las fracciones de hectáreas que resultasen. Si el inmueble fuese de menos de una hectárea, el cálculo será hecho sobre dicha base mínima.

La avaluación resultante será ajustada con arreglo al procedimiento enunciado en el último apartado del artículo anterior.

Sección C: Revalúo

Texto original del Decreto - Ley Nº 51/52
Nueva redacción dada por el Decreto - Ley Nº 239/60 artículo 1
Art. 91º.- Revaluación general de inmuebles. Art. 91.- Revaluado general de Inmuebles.
La revaluación general de inmuebles se hará cada cinco años. Cuando las operaciones de revalúo no pudiesen finiquitarse en el curso del año, las operaciones podrán prolongarse al año siguiente. En tales casos la Oficina podrá percibir provisionalmente los tributos sobre la base anterior y contraliquidar la diferencia a cargo del contribuyente, si la hubiere, en el curso del año o durante el año siguiente.

La revaluación general de inmuebles se hará cada cinco años o en períodos más cortos, cuando las variaciones de los valores inmobiliarios determinen dicha medida, a juicio del Poder Ejecutivo.

Si las operaciones de revalúo no pudiesen finiquitarse en el curso del año, las operaciones podrán prolongarse al año siguiente. En tales casos, la Oficina podrá percibir provisionalmente los tributes sobre la base anterior y contraliquidar la diferencia a cargo del contribuyente, si la hubiere, en el curso del año o durante el año siguiente.

Art. 92º.- Revalúos especiales.

Las avaluaciones vigentes serán modificadas por la Dirección, de oficio o a pedido de parte, siempre que se produzcan modificaciones catastrales por desmembración, división o reunión de parcelas, por accesión, aluvión, avulsión, demolición, construcción, ampliación de obras y reconstrucción de edificios u otras mejoras.

Las modificaciones de los avalúos, según el presente artículo, entrarán a regir a partir del año siguiente a aquel en que la propiedad ha sido transformada o modificada, pero si el revalúo se operó con retraso podrán contraliquidarse los impuestos percibidos indebidamente sobre la base anterior. La contraliquidación no podrá abarcar un período mayor de tres anualidades vencidas de los tributos.

Art. 93º.- Revalúo extraordinario de construcciones.

En períodos de oscilaciones y alzas del costo de la edificación, el Consejo de Tasaciones podrá:

a) Aplicar tablas de valores basadas en los costos corrientes o en una porción proporcional de los mismos, computando sobre dicha base la deducción de los coeficientes de amortización que correspondan a la antigüedad de los edificios; y

b) Revisar anualmente las avaluaciones de la edificación.

Art. 94º.- Rectificación del avalúo.

Las avaluaciones serán modificadas de oficio o a petición de parte cuando se compruebe errores en los cálculos de la ficha catastral, en la determinación de las medidas o en la aplicación de valores básicos y tablas de avaluaciones.

Cuando de la rectificación de avalúo resulte una diferencia de tributación a cargo del contribuyente, se percibirá dicha diferencia, hasta por un máximum de tres anualidades vencidas.

CAPÍTULO 2º: Régimen Administrativo

Sección A: Atribuciones del Poder Ejecutivo.

Art. 95º.- Facultades generales.

El Poder Ejecutivo proveerá el nombramiento o la remoción de las autoridades, funcionarios y empleados de la Dirección y del Consejo de Tasaciones, y dictará la reglamentación general de la ley.

Art. 96º.- Resoluciones del Ministerio de Hacienda.

Será materia de resoluciones del Ministerio de Hacienda:

a) Determinar los requisitos que deberán reunir los padrones inmobiliarios, certificados de no adeudar y demás constancias qué expida la Dirección;

b) Fijar los requisitos que deberán cumplir las solicitudes de franquicias impositivas;

c) Disponer el orden de prelación de los trabajos de catastro en los municipios del interior;

d) Autorizar prórrogas de los plazos legales para el ingreso de los tributos y de los términos para la presentación de las declaraciones juradas y el cumplimiento de las demás obligaciones formales a cargo de los contribuyentes y de terceros.

Art. 97º.- Decretos del P. E.

El Poder Ejecutivo dispondrá las siguientes medidas, por Decretos originados en el Ministerio de Hacienda:

a) La definición de las reglas técnicas para la formación del catastro y para las avaluaciones;

b) La revisión de las reglas sobre ajustes de cálculos y de avaluaciones que sirven de base a la tributación, y la modificación de las cantidades mínimas;

c) La modificación del régimen legal de la percepción de las tasas de limpieza pública, conservación del pavimento y de alumbrado público, para adaptarlas al presente Decreto-Ley.

d) La variación de la delimitación de zonas en la Capital, a los efectos de la liquidación del adicional a los baldíos y semibaldíos;

e) A los efectos de la aplicación del adicional a los baldíos y semibaldíos en los municipios del interior, la delimitación de las zonas afectadas en los mismos;

f) La delimitación de las zonas suburbanas de los municipios;

g) El cambio de destino, en la medida autorizada por el art. 118, de las recaudaciones de la contribución de vialidad;

h) La aprobación del arancel de derechos de catastro;

i) La reglamentación del régimen financiero del presente Decreto-Ley;

j) La suspensión, por tiempo limitado, de la aplicación de determinados preceptos legales. Dicha medida no podrá aplicarse de manera a agravar la situación impositiva de los contribuyentes ni las obligaciones o formalidades a cargo de los mismos;

k) La prórroga con o sin modificaciones de las disposiciones transitorias del Título V, por razones de mejor administración.

Art. 98º.- Consejo Nacional de Coordinación Económica.

Se dispondrán por Decretos del Poder Ejecutivo, originados en el Ministerio de Hacienda, previo acuerdo del Consejo Nacional de Coordinación Económica:

a) La determinación de los valores, de la tierra en todos los distritos rurales o circunscripciones menores, en los períodos de revaluación;

b) La fijación de montos imponibles, en los casos previstos en el art. 79;

c) A los efectos de la liquidación de la tasa de vialidad, la caracterización de los tipos de construcción de caminos mejorados y la determinación de los distritos afectados con el gravamen;

d) La equiparación de las colonias al régimen de tributación de los municipios no incorporados al régimen de catastro, cuando el progreso edilicio lo justifique;

e) La determinación de las zonas rurales en que se autorizará franquicia impositiva a las tierras dedicadas a silvicultura y reforestación y la fijación de la duración máxima del beneficio;

f) La aprobación de los requisitos para la concesión de franquicia impositiva a las viviendas económicas construidas en forma planificada;

g) La implantación de un régimen de desgravación en favor de la pequeña propiedad urbana habitada por su dueño, cuando la situación de las rentas fiscales lo permita.

Sección B: Consejo de Tasaciones

Art. 99º.- Carácter del organismo. La autoridad administrativa superior en la presente materia impositiva será ejercida por el Consejo de Tasaciones de la Dirección de Impuesto Inmobiliario, que sustituye al Jurado de Tasaciones creado por Decreto-Ley Nº 16.670/43.

Los miembros del Consejo ejercerán sus funciones con absoluta independencia y bajo su responsabilidad personal, y deberán inhibirse en asuntos en que tengan un interés personal, o relativos a personas con quienes se hallan comprendidos en las generales de la ley.

Las referencias de otras leyes al Jurado de Tasaciones se entenderán hechas al Consejo de Tasaciones regido por el presente Decreto-Ley.

Art. 100º.- Integración.

El Consejo estará integrado por el Director de Impuesto inmobiliario, los Directores del Departamento de Legislación y Estudios Financieros del Ministerio de Hacienda y del Registro General de la Propiedad, un delegado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, otro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y un tercero por la Municipalidad de la Capital, así como, por los contribuyentes.

La presidencia del cuerpo será ejercida por el Director de Impuesto Inmobiliario.

Los delegados oficiales serán designados a propuesta de las respectivas Instituciones. Los miembros que representan a los contribuyentes serán designados de una terna de propietarios rurales que elevará la Asociación Rural del Paraguay y de otra terna de propietarios de la Capital que presentará la Cámara y Bolsa de Comercio. Los consejeros contribuyentes, ejercerán las funciones durante dos años, al cabo de los cuales podrán volver a ser designados.

Los miembros natos del Consejo podrán ser sustituidos cuando el Poder Ejecutivo lo estime conveniente. En casos de ausencias temporales serán reemplazados por los funcionarios que ejerzan la función de aquéllos.

Art. 101º.- Funciones del Consejo. Las directivas y orientaciones en materia técnico-impositiva serán de competencia del Consejo, el que tendrá también la iniciativa para promover reformas legales o disposiciones reglamentarias, y recabará por lo menos una vez cada tres meses un informe de la Dirección sobre el desenvolvimiento general de la oficina.

Es de competencia del Consejo:

a) Asesorar al Gobierno Nacional y a sus reparticiones (sean o no autárquicas) en todas las cuestiones vinculadas a los valores inmobiliarios o a su fijación;

b) Proponer al Poder Ejecutivo las medidas generales a que se refieren los arts. 96 a 98;

c) Dictar los reglamentos internos de la Oficina, determinar los sistemas y procedimientos de contabilidad y contralor y aprobar la disposición y características de los formularios oficiales que serán usados por la Oficina y por los particulares;

d) Establecer los métodos y normas de tasación;

e) Sancionar y actualizar las tablas de valores del suelo y de las construcciones y mejoras, para los municipios incorporados al régimen de catastro;

f) Resolver las reclamaciones o recursos, interpuestos por los contribuyentes, en los casos de su jurisdicción;

g) Eximir, total o parcialmente, de las multas aplicadas por la Dirección, como instrumento de política tributaria;

h) Resolver los pedidos de devolución de sumas pagadas indebidamente;

i) Establecer las reglas y los métodos de organización en materia de estadística inmobiliaria;

j) Ejercer las funciones que otras leyes le confieren.

Art. 102º.- Disposiciones administrativas.

El Consejo tendrá su propia Secretaria, con el personal necesario 'para su desenvolvimiento.

Se reunirá una vez por semana o con mayor frecuencia cuando lo convoque a sesiones el presidente.

Podrá sesionar válidamente con la asistencia de cinco miembros y sus resoluciones serán adoptadas por simple mayoría. El presidente tendrá voto, el que será doble y decisivo en los casos de empate. Todas las resoluciones serán consignadas en un libro de sesiones rubricado por la Contraloría Financiera.

El presidente ejercerá la representación legal del cuerpo. La ley de presupuesto general de la Nación determinará las dietas a que tendrán derecho el Presidente y los miembros del Consejo.

Sección C: Dirección y Personal.

Art. 103º.- Director y Vice Director.

Las funciones del Director serán las de dirigir y organizar la Repartición, despachando los asuntos administrativos en general, de conformidad con las disposiciones del presente Decreto-Ley y los reglamentos.

Ejercerá la superintendencia sobre el personal de la Oficina, con facultad de comisionarlo y de disponer los traslados y rotaciones que exija el mejor servicio; y ejercerá todas las funciones inherentes a la Repartición que el presente Decreto-Ley no reserva expresamente al Consejo.

El Vice-Director reemplazará al Director en los casos de ausencia o por inhibición. Tendrá, además, las funciones propias que el reglamento de la Repartición lo señale.

Art. 104º.- Personal.

El personal de la Repartición estará a las inmediatas órdenes del Director, y su número y retribución se regirán anualmente por lo dispuesto en el Presupuesto General de Gastos de la Nación. Los nombramientos y ascensos serán proveídos por el Poder Ejecutivo, a propuesta de la Dirección y en base a exámenes de competencia.

Sección D: Disposiciones varias.

Art. 105º.- Privilegio del fisco.

Los créditos del fisco provenientes de la tributación a que se refiere el presente Decreto-Ley, y sus recargos y multas, gozarán de privilegio legal con arreglo a lo dispuesto por los arts. 3.879 del Código Civil y 1.472 del Código de Comercio.

Art. 106º.- Orden Judicial. Auxilio de la fuerza pública.

Siempre que los funcionarios debidamente autorizados a efectuar operaciones de catastro e inspección no pudiesen llenar su cometido con la amplitud necesaria, por resistencia o inconvenientes atribuibles a propietarios o locatarios, la Dirección podrá recabar una orden de allanamiento al Juez competente.

Art. 107º.- Prescripción.

Se prescriben:

a) A los diez años, la acción del fisco para el cobro de la tributación regida por el presente Decreto-Ley y para el cobro de recargos y multas; y

b) A los doce meses, el derecho de los particulares a reclamar sumas pagadas indebidamente o en exceso.

El término de prescripción según el inciso "a" comenzará a correr desde el vencimiento del plazo legal para el pago de cada anualidad de la tributación, desde la fecha de devengarse cada semestre de recargos y desde la fecha del acto u omisión que se sanciona con multa.

En el caso del inciso "b", el término se cuenta desde la fecha de efectuado el pago.

Art. 108º.- Interrupción de la prescripción.

En materia de créditos del fisco, los términos de prescripción se interrumpen:

a) Por la regularización de la deuda con arreglo al art. 58;

b) Por la publicación de los edictos administrativos a que se refiere el art. 68 inc. "d"; y

c) Por la iniciación de juicio ejecutivo.

En el caso del inc. "b" del artículo anterior, el término de prescripción se interrumpe en virtud del reclamo de devolución hecho administrativa o judicialmente. No se podrá invocar contra el Estado la suspensión del término de prescripción.

Art. 109º.- Tasaciones y Peritajes.

La Dirección podrá crear un servicio de informaciones, tasaciones y peritajes para ser utilizado por los particulares, percibiendo derechos de catastro.

La Repartición, con aprobación del Poder Ejecutivo, fijará el arancel que corresponda percibir por dichos servicios, y su producido ingresará a Rentas Generales.

Art. 110º.- Percepción de otros gravámenes.

La Dirección podrá hacerse cargo de la percepción de cualquier otro impuesto, contribución o tasa sobre bienes raíces, previo acuerdo con la Repartición interesada, con derecho a retener para Rentas Generales de la Nación hasta el 4 % de las sumas recaudadas.

Art. 111º.- Publicidad de la ley.

La Dirección dará la mayor difusión a la presente ley y estará facultada a disponer la impresión de su texto y la venta al público.

Facúltasele, además:

a) A compilar y publicar anualmente digestos que contengan el texto legal, los decretos pertinentes del Peder Ejecutivo, las resoluciones administrativas y la jurisprudencia del Tribunal de Cuentas;

b) En caso de modificaciones de la presente ley, a publicar su texto ordenado y actualizado, con facultad de introducir las variaciones en la numeración de los párrafos y los cambios meramente gramaticales, indispensables para la incorporación de las modificaciones parciales;

c) A vender al público, al precio de costo, los formularios oficiales que suministrará;

d) A publicar y expender índices analíticos y alfabéticos, correspondientes a los instrumentos legales.

Art. 112º.- Franquicia postal y telegráfica y exención de sellos.

Concédase a la Dirección amplia franquicia postal y telegráfica internas, para piezas simples o certificadas.

Los contribuyentes tendrán franquicia postal en sus comunicaciones, simples o certificadas, dirigidas a la Dirección, así como exención de los impuestos en papel sellado y estampillas para todas las comunicaciones y actuaciones administrativas indispensables para el cumplimiento del presente Decreto-Ley.

Art. 113º.- Días hábiles.

Para todos los términos en días a que se refiere este Decreto-Ley, sus reglamentos y las resoluciones que se dictaren, se computarán solamente los días hábiles.

CAPITULO 3º: RÉGIMEN FINANCIERO

Sección A: Distribución de las rentas

Art. 114º.- Rentas generales.

Corresponden a Rentas Generales de la Nación, las siguientes recaudaciones:

a) El impuesto inmobiliario correspondiente a las zonas rurales del país;

b) El adicional progresivo a los inmuebles rurales de gran extensión;

c) El 84% del impuesto inmobiliario sobre inmuebles situados en los municipios, y del impuesto adicional a los baldíos y semi-baldíos;

d) La contribución de vialidad, en la proporción no afectada a empréstitos para la construcción de caminos;

e) Los recargos, en la porción que corresponde al fisco:

f) Las multas que aplica la Dirección;

g) En concepto de costo de percepción, hasta el 4% de las recaudaciones de la tasa municipal de limpieza, de la de conservación del pavimento y de la de alumbrado público;

h) La diferencia de intereses resultante de la concesión de plazos de regularización;

i) Los ingresos por reembolsos de costos de percepción y por derechos arancelarios de catastro según los Art. 109 y 110.

Art. 115º.- Municipalidades.

Corresponde a las Municipalidades:

a) El 16% del impuesto inmobiliario sobre los inmuebles urbanos situados en los respectivos municipios;

b) El 16% del adicional progresivo a los baldíos y semi-baldíos, que se perciba en los mismos;

c) Las multas que apliquen las comunas en virtud del presente Decreto-Ley.

Corresponderá a la Municipalidad de la Capital, además, un mínimum de 96% del producido de la tasa municipal de limpieza y de la de conservación del pavimento.

A propuesta de la Dirección, el Ministerio de Hacienda podrá suspender los pagos que se liquidan en virtud de los incisos a y b, respecto de las Municipalidades que no cumplen las obligaciones que este Decreto-Ley les impone.

Si la suspensión durara más de tres meses, se transferirán con carácter definitivo a Rentas Generales las sumas acumuladas, y, en lo sucesivo, las participaciones futuras.

Se reanudará el pago de participaciones cuando conste que han desaparecido las causas que motivaron la suspensión.

Art. 116º.- Aumento de la participación de las comunas.

A la delimitación de las zonas suburbanas a que se refiere el Art. 13, el producido del impuesto inmobiliario correspondiente a las mismas será distribuido entre el Estado y los municipios, en la misma proporción que el impuesto inmobiliario sobre inmuebles urbanos.

Art. 117º.- ANDE.

Corresponderá a la Administración Nacional de Electricidad un mínimum de 96% del producido de la tasa de alumbrado público.

Art. 118º.- Afectación parcial de la contribución de vialidad.

Afectase el producido de la contribución de vialidad en los distritos que a continuación se enumeran, al servicio de amortización e intereses de los siguientes empréstitos para caminos:

a) Del Export-lmport Bank de Washington:

1. Ruta I: Carapeguá, Quiindy, Caapucú, Villa Florida, San Miguel, San Juan Bautista y San Ignacio;

2. Ruta II: San Lorenzo, Capiatá, Itauguá, Ypacaraí, Caacupé, Eusebio Ayala, Itacurubí de la Cordillera, San José y Coronel Oviedo;

3. Ramales de la Ruta I: Piribebuy y Escobar;

4. Ramales de la Ruta II: Isla Pucú, Caraguatay, Mbocayaty, Villarrica y Yataity;

b) Del Banco del Brasil S.A., de Río de Janeiro:

1. Ramales de la Ruta I: Villeta y Acahay;

2. Ramales de la Ruta II: Areguá, Santa Elena y Colonia Independencia;

3. Ruta IV: San Juan Bautista de Ñeembucú;

4. Otros caminos: Villa de San Pedro y Antequera.

El Poder Ejecutivo dejará sin efecto las precedentes afectaciones cuando hayan quedado cubiertos los respectivos servicios de amortización, y afectará el producido de las tasas a obligaciones financieras vinculadas a nuevas obras camineras.

Art. 119º.- Cuentas especiales.

Las recaudaciones percibidas en virtud del Art. 111 se depositarán en el Banco Central del Paraguay en una cuenta especial, exclusivamente para la atención de lo dispuesto en el expresado artículo.

Los reembolsos de gastos causídicos y publicaciones de edictos se ingresarán también en cuenta especial, exclusivamente para atender los gastos de justicia de los juicios de apremio que se ordenasen.

La disposición de las expresadas cuentas especiales corresponde al Director de Impuesto Inmobiliario, con intervención de la Inspección de Hacienda.

Los saldos de las referidas cuentas especiales podrán ser transferidas de un ejercicio financiero al siguiente.

En lo sucesivo, a la expiración de los ejercicios financieros siguientes se transferirá a Rentas Generales de la Nación todo excedente que hubiere entre el nuevo saldo y el saldo inicial.

El Presupuesto General de Gastos de la Nación asignará, además, los fondos necesarios para las erogaciones a que se refiere el presente artículo.

Art. 120º.- Cuentas bancarias. Reglamentación del régimen financiero.

Para facilidad de los contribuyentes, la Dirección habilitará cuentas de percepción en todos los Bancos del país. Los saldos serán transferidos Periódicamente al Banco Central del Paraguay.

El Poder Ejecutivo reglamentará el procedimiento a aplicarse para el cumplimiento de las disposiciones de la presente Sección.

Art. 121º.- Colaboración de las comunas en el catastro de municipios.

La Dirección podrá celebrar convenios con las Municipalidades de ciudades o pueblos no incorporados al régimen de catastro a fin de acelerar los trabajos de catastro en tales municipios, sobre la base de las siguientes condiciones:

a) Los trabajos sobre el terreno serán ejecutados y financiados por la comuna;

b) La Dirección proveerá los instrumentos de precisión y especializados y los formularios, y destacará un supervisor de los trabajos;

c) Todos los antecedentes serán remitidos a la Dirección para completarse los trabajos de gabinete. La Dirección podrá aprobar o rechazar los trabajos realizados sobre el terreno;

d) En los primeros diez años de concluido el catastro, el municipio tendrá una participación especial del 50 % en la incrementación de las recaudaciones con respecto al último año en que se percibió la tributación sobre una base no catastral.

Sección B: Regularización de deudas.

Art. 122º.- Documentación de la deuda.

En los casos de concederse plazos de regularización de acuerdo con el art. 58, la deuda será fraccionada hasta en doce letras trimestrales, agregándose el importe de los intereses correspondientes al plazo, computados al 9% anual, sin capitalización.

Suscribirán las letras los propietarios, y en caso de inmuebles en condominio, uno o más de los condóminos cuya porción indivisa represente, por lo menos, un total de 25% del inmueble.

La identidad de los firmantes y su carácter de propietarios o condóminos serán atestados por el escribano público que propondrá el contribuyente, el cual suscribirá el "ante mí" al dorso de los documentos. No se requerirá certificado de no gravamen.

Art. 123º.- Inscripción y descuenta.

La Dirección del Registro General de la Propiedad inscribirá las letras en el Registro de Hipotecas con carácter de gravamen sobre el inmueble de que se trata, con el privilegio a que se refiere el art. 105.

La Dirección de Impuesto Inmobiliario ingresará en el día las letras inscriptas al Banco Central del Paraguay, el que formalizará el descuento y acreditará el líquido producto con arreglo a las disposiciones vigentes según la Sección anterior.

Art. 124º.- Mora, pago y cancelación de la inscripción.

En caso de mora de los deudores, el Banco Central del Paraguay quedará encargado de la gestión judicial y aplicará intereses punitorios, a razón del 15% anual, sin perjuicio de pasar aviso a la Dirección al efecto de hacerse efectivas las medidas que correspondan.

A los efectos de la extinción de las inscripciones del gravamen, a medida de ser pagadas las letras descontadas, el Banco Central del Paraguay pasará trimestralmente la comunicación pertinente al Registro General de la Propiedad.

Sección C: Devolución de sumas pagadas.

Art. 125º.- Pedido de devolución.

Siempre que la Dirección hubiese percibido respecto de determinado inmueble una tributación indebida o una suma mayor que la que corresponde, se podrá reclamar la devolución de lo pagado o del exceso, haya o no mediado protesta en oportunidad del pago.

No son susceptibles de reclamación:

a) Los pagos bien liquidados respecto del inmueble pero percibidos de un tercero que resulta no ser el propietario del inmueble que tributa.

b) Cuando el exceso percibido se ha originado en la falta de declaración o declaración inexacta del propietario en oportunidad del catastro; y

c) Cuando la reclamación se funda en que el pago efectuado corresponde a tributos prescriptos.

Art. 126º.- Trámite y resolución.

La solicitud de devolución será resuelta por el Consejo de Tasaciones y, en caso justificado, se ordenará la devolución de las sumas que resulten, sin intereses.

Art. 127º.- Restitución.

Para hacer frente a los pedidos de devolución debidamente justificados, el Banco Central del Paraguay retendrá de las recaudaciones las cantidades necesarias para mantener un fondo fijo de Gs. 10.000, a disposición de la Dirección.

Las disposiciones contra dicho fondo serán giradas por el Director de Impuesto Inmobiliario, con la intervención de la Inspección de Hacienda.

TÍTULO V: DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGACIÓN DE LEYES ANTERIORES

Capítulo Único

Art. 128º.- Tasas municipales y de alumbrado público.

Los tributos a que se refiere el art. 41 del presente Decreto-Ley se seguirán percibiendo durante el año 1953 por la Municipalidad de la Capital y por la Administración Nacional de Electricidad.

Art. 129º.- Régimen de percepción en 1953.

La tributación correspondiente al año 1953 será percibida con arreglo a los plazos especiales prorrogados que fijará el Ministerio de Hacienda.

Los expresados plazos especiales prorrogados regirán también para la determinación de los recargos legales según el art. 56.

Las transferencias de dominio de inmuebles y demás actos jurídicos que requieren la comprobación del pago de la tributación podrán realizarse durante el año 1953 mediante la comprobación del pago correspondiente al año 1952, sin perjuicio de las obligaciones del contribuyente, o del comprador, en su caso de ingresar en su oportunidad la tributación correspondiente al año 1953.

Art. 130º.- Limitación temporal del impuesto inmobiliario.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 7º, durante el año 1953 regirán para los inmuebles urbanos, suburbanos y rurales del interior del país, los montos imponibles que resulten de los siguientes porcentajes de reducción:

a) Del 20% sobre el valor oficial, para los inmuebles urbanos de los municipios del interior;

b) Del 40% sobre el valor oficial, para los inmuebles suburbanos y rurales de la Región Oriental;

c) Del 50% sobre el valor oficial, para los inmuebles rurales de la Región Occidental.

El Poder Ejecutivo, a dictamen del Consejo de Tasaciones, podrá establecer también porcentajes de reducción sobre los inmuebles de la Capital, no situados en la zona comercial céntrica que determinará, hasta el 20% de la avaluación oficial.

Art. 131º.- Limitación temporal de otros gravámenes.

Facultase al Poder Ejecutivo a disponer durante el año 1953 una reducción temporal en los adicionales del impuesto inmobiliario, en la contribución de vialidad y en el impuesto edilicio Municipal. La reducción no podrá exceder del 50%.

Art. 132º.- Plazos de regularización.

En el caso de inmuebles afectados con un aumento, muy pronunciado de tributación, la Dirección podrá conceder, excepcionalmente y durante los dos primeros años de vigencia del presente Decreto-Ley, los plazos de regularización del art. 58 para la tributación corriente, hasta un plazo máximo de seis trimestres, en cada caso.

Art. 133º.- Recargos. Opción fiscal.

En el caso de inmuebles con atrasos de tributación en que se hubiese llegado al máximum de los recargos según el art. 56 del Decreto-Ley Nº 20.635/47, los recargos semestrales se seguirán acumulando a partir del 19 de enero de 1953 en la forma depuesta por el art. 56 del presente Decreto-Ley, y hasta el máximum señalado en el mismo, computándose para el efecto, también los recargos devengados antes de la vigencia del presente instrumento legal.

Durante los dos primeros años de la vigencia de la presente Ley no se aplicará la opción fiscal a que se refiere el segundo apartado del art. 57.

Art. 134º.- Franquicias.

Las franquicias impositivas de carácter permanente, legisladas en los arts. 14, 15 y 16 serán hechas efectivas por la Dirección respecto del tiempo anterior a la vigencia de este Decreto-Ley.

Art. 135º.- Boletas de liquidación.

Durante el primer año de la vigencia de la presente ley la Dirección podrá prescindir del envío de las boletas de liquidación a que se refiere el art. 36.

Art. 136º.- Formularios. Declaración jurada.

Durante el año 1953 la Dirección podrá distribuir gratuitamente a los contribuyentes los formularios a los que se refieren los arts. 26 y 111 inc. c.

La declaración jurada a que se refiere el art. 55 será presentada por primera vez por todos los contribuyentes afectados al pago del adicional, antes del 30 de junio de 1953.

Art. 137º.- Época del revalúo general.

La primera revaluación general de inmuebles, de conformidad con las disposiciones del presente Decreto-Ley, se llevará a efecto en 1953.

Art. 138º.- Erogación autorizada.

Facúltase a la Dirección del Tesoro a invertir la suma de Gs. 300.000 (Trescientos mil guaraníes) que será retenida de las recaudaciones de impuesto inmobiliario y destinado a las erogaciones necesarias para adecuar los procedimientos administrativos de la Dirección de Impuesto inmobiliario a las necesidades del presente Decreto-Ley y, en particular, para las siguientes finalidades:

a) La publicación, en folletos, del presente Decreto Ley y de las disposiciones reglamentarias;

b) La impresión de los formularios que serán usados por la Repartición y por el público;

c) La publicación de anuncios especiales en la prensa, sobre cuestiones relativas al nuevo régimen impositivo;

d) La importación de fichas metálicas, para la sustitución de los ficheros actuales;

e) La adquisición de máquinas y equipos de oficinas;

f) Las refecciones necesarias en el local para mejor aprovechamiento de los espacios disponibles;

g) Los pagos extraordinarios al personal y personal supernumerario por las labores de revalúo general de la propiedad raíz y otros trabajos para la mejor aplicación del presente instrumento legal;

h) La creación y organización de un Departamento de Apremios de tributos en atrasos;

i) La creación de la Sección y ventanilla de informes al público;

j) La prosecución de operaciones de catastro; y

k) Para costear todos los gastos indispensables relacionados con la aplicación del presente Decreto-Ley, en el interín se produzcan las correspondientes asignaciones en el Presupuesto 1953/54.

Impútese la presente erogación a este Decreto-Ley.

Art. 139º.- Normas transitorias.

Hasta tanto el Poder Ejecutivo dicte las disposiciones pertinentes, regirán las siguientes normas:

a) El Consejo de Tasaciones funcionará sobre la base de la integración actual del Jurado de Tasaciones;

b) Para la percepción de la contribución de vialidad seguirá rigiendo la caracterización actual de los tipos de construcciones de caminos mejorados y la determinación vigente de los distritos afectados con el gravamen del impuesto vial.

Art. 140º.- Convenios de percepción.

La Dirección podrá mantener los convenios de percepción actualmente existentes con instituciones oficiales y celebrar convenios similares, afectándose al cosco de la percepción hasta un máximum de 5% de las sumas a recaudarse por dicho medio.

Art. 141º.- Suspensión de los términos de prescripción.—Durante los tres primeros años de la vigencia del presente Decreto-Ley suspéndense los términos de prescripción a que se refiere el inciso "a" del art. 107.

Art. 142°.- Entrada en vigencia.

El presente Decreto-Ley entrará en vigencia el 1º de enero de 1953.

Art. 143º.- Derogación de leyes anteriores.

A partir del 1º de enero de 1953 quedarán derogados:

a) El Decreto-Ley Nº 20.635 del 27 de junio de 1947, así como las disposiciones legales y reglamentarias dictadas con relación al mismo;

b) El Decreto Ley Nº 11.509 del 31 de diciembre de 1945 de Impuesto Vial y el decreto reglamentario Nº 12.459 del 7 de marzo de 1946;

Art. 144º.- Dése cuenta oportunamente a la Honorable Cámara de Representantes.

Art. 145º.- Comuníquese, publíquese y dése al Registro Oficial.

Firmado: CHAVES

Firmado: Guillermo Enciso
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Buscas algo?

Escribe la frase o numero de documento que haga referencia a lo que estas buscando

Búsqueda por Filtro Cronologico

Selecciona el tipo y año de la disposición que estas buscando...

Clientes de Alianza Consultores

Clientes de Alianza Consultores

Cotizaciones de Monedas

Moneda Compra Venta
 DÓLAR 4.230 4.310
 PESO AR 350 400
 REAL 1.800 1.890
 PESO UY 160 250
 EURO 5.800 6.100

 

ALIANZA CONSULTORES TRIBUTARIOS
Tel: +59521 2381490 - Fax: +59521 208778 - info@leyes.com.py
Herminio Giménez (ex Fulgencio R. Moreno) N° 2088 esq. Mayor Bullo (Ver mapa)

Todos los derechos Reservados - Exclusión de responsabilidad